La provincia de Neuquén impulsa la creación de su primer régimen de regalías mineras, un ingreso que hasta la fecha no percibe a pesar del auge de la actividad extractiva vinculada a Vaca Muerta.
El eje central de esta normativa es la clasificación de las arenas silíceas como minerales de primera categoría.
Esta definición técnica, fundamentada en su contenido de cuarzo y feldespato, otorga al Estado provincial la propiedad originaria del recurso. Este enfoque se diferencia de otras jurisdicciones donde las arenas se administran como canteras de tercera categoría bajo la propiedad del dueño del suelo, lo que ha permitido que empresas operadoras aseguren el autoabastecimiento sin pago de regalías.
Actualmente, según un relevamiento del medio especializado EN/CLAVE (EconoJournal), se estima que en Neuquén se extraen unas 50.000 toneladas mensuales de arena local sin tributar este concepto.
Régimen de regalías e incentivos al procesamiento local
La propuesta legislativa establece una estructura de alícuotas basada en el agregado de valor dentro del territorio provincial, buscando que la renta minera no se limite a la mera extracción.
El esquema propuesto se divide en dos niveles aplicados sobre el valor boca mina de la totalidad de los minerales extraídos: una regalía del 2% cuando los productos sean sometidos a procesos industriales o de elaboración dentro del Neuquén, y una alícuota del 3% cuando el procesamiento o destino final se sitúe fuera de sus límites.
El valor boca mina se determina restando al valor obtenido en la primera etapa de comercialización los costos operativos directos necesarios para transportar el mineral desde el yacimiento hasta ese punto.
Las empresas deberán presentar declaraciones juradas trimestrales detallando el volumen extraído para formalizar el control.
El dilema técnico: calidad "premium" vs. arenas de cercanía
Existe una controversia técnica persistente en la industria respecto a la aptitud de las arenas.
Las operadoras priorizan históricamente las arenas provenientes de Entre Ríos (Ibicuy y Diamante), consideradas de estándar "premium" debido a su alta pureza mineralógica (95% a 98% de cuarzo) y superiores propiedades de esfericidad, redondez y resistencia a la compresión.
Estas características son críticas para evitar caídas de hasta el 20% en la productividad de los pozos a largo plazo, ya que granos de menor calidad tienden a fracturarse bajo la presión del reservorio, generando finos que reducen la conductividad.
En contraste, las arenas de cercanía de la región patagónica (Neuquén, Chubut y Río Negro) suelen presentar un contenido de cuarzo cercano al 70% y mayores niveles de impurezas y arcilla, lo que demanda procesos adicionales de lavado y tratamiento que pueden encarecer su uso y reducir su rendimiento.
No obstante, el factor costo es determinante: la arena de cercanía puede costar entre 30 y 100 dólares por tonelada en boca de pozo, frente a los 140 dólares del insumo entrerriano o importado.
Esta diferencia impulsa tendencias como el uso de "blends" (mezclas de arena local y premium) para equilibrar la rentabilidad con la integridad del pozo.
Desafíos logísticos y tendencias operativas
La logística representa el principal cuello de botella para el desarrollo del shale.
Actualmente, entre el 70% y 80% de la arena utilizada recorre más de 1.200 kilómetros desde Entre Ríos, lo que implica el tránsito de entre 1.500 y 2.000 camiones diarios hacia la cuenca neuquina.
Este sistema genera costos de transporte estimados en 185 dólares por tonelada y una saturación crítica de la infraestructura vial.
Para mitigar este impacto, la industria evalúa alternativas de transporte multimodal, incluyendo la reactivación del tren a Vaca Muerta y rutas marítimas desde puertos entrerrianos hacia Bahía Blanca o San Antonio Este.
Asimismo, una tendencia operativa emergente es el uso de arena húmeda (sand wet), que elimina la etapa de secado en hornos, permitiendo un uso más directo y reduciendo significativamente los costos de procesamiento.
Mecanismos de fiscalización y debate parlamentario
Para supervisar la actividad, la ley proyecta la creación de la Tasa de Fiscalización Minera y el Fondo de Desarrollo y Sustentabilidad Ambiental (FODEMSA).
El FODEMSA se nutrirá de la recaudación por sanciones y tasas para financiar infraestructura socioambiental, programas de monitoreo y el fortalecimiento de la autoridad minera.
En el ámbito parlamentario, el oficialismo defiende el proyecto como una herramienta para otorgar "previsibilidad" ante un consumo de arena que pasará de los 7 millones de toneladas actuales a los 9 millones en 2028.
Sin embargo, sectores de la oposición han cuestionado si la alícuota del 2% por procesamiento local actúa como un incentivo excesivo para las petroleras o si el tratamiento legislativo ha sido demasiado acelerado, solicitando mayor claridad en la administración de los fondos ambientales y la metodología de cálculo de las tasas.
El debate continuará tras el receso invernal con la meta de sancionar la ley antes de finalizar el año legislativo.
