El Gobierno nacional lanzó este jueves en San Juan la Mesa Federal Minera, un nuevo espacio de articulación público-privada orientado a coordinar esfuerzos entre el Estado nacional, las provincias y el sector privado para promover inversiones en la industria minera, con foco en recursos estratégicos como el cobre y el litio. El acto fue encabezado por Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, y contó con la participación de seis gobernadores, funcionarios nacionales, legisladores, representantes empresariales y dirigentes sindicales.
Entre los mandatarios provinciales presentes estuvieron Raúl Jalil (Catamarca), Martín Llaryora (Córdoba), Carlos Sadir (Jujuy), Alfredo Cornejo (Mendoza), Marcelo Orrego (San Juan) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe). Por el lado del Ejecutivo nacional participaron, entre otros, el ministro del Interior, Diego Santilli; el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques; el secretario de Minería, Luis Lucero; y el presidente del Consejo Federal de Inversiones, Ignacio Lamothe. También estuvieron presentes el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, legisladores nacionales de distintas provincias y representantes del sector judicial.
La elección de San Juan como sede del lanzamiento no fue casual: la provincia cuyana es uno de los principales polos mineros del país y alberga proyectos de relevancia internacional, como Veladero y el postergado Pascua-Lama, en la frontera con Chile. La presencia de representantes de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA), con su secretario general Héctor Laplace, y de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), representada por su secretario general Gerardo Martínez, amplió el alcance del encuentro más allá del vínculo Estado-empresa e incorporó formalmente a los sindicatos como parte del esquema de gobernanza sectorial.
Durante el encuentro, los participantes subrayaron la necesidad de fortalecer el marco jurídico e institucional que permita acelerar el desarrollo del sector. En ese sentido, destacaron dos instrumentos centrales de la política oficial: el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y las modificaciones introducidas en la Ley de Glaciares.
La brecha con Chile y el diagnóstico de Karina Milei
En su discurso de apertura, la secretaria general de la Presidencia trazó un diagnóstico crítico sobre el desempeño histórico de la Argentina en el sector. "Argentina siempre tuvo un enorme potencial en minería. Sin embargo, por impericia o por cuestiones ideológicas de gobiernos pasados, nunca supo aprovecharlo", afirmó. Para ilustrar la magnitud del rezago, recurrió a la comparación con el principal productor minero de la región: "Chile, que tiene la misma cordillera y los mismos recursos que nosotros, exportaba en 2023 más de 50.000 millones de dólares. Argentina, en comparación, exportaba apenas 4.000 millones, es decir, 12 veces menos".
La brecha con el vecino trasandino funciona como uno de los argumentos centrales del Gobierno para justificar la urgencia de las medidas de desregulación y estímulo a la inversión privada que viene impulsando desde 2024. En ese marco, el ministro Santilli sostuvo que "el Gobierno de Milei sentó las bases para que la minería se transforme en una política de Estado" y planteó que la Argentina debe dar "el salto de ser un país con minería a consolidarse como un país minero", una distinción que el funcionario utilizó para marcar la diferencia entre una actividad marginal y un sector estructurante de la economía.
El gobernador sanjuanino Orrego, anfitrión del encuentro, destacó el trabajo conjunto entre la Nación y las provincias durante los últimos dos años. "Hemos recorrido dos años largos de arduo trabajo para poner a la minería como uno de los motores del país", señaló, y añadió que tanto el Gobierno nacional como los provinciales "han venido haciendo su trabajo para recuperar seguridad jurídica". Con ese piso construido, Orrego fue directo con su mensaje al sector privado: "Necesitamos ahora que las empresas empiecen a concretar sus proyectos para que se traduzca en trabajo genuino".
El RIGI y los números que respaldan las expectativas
Los datos presentados durante el encuentro dan cuenta del impulso que el Gobierno atribuye al nuevo esquema de incentivos. Actualmente, el RIGI concentra proyectos mineros por un total de u$s 42.000 millones, de los cuales seis ya fueron aprobados, representando inversiones comprometidas por más de US$ 7.188 millones. Las proyecciones oficiales son más ambiciosas aún: se estima que, en el marco de los cambios normativos en torno a la Ley de Glaciares, las exportaciones mineras podrían alcanzar los US$ 20.000 millones hacia 2035, una cifra que quintuplicaría los valores actuales.
El presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), Roberto Cacciola, también titular de Minera Santa Cruz S.A., ofreció desde el sector privado una lectura convergente con la del oficialismo. Para Cacciola, la Argentina logró en los últimos años "tres hitos que posibilitaron que la minería se encuentre en un momento bisagra para su desarrollo: ordenamiento macroeconómico, la puesta en marcha del RIGI y la modificación de la ley de Glaciares". Y proyectó el horizonte que esos cambios abren: "Esto generó un escenario ideal para la llegada de inversiones y nuevos proyectos. Ahora es tiempo de la gente y del empleo".
