El 8 de julio de 2025, el Gobierno argentino, a través del Decreto Delegado 462/2025, aprobó una reforma estructural significativa en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), uno de los organismos más emblemáticos del país en el ámbito agropecuario. El decreto, firmado por el presidente Javier Milei y otros altos funcionarios como el ministro de Economía, Luis Caputo, y el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, busca transformar al INTA en un organismo desconcentrado dentro de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.
El INTA había experimentado en los últimos años un crecimiento desmesurado y una estructura burocrática que, según el Gobierno, ya no respondía a su misión original. En abril de 2025, el organismo contaba con 6.059 empleados, el doble que hace unos años, y una abultada cantidad de recursos, como 2.403 vehículos y 1.611 celulares. Su presupuesto anual ascendía a 224.000 millones de pesos, mientras que los recursos asignados llegaban a 411.000 millones, lo que representaba el 47,5% de lo recaudado por las retenciones al maíz, por ejemplo.
A pesar de estas cifras, el INTA no había logrado mantener su enfoque estratégico en la investigación y el desarrollo agropecuario. Los informes de la Secretaría de Gestión y Control de la Nación (SIGEN) señalaron deficiencias en su gestión, incluyendo bienes no inventariados, compras sin documentación y una estructura con serias irregularidades. A esto se sumaba el hecho de que, de las más de 110.000 hectáreas bajo su administración, solo 45.000 eran utilizadas para fines comerciales o productivos.
La reforma: nueva estructura y objetivos
Con el objetivo de corregir estos desvíos, el Decreto 462/2025 estableció una nueva estructura para el INTA, centralizando el poder en una presidencia única. El presidente será designado por el Poder Ejecutivo y contará con un Consejo Técnico ad honorem, compuesto por siete miembros, de los cuales cuatro serán propuestos por las entidades agropecuarias. El presidente del INTA tendrá el voto decisivo en caso de empate dentro del consejo, lo que le otorga una mayor capacidad de decisión.
Los miembros del Consejo Técnico deberán contar con experiencia y conocimientos en el sector agropecuario, y al menos cuatro de ellos deberán tener título universitario. Su mandato será de cuatro años, con posibilidad de reelección, y se renovará por mitades cada bienio. Además, la nueva estructura elimina la condición de autarquía del INTA, lo que le permitirá al Gobierno tener mayor control sobre su funcionamiento y recursos.
La reforma también incluye una revisión de los bienes del organismo, como vehículos e inmuebles, que en caso de no ser necesarios serán transferidos a la Administración de Bienes del Estado (AABE) para su reasignación o disposición. Asimismo, el INTA mantendrá su nombre y conservará sus funciones fundamentales de investigación y extensión agropecuaria en todo el país, pero con un enfoque renovado, orientado a la innovación tecnológica al servicio del sector agroindustrial.
Impacto, debate y preocupación en el INTA
La reforma del INTA generó un intenso debate, especialmente entre los productores y dirigentes ruralistas. Si bien muchos reconocen la necesidad de una reestructuración que elimine la burocracia y mejore la eficiencia operativa, algunos sectores internos del organismo expresaron su preocupación. Un trabajador del INTA compartió su visión sobre los posibles efectos de la reforma: "Lo que avizoro es una parálisis institucional. Este cambio tan grande, si no se instrumenta de manera adecuada, podría generar una gran incertidumbre en los procesos administrativos y de gestión", afirmó.
Desde su perspectiva, la centralización en una presidencia única puede tener consecuencias negativas en términos de gobernanza. "Lo que percibo es que estamos perdiendo una gobernanza colegiada. Ahora, la toma de decisiones depende de una sola persona, el presidente designado por el Ejecutivo, y eso podría limitar la representatividad del sector agropecuario", señaló. Además, la fuente destacó que el nuevo modelo de Consejo Técnico, siendo ad honorem y consultivo, no resolvería los problemas de fondo, ya que las decisiones seguirían estando en manos de una única figura. "Nosotros, como organismo, trabajamos con tiempos y necesidades distintas a las de otras dependencias administrativas. Creo que este modelo va a afectar nuestras capacidades operativas y nuestras líneas de investigación", agregó.
En relación con las implicancias para el personal, el empleado expresó su temor de que la reforma se traduzca en despidos masivos y reducción de funciones. "Con esta dirección nueva y casi unipersonal, se van a avanzar en la propuesta de un mayor achique, despidos de compañeros, el cierre de centros regionales, de agencias de extensión y, obviamente, la definición de las líneas de investigación. A muchos de nosotros nos genera angustia la incertidumbre, o la certidumbre de lo que se va a concretar", explicó.
Por otro lado, el Gobierno destacó que, en los últimos años, el INTA se había alejado de su misión original, utilizándose en ocasiones con fines políticos y con un enfoque poco alineado con las necesidades del sector agropecuario. El ministro de Economía, Luis Caputo, y el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, insistieron en que la reforma busca devolver al INTA su función primordial de impulsar la investigación y el desarrollo tecnológico en el sector agropecuario. En ese sentido, el presidente del instituto, Nicolás Bronzovich, continuará liderando el organismo con la nueva estructura, y se espera que el consejo técnico aporte un enfoque más orientado a las necesidades reales del sector.
En cuanto a la discusión sobre la posible fusión del INTA con el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), finalmente el Gobierno descartó esta opción, lo que tranquilizó a algunos sectores del agro. Sin embargo, aún queda por ver cómo se implementarán los cambios a nivel operativo y si el nuevo modelo alcanzará los objetivos de mayor transparencia y eficiencia.
