La construcción de una nueva infraestructura de transporte eléctrico para abastecer el desarrollo minero Josemaría abrió un conflicto entre Vicuña Argentina S.A., la provincia de San Juan y otras empresas del sector por el acceso a la capacidad de la futura red.
La empresa, que cuenta con un RIGI aprobado por US$ 9.700 millones, solicitó prioridad de uso sobre hasta el 90% de esa infraestructura durante 25 años para una demanda inicial de 260 MW, mientras que la provincia y otros actores sostienen que esa asignación podría limitar el ingreso de futuros proyectos mineros y de generación renovable.
El conflicto comenzó formalmente con la publicación de la Resolución ENRE N° 79/2026, mediante la cual el entonces Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) dio publicidad a la solicitud de acceso y ampliación presentada por Vicuña Argentina S.A., el joint venture conformado por BHP y Lundin Mining.
La iniciativa contempla la construcción de una nueva Línea de Extra Alta Tensión (LEAT) de 500 kV entre Rodeo y Chaparro, de 167 kilómetros de extensión, la creación de la Estación Transformadora Chaparro y adecuaciones en las estaciones Nueva San Juan y Rodeo.
Posteriormente, el 17 de abril de 2026, el ENRE emitió la Resolución N° 214/2026 (fe de erratas), que limitó el trámite exclusivamente al proyecto Josemaría (Fase 1), dejando fuera a Filo del Sol.
La oposición de San Juan
El 3 de julio de 2026, el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) de San Juan formalizó su oposición definitiva ante el nuevo ente unificado ENReGE mediante la Nota E.P.R.E. N° 11.978/26.
La presentación fue realizada el último día del plazo administrativo de 30 días establecido tras la audiencia pública celebrada el 3 de junio.
En su presentación, el organismo provincial sostuvo que parte de la infraestructura existente, entre ella la línea San Juan–Rodeo, fue financiada parcialmente por el Fondo PIEDE con aportes realizados por los propios usuarios sanjuaninos, incluyendo hogares, comercios e industrias.
Como parte de su presentación, el EPRE incorporó al expediente un estudio sobre causalidad de costos elaborado por el Instituto de Energía Eléctrica (IEE) de la Universidad Nacional de San Juan y el CONICET.
Sobre esa base, el EPRE calificó la pretensión de Vicuña como un "ejercicio abusivo" y una "apropiación de hecho" del corredor estratégico Mendoza–San Juan.
Además, reclamó un esquema de acceso transparente y compartido, al advertir que una asignación prioritaria de la capacidad podría bloquear el desarrollo de futuros proyectos mineros y de generación renovable en la provincia.
La autoridad regulatoria también advirtió que otorgar esa exclusividad comprometería el abastecimiento eléctrico de San Juan, cuya demanda proyectada asciende a 857 MW para el año 2030.
El respaldo de otras compañías mineras
La oposición provincial fue acompañada por cuatro grandes operadoras del sector: Los Azules, Hualilán, Barrick Gold (Veladero) y Minas Argentinas (Gualcamayo), que presentaron impugnaciones contra la resolución nacional.
Las empresas señalaron que ya realizaron aportes por 133,8 millones de dólares para consolidar la red de transporte existente y reclamaron igualdad de condiciones para el acceso a la infraestructura.
En particular, el proyecto Los Azules sostuvo que la decisión implicaría la transferencia de un "activo público a un privado sin justificación", basada en hipótesis de capacidad que, según planteó, no fueron auditadas.
Asimismo, las presentaciones advirtieron que la reconfiguración solicitada por Vicuña podría dejar al sistema expuesto a colapsos ante fallas simples si no se ejecutan obras de mitigación adicionales.
Asimismo, las presentaciones sostienen que, en caso de avanzar el proyecto, Vicuña debería internalizar los costos de las obras de mitigación sistémica necesarias para evitar trasladar riesgos o costos adicionales al resto de los usuarios del sistema eléctrico.
En paralelo, en la Cámara de Diputados de la Nación se presentó un proyecto para solicitar informes detallados sobre el impacto de la Resolución 79/2026 en el federalismo energético y en el acceso de terceros a infraestructura estratégica.
La posición de Vicuña
Durante la audiencia pública realizada el 3 de junio, Vicuña Corp. defendió su solicitud y afirmó que la prioridad requerida se refiere exclusivamente a la capacidad incremental que será generada por las obras cuya financiación estará a su cargo.
La empresa también sostuvo que la nueva infraestructura será incorporada al Sistema Argentino de Interconexión (SADI) bajo la operación de Transener, lo que, según argumentó, garantiza que no existirá un monopolio sobre la red de transporte.
Próximos pasos
Tras la audiencia pública y la presentación de la posición definitiva del EPRE de San Juan, el ENReGE deberá resolver si emite el Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública para la obra.
La provincia dejó expresa reserva de acudir a la Justicia en caso de que la resolución final considere que vulnera los derechos de los usuarios locales o afecta el principio de neutralidad tarifaria.
