La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) será reorganizada y pasará a denominarse Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos del Transporte, que se encargará de fiscalizar las concesiones viales. La CNRT había quedado "prácticamente sin competencias con la desregulación del transporte interjurisdiccional de pasajeros", según explicó el Gobierno.
Además, el Gobierno abrirá una licitación para 9.120 kilómetros de rutas que, según Adorni, "tras décadas de despilfarro y corrupción, se vieron degradadas como nunca antes". La Gendarmería Nacional asumirá las funciones de control de tránsito en rutas nacionales, reemplazando a la Agencia Nacional de Seguridad Vial que "no podía controlar el tránsito sin el apoyo de Fuerzas de Seguridad". La fuerza federal ya controla 2.500.000 vehículos por año y realiza 80.000 puntos de control.
Ahorro fiscal y reorganización del Estado
El paquete de reformas implementado a través de 65 decretos delegados durante el último año generó un ahorro estimado de 2.000 millones de dólares anuales en gastos del Estado, según informó el vocero presidencial. "Por primera vez, las facultades delegadas se utilizaron para aliviar la carga fiscal sobre los bolsillos de los argentinos", destacó Adorni.
Sturzenegger subrayó que el gobierno de Milei fue "uno de los pocos, desde la vuelta de la democracia, que no solicitó o decretó una prórroga sobre las facultades delegadas". En contraste con el kirchnerismo, que las prorrogó durante más de una década, explicó que "fueron planteadas por el presidente Milei con una intención y una modalidad totalmente diferente".
"Fue por un año, porque el presidente Milei no quiere gobernar con facultades delegadas, pero sí quería tener un plazo de tiempo en el cual impulsar y acelerar su programa de reformas económicas", añadió el ministro. "Para el kirchnerismo, extender las facultades delegadas era un mero trámite; sin embargo, hoy se horrorizan frente a un gobierno que las necesita para reparar el daño que ellos mismos causaron", agregó Adorni.
El alcance de las reformas fue mucho más amplio que lo inicialmente anunciado. Se disolvieron organismos emblemáticos como el INADI (Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo), descrito por Adorni como "el ejemplo paradigmático de uso del Estado para la persecución y el adoctrinamiento político", que contaba con 430 empleados y millones de pesos en alquileres de edificios.
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Federico Sturzenegger reveló que el feriado por el Día del Empleado Público generaba un costo de 11.000 millones de pesos.
También se cerró el Instituto Nacional de Semillas, que según el Gobierno significará "ahorros de unos 1.000 millones de pesos anuales", y el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, donde el 85% de los recursos se destinaba a sueldos para 1.000 personas en total.
Un caso particular es el de la Comisión Nacional de Coordinación del Programa de Promoción del Microcrédito para el Desarrollo de la Economía Social, que "generaba más gastos administrativos que la cartera de crédito que administraba". Al momento de su cierre, la cartera valía apenas el 0,15% de lo que se había invertido en el programa, mientras que "el resto de los fondos desaparecieron".
Se eliminaron también organismos como la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal, que "tenía más secretarios de Estado que la Secretaría de Transporte" y duplicaba funciones del ANMAT, y el Instituto Nacional de Enfermedades Cardiovasculares, creado por ley en 2015 pero "nunca implementado".
Entre las disoluciones más llamativas figuran el Instituto Nacional Belgraniano, Browniano, Newberiano, el Instituto Juan D. Perón y la Comisión Permanente Nacional de Homenaje al General Juan Domingo Perón, que "además, contaba con un café", según detalló el Gobierno con ironía.
Fusiones estratégicas
Se realizaron fusiones estratégicas como la del ENRE (Ente Nacional Regulador de la Electricidad) con Enargas (Ente Nacional Regulador del Gas), constituyendo el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad. También se fusionaron el Museo ESMA con el Archivo Nacional de la Memoria en el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos, y el Instituto de Prevención Sísmica con el Servicio Geológico Minero Argentino.
Otros organismos cambiaron de estatus: el INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria), cuya planta había crecido 100% en los últimos 20 años, se transformó en organismo desconcentrado, al igual que el INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial), con funciones acotadas.
El Instituto Nacional del Teatro se transformó en unidad organizativa después de que se detectara que "destinaba el 65% de su presupuesto en sueldos de la burocracia". El Banco Nación fue transformado en sociedad anónima como parte de un proceso de modernización y mayor transparencia.
