La Fiscalía en lo Penal y Contravencional N° 26 de la Ciudad de Buenos Aires imputó a ocho dirigentes de ATILRA por los delitos de desbaratamiento de empresa, amenazas y compulsión a la huelga durante el conflicto que mantuvo paralizada a Lácteos Vidal entre julio y septiembre de 2022. La decisión del fiscal Luis Alcides Arnaudo representa un hecho inédito en la jurisdicción porteña y ofrece un horizonte de esperanza para la pyme familiar que resistió durante tres años los embates judiciales y sindicales.
Entre los imputados figuran Heber Ríos, secretario general de la seccional General Rodríguez de ATILRA; Sergio Raúl Longo, subsecretario de la seccional Trenque Lauquen y actual titular de la delegación del Ministerio de Trabajo bonaerense en esa ciudad; Gastón Emilio Moreno, secretario general de la misma seccional; Franco Marcelo Yedro, Cristian José Martín, Diego Armando Alarcón, Rafael Alberto Ale y Ariel Sánchez, todos con cargos activos en la conducción del gremio.
La fiscalía calculó un perjuicio económico de más de 61 millones de pesos al momento de los hechos, cifra que actualizada por inflación podría ascender a 500 millones de pesos. Según la investigación, los dirigentes sindicales desplegaron acciones que excedieron el derecho constitucional a huelga, afectando gravemente la operatoria de la empresa ubicada en Moctezuma, provincia de Buenos Aires, y su planta de distribución en Villa Devoto.
Tres años de conflicto y resistencia empresarial
El conflicto comenzó el 18 de julio de 2022 cuando sindicalistas de ATILRA bloquearon el acceso a las plantas de Lácteos Vidal en Moctezuma y Villa Devoto. El reclamo del gremio se centró en la recategorización de empleados, lo que derivó en la protesta y posterior bloqueo que se extendió hasta el 16 de septiembre de ese año.
El bloqueo impidió el ingreso de trabajadores, la recolección de leche y la distribución de productos. La empresa se vio obligada a derivar la materia prima a otras plantas en Buenos Aires y el resto del país, incrementando costos y afectando la productividad. Durante la crisis, solo lograron enviar a la planta de Capital Federal una cantidad muy inferior a la habitual de producto semielaborado.
Durante el conflicto la empresa realizó 26 despidos y suspendió a tres delegados. De los despedidos, 18 llegaron a un acuerdo mientras que ocho mantienen causas judiciales pendientes. Uno de los delegados suspendidos acordó recientemente su salida, mientras que los otros dos siguen cobrando sueldo, aguinaldo y beneficios sin trabajar.
Alejandra Bada Vázquez, titular de Lácteos Vidal, aseguró que los despidos fueron legales pero igualmente recibió un embargo judicial por 62 millones de pesos la semana pasada del Juzgado N°69. "Estamos hartos de las amenazas, de las extorsiones. Un bloqueo es una situación límite: la leche se pudre, la empresa se paraliza", declaró la empresaria. También denunció que el conflicto les recordaba el bloqueo sufrido en 2014 por el mismo gremio.
Durante los seis meses que duró prácticamente la paralización, la planta llegó a operar al 40% de su capacidad con apenas 30.000 o 40.000 litros diarios. Lo que evitó el colapso inmediato fue un stock estratégico de mozzarella que permitió abastecer a los clientes durante todo el período sin recibir materia prima. El 2 de enero de 2023 lograron retomar las operaciones con normalidad tras capacitar personal nuevo, empezando con apenas 17 personas.
La empresa presentó una queja ante la Corte Suprema para frenar el efecto evolutivo de las sentencias laborales y denunció irregularidades ante el Consejo de la Magistratura. Además, hay cinco imputados en dos causas penales relacionadas con el conflicto. Bada Vázquez también reclamó una reforma laboral urgente, señalando que el DNU del presidente Javier Milei contemplaba sus necesidades para la producción continua, pero fue frenado por la Justicia laboral.
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La situación actual y las perspectivas judiciales
Lácteos Vidal logró recuperar el nivel de producción previo al bloqueo. Hoy trabajan con 160.000 litros diarios, mantienen todos sus proveedores y clientes, y recuperaron el portafolio completo de productos lácteos. La empresa realizó inversiones en energías renovables con 2,8 hectáreas de paneles solares y tiene objetivos exportadores para suero y mozzarella hacia la Comunidad Europea y Estados Unidos.
La decisión de la fiscalía porteña unificó los bloqueos realizados en las instalaciones de Moctezuma y Villa Devoto como parte de una estrategia coordinada. Según el fiscal Arnaudo, las acciones incluyeron la ocupación de espacios circundantes a las fábricas por personas ajenas a la empresa que intimidaron al personal e impidieron el ingreso y egreso de mercadería.
Los abogados de la pyme, Mariana Heim y Pablo Abdón Torres Barthe, indicaron que es la primera vez en la Ciudad de Buenos Aires que se aplica este encuadre legal contra acciones sindicales consideradas violentas, aunque ya existen antecedentes en Rosario y San Juan. La figura de asociación ilícita permanece en evaluación y no fue descartada.
Desde su cuenta en redes sociales, Bada Vázquez expresó su satisfacción: "Llueve, llueve… y un día sale el sol. Poco a poco va aclarando. Hay nuevas imputaciones en la causa penal. No es gratis intentar fundir una empresa, atacarla y poner en riesgo las fuentes de trabajo".
Los representantes legales de la empresa no descartaron iniciar una demanda civil por daños y perjuicios contra el gremio, así como solicitar embargos preventivos por los daños económicos sufridos. Para la pyme familiar que opera desde 1973, la decisión judicial representa un paso hacia la normalización después de tres años de incertidumbre legal y económica.
