El Gobierno avanzó con una nueva medida de desregulación que impacta de lleno en la industria vitivinícola. A través de un mensaje difundido en redes sociales, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, celebró la eliminación de un esquema que, según definió, implicaba que el Estado recaudara recursos “para privados” y no para financiar el gasto público.
La decisión se formalizó mediante una resolución de la Secretaría de Agricultura, encabezada por Sergio Iraeta, que da por concluido el financiamiento obligatorio previsto en la Ley 25.849 para la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar). En la práctica, se trata del fin de una contribución que durante más de dos décadas fue abonada por bodegas y productores de todo el país.
Un esquema bajo la lupa
El sistema, vigente desde 2004, establecía aportes obligatorios en distintas etapas de la producción: por litro elaborado, embotellado y comercializado, además de contribuciones por la materia prima ingresada a los establecimientos. Sin embargo, esos fondos no se dirigían al Estado, sino que financiaban a la Coviar, una entidad de conducción privada encargada de ejecutar el Plan Estratégico Vitivinícola.
El programa, conocido como PEVI 2020, tenía como objetivo posicionar a la Argentina entre los principales actores globales del sector, con metas ambiciosas en exportaciones y participación de mercado. Pero, según el diagnóstico oficial, esos objetivos no se cumplieron: las exportaciones nunca alcanzaron los niveles proyectados y la inserción internacional del vino argentino quedó lejos de las metas trazadas.
En ese contexto, Sturzenegger sostuvo que el esquema terminó afectando la competitividad del sector en lugar de potenciarla, al tiempo que cuestionó la continuidad del cobro incluso después de vencido el plazo original del plan.
El argumento oficial: fin de un “privilegio”
El mensaje del funcionario se inscribe en la narrativa central del Gobierno de Javier Milei: la eliminación de lo que considera “privilegios” otorgados por el Estado. En este caso, el foco está puesto en el carácter obligatorio del financiamiento a una entidad privada.
Desde la visión oficial, la medida restituye el principio de libertad de asociación: las bodegas podrán elegir si aportan o no a organizaciones del sector, sin imposiciones legales ni sanciones en caso de no hacerlo.
"Esta medida no implica la disolución ni liquidación de la Coviar, que mantiene su personería jurídica y puede seguir existiendo en los términos en que la Ley 25.849 la creó. Lo que termina es el financiamiento coactivo. Si la Coviar quiere continuar operando, deberá hacerlo con aportes voluntarios de sus miembros, como cualquier otra cámara empresaria del país", aclaró Sturzenegger.
Impacto y señal política
La decisión se suma a otras iniciativas orientadas a reducir regulaciones en la actividad vitivinícola, en línea con una estrategia más amplia de reforma del Estado. El Gobierno busca enviar una señal clara a los sectores productivos: menos intervención y mayor margen de acción para el sector privado.
"Esta medida, junto con la Resolución 37/25 de INV, continua una profunda transformación de la industria vitivinícola argentina. Sacamos al Estado de adentro de la bodega, sacamos los controles redundantes sobre el proceso productivo, y ahora también sacamos la contribución obligatoria que afectaba la competitividad del sector. La Argentina es el quinto productor mundial de vino, con 1.000 millones de litros al año. La industria vitivinícola sabe lo que tiene que hacer, lo único que necesitaba es que la dejen trabajar y que la (nos) dejen de expoliar", cerró el funcionario.