Los 29 fondos fiduciarios disueltos incluían mecanismos de financiación como el Fondo Fiduciario para la Reconstrucción de Empresas (FFRE), el Fondo Cobertura Universal de Salud (CUS), el Fondo Fiduciario para la Generación Distribuida de Energías Renovables (FODIS), el Programa de Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda (PRO.CRE.AR.) y el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), entre otros.
Más desregulaciones
Se desregularon múltiples mercados, eliminando lo que el Gobierno considera trabas burocráticas. En obras de arte se eliminó "un trámite para ver si el Estado tenía la facultad de comprarte una obra de arte que quisieras sacar del país, facultad que, dicho sea de paso, nunca usó en 30 años". En transporte automotor de cargas se eliminó el RUTA, calificado como "un trámite inútil que llevaba tiempo y dinero".
En importación de pilas se eliminaron controles considerados redundantes. "No se fabrican en Argentina, pero si traes una Duracell con todos los certificados internacionales pertinentes, el Estado volvía a hacer todos los controles. Porque, según la lógica del gobierno anterior, en Suiza no saben certificar, pero acá sí", explicó el Gobierno.
También se desregularon las inversiones mineras, eliminando "un formulario con 1.000 campos y certificados innecesarios", y el mercado de garrafas (GLP), liberando barreras a la competencia y la importación.
Se eliminaron los créditos ANSES "para que el Estado no regale la plata de los jubilados a tasas irrisorias con fines políticos" y se suprimieron programas como los regímenes de promoción de la Ganadería Ovina, del Gusano de Seda, de la Actividad Caprina y otros sectores. "Y cuando todo esté promovido... nada lo estará", ironizó el Gobierno.
"La motosierra en lo que respecta a nosotros es infinita", afirmó Adorni al referirse al alcance de las reformas. Sturzenegger concluyó con una reflexión sobre el uso constitucional de las facultades: "¿Ustedes prefieren un presidente que habla suave y viola la Constitución, o prefieren un presidente aguerrido pero que la cumple?".
Las medidas se enmarcan en lo que el Gobierno define como "un paquete de reformas del Estado de carácter histórico", junto con la reglamentación de la Ley Bases y el DNU 70/2023, abarcando empleo público, reforma laboral, alquileres, industria y comercio, transporte y sector automotor.
Reformas adicionales en el sector Salud
Paralelamente a los anuncios realizados en conferencia de prensa, fuentes oficiales adelantaron que el Ministerio de Salud profundizará el reordenamiento del sistema sanitario nacional a través de varios decretos que marcan "un reordenamiento institucional profundo", según confirmaron desde la cartera sanitaria.
Las medidas apuntan a reorganizar estructuras jurídicas, administrativas y de gestión para garantizar mayor eficiencia, control del gasto público y articulación real con las provincias. Muchas de las estructuras que se eliminarán o transformarán carecían de operatividad o duplicaban funciones con otras dependencias consolidadas, en línea con la política de eliminación de organismos "fantasma" que caracteriza la gestión actual.
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Entre las decisiones más significativas figura la disolución del Instituto Nacional de Prevención, Diagnóstico, Tratamiento e Investigación de Enfermedades Cardiovasculares, creado formalmente por ley en 2015 pero nunca implementado. Durante más de ocho años, el organismo existió solo en los papeles, sin estructura, personal ni presupuesto, representando una carga administrativa innecesaria que contribuía a la fragmentación institucional. "No se sostiene lo que no funciona ni lo que nunca existió en la práctica", explicaron fuentes oficiales.
Además, se oficializó la transformación del Instituto Nacional del Cáncer (INC) en una unidad organizativa interna del Ministerio, integrando sus funciones a la Secretaría de Gestión Sanitaria. La medida, anticipada públicamente en abril, no afecta la continuidad de programas ni del equipo profesional, sino que simplifica su encuadre organizativo para mejorar la gestión bajo un mismo mando y evitar duplicaciones administrativas.
Otra reforma clave es la creación de la Administración Nacional de Establecimientos de Salud (ANES) como organismo descentralizado que unificará la gestión administrativa, financiera y jurídica de cinco hospitales nacionales: Baldomero Sommer, Alejandro Posadas, Ramón Carrillo, Laura Bonaparte e INAREPS. La transformación abarca más de 7.500 trabajadores y un presupuesto anual superior a los 267 mil millones de pesos, respondiendo a irregularidades detectadas en auditorías del Plan de Eficiencia de Hospitales Nacionales. Cada hospital mantendrá su especialidad médica y estructura asistencial, mientras se mejora la trazabilidad del gasto y se profesionaliza la gestión hospitalaria.
