Con la aprobación del plan de expansión de la infraestructura eléctrica por parte del ENReGE, el Ministerio de Economía formalizó la incorporación del proyecto al régimen especial.
La minera Vicuña Argentina obtuvo el Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública (CCyNP) para su plan de expansión eléctrica, luego de que el Directorio del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENREGE) emitiera la Resolución 330/2026, publicada el 29 de julio en el Boletín Oficial.
La decisión desestima formalmente todas las impugnaciones presentadas por los gobiernos de San Juan y La Rioja, así como por empresas mineras competidoras, y habilita la ejecución de la infraestructura necesaria para abastecer el proyecto.
Además, el despeje del frente eléctrico permitió la aprobación formal del ingreso de Vicuña al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), asegurando una inversión inicial de U$S 9.700 millones.
La resolución autoriza la ejecución de un conjunto de obras destinadas a ampliar la capacidad del sistema eléctrico para abastecer el proyecto minero. El plan contempla:
La resolución también ratifica a favor de Vicuña una prioridad de uso del 90% sobre la capacidad de transporte remanente e incremental generada por estas obras. Ese derecho tendrá una vigencia de 25 años, en línea con la vida útil estimada del proyecto minero.
El conflicto se concentró durante la audiencia pública realizada el 3 de junio de 2026, donde se enfrentaron dos posturas contrapuestas sobre la gestión de la infraestructura eléctrica.
Los cuestionamientos de provincias y empresas mineras
Las impugnaciones fueron presentadas por el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) de San Juan, la Secretaría de Energía de La Rioja y las empresas Andes Corporación Minera (Los Azules), Barrick Mining, Golden Mining y Casposo Argentina.
Entre los principales argumentos sostuvieron que la línea de 500 kV Mendoza-San Juan fue financiada durante décadas por el Estado provincial y los usuarios sanjuaninos, por lo que su utilización debería regirse por criterios de acceso abierto y no mediante un régimen de prioridad privada.
También advirtieron que reservar el 90% de la capacidad disponible equivale a otorgar la mayor parte del excedente de la línea a un único proyecto, lo que podría convertirse en una barrera de entrada para futuros emprendimientos mineros o industriales que busquen conectarse al sistema.
Además, plantearon que el ente regulador aplicó normas previstas para líneas completamente nuevas sobre una infraestructura preexistente, lo que, según los opositores, constituye una interpretación errónea del marco normativo.
La defensa de Vicuña y del Gobierno
El ENREGE fundamentó su decisión en el principio de que "el beneficiario paga", al considerar que Vicuña financia el 100% de los costos de construcción y asume todo el riesgo financiero de la obra, sin trasladar costos al Estado ni a los usuarios residenciales.
El organismo sostuvo además que otorgar derechos prioritarios de uso por un período determinado constituye una herramienta "razonable y necesaria" para incentivar inversiones de gran escala que difícilmente se realizarían con financiamiento público.
Como tercer argumento, el regulador concluyó que el 10% de capacidad restante resulta suficiente para cubrir las demandas intermedias de la región y que las nuevas obras fortalecerán al Sistema Argentino de Interconexión (SADI).
La decisión del ENREGE establece precedentes regulatorios y operativos para los sectores minero y energético.
En primer lugar, consolida un modelo de inversión privada en infraestructura eléctrica, bajo el cual el transporte en extra alta tensión es financiado por privados a cambio de obtener prioridad de uso, reduciendo la necesidad de inversión pública.
En segundo lugar, ratifica que el transporte de energía en alta tensión es de jurisdicción federal exclusiva. Esto implica que las provincias no tienen poder de veto sobre el Sistema Argentino de Interconexión (SADI), limitando su autonomía en la planificación de redes troncales que atraviesen su territorio.
La resolución también tendrá impacto sobre la competencia entre proyectos mineros. Ante la prioridad otorgada a Vicuña, emprendimientos competidores como Los Azules ya comenzaron a desarrollar alternativas de contingencia para garantizar su propio suministro eléctrico y evitar demoras en su desarrollo.
Finalmente, el fallo habilitó la aprobación formal del ingreso de Vicuña al RIGI, asegurando una inversión inicial de U$S 9.700 millones.
Una vez concluidas las obras, la operación y el mantenimiento de las nuevas instalaciones quedarán a cargo de Transener, que las incorporará formalmente a la red nacional bajo supervisión federal.
El proyecto de cobre, oro y plata prevé producir desde 2030 y operar por más de 70 años, con fuerte foco exportador.
El pedido de acceso prioritario presentado por Vicuña para abastecer el proyecto Josemaría enfrenta la oposición de San Juan y de otras empresas mineras.