El dirigente social Juan Grabois denunció que la Policía de la Provincia de Buenos Aires realizó un allanamiento en la casa de la exfuncionaria del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), Fernanda Miño, en el barrio Villa La Cava, San Isidro. Grabois calificó el operativo como "ilegal" y señaló que Miño fue agredida físicamente, lo que generó una serie de intercambios con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien respondió a través de la red social X.
"El operativo que reclamás fue de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Lo que tengas que reclamar, hacéselo a tu amigo Axel Kicillof", expresó Bullrich en respuesta a las acusaciones del líder de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP). Grabois había responsabilizado al gobierno por el accionar, asegurando que se trataba de una "acción propia de la dictadura".
Grabois compartió detalles del allanamiento a través de sus redes sociales, señalando que los vecinos le informaron sobre lo sucedido. “Los vecinos nos dicen que cuando Fernanda abrió la puerta, un grupo de policías encapuchados con armas largas que estaban escondidos entraron violentamente por atrás”, comentó en un video publicado en X.
Además, el dirigente indicó que no se le permitió a Miño comunicarse con su abogado y cuestionó el motivo del operativo, que según él, se originó por el supuesto robo de una moto. “A Fernanda nunca le pudieron encontrar nada, entonces, ahora le inventaron que ella, que es la gran bandida del mundo, se robó una moto", ironizó Grabois.
También denunció que una menor presente en la casa fue agredida durante el operativo: “Una de las menores que estaba en el lugar nos cuenta que un señor encapuchado la agarró del pelo y la golpeó. Son muy guapos con los pobres, son muy guapos con los villeros”, enfatizó Grabois, quien aseguró que la misma Fernanda Miño fue golpeada.
El líder de UTEP también apuntó a la situación de narcotráfico en la zona. "El barrio está lleno de narcotraficantes, están envenenando a los pibes. Mueren pibes envenenados todos los días y vienen a hacer un allanamiento por una moto a Fernanda Miño. ¿Qué puedo pensar?", expresó indignado. Según su relato, luego de permanecer dos horas en la vivienda, los efectivos policiales se retiraron, y poco después se escucharon disparos en el fondo del barrio, lo que atribuyó a "cómplices narcos".
La respuesta de la Policía y el Gobierno
Frente a estas acusaciones, fuentes de la Policía Bonaerense confirmaron que el allanamiento fue realizado bajo una orden judicial en el marco de una investigación por el robo de una moto que incluyó disparos. Según los voceros, “el accionar de la Policía fue correcto” y el operativo “se mantuvo dentro de la ley”.
En este sentido, Bullrich se distanció de cualquier responsabilidad del Gobierno Nacional, subrayando que el procedimiento fue llevado a cabo por las fuerzas de la provincia de Buenos Aires, que dependen del gobernador Axel Kicillof. “Si hay algo que reclamar, es a la provincia”, insistió la ministra.
Por su parte, Grabois rechazó los argumentos oficiales y volvió a criticar el accionar de las fuerzas de seguridad. "Nunca le encontraron nada y ahora le inventan que se robó una moto. ¿Se piensan que somos boludos y que vamos a creer que tan diligentes son los fiscales que, por el robo de una moto, van a hacer un allanamiento a las 22.30, justo cuando Fernanda vuelve de una actividad política y social?", cuestionó Grabois en su video.
El rol de Fernanda Miño en el FISU y las auditorías en curso
Fernanda Miño, además de su rol como referente social en Villa La Cava, fue titular del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) hasta la finalización de la gestión del Frente de Todos. Este organismo estuvo encargado de ejecutar obras de infraestructura en barrios vulnerables y contó con financiamiento de fuentes nacionales e internacionales.
En los últimos años, el FISU destinó un monto total de $480.611.383.294,59 a la ejecución de 6517 proyectos en asentamientos precarios. Según los datos del Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP), de estas obras, 1278 fueron finalizadas, alcanzando 5060 asentamientos con intervenciones de urbanización y mejoramiento de viviendas.
Sin embargo, durante el último año, se inició una auditoría sobre los fondos destinados a estas obras. Según fuentes oficiales, el informe preliminar reveló que solo 400 obras figuraban como finalizadas, lo que representa un 6%, mientras que otras 5886 se encontraban en ejecución y 231 en etapa de contratación.
La auditoría también detectó que una parte significativa de los fondos fue destinada a la construcción de veredas y cordones, y que los contratos para estas obras fueron asignados mayoritariamente a cooperativas ligadas a los movimientos sociales. A pesar de estas observaciones, el Gobierno Nacional aseguró que, hasta el momento, no se encontraron indicios claros de corrupción en el manejo de los recursos del FISU.
Miño había estado en la mira del Gobierno desde principios de este año, cuando se realizaron investigaciones sobre presuntas irregularidades en la administración del fondo. Sin embargo, el propio Ejecutivo aclaró que la auditoría en curso no reveló hechos de corrupción concluyentes.
