La Justicia se encuentra ultimando los preparativos para citar a indagatoria al ex presidente Alberto Fernández en relación con un escándalo que involucra la contratación irregular de seguros estatales durante su mandato. La causa investiga posibles maniobras del gobierno de Fernández para beneficiar a intermediarios y empresas del sector asegurador, tras la modificación de un decreto en 2021 que originalmente limitaba la participación de brokers en contrataciones del Estado. Este cambio habría permitido que estos intermediarios obtuvieran comisiones millonarias, aumentando los costos para la administración pública.
El juez Julián Ercolini decidió imputar al ex presidente Alberto Fernández, a María Cantero, su ex secretaria, a su esposo Héctor Martínez Sosa, broker beneficiado y amigo de Fernández, y a Alberto Pagliano, ex titular de Nación Seguros, en una investigación sobre una supuesta defraudación al Estado a través del decreto 823/2021. Esta normativa obligó a los organismos estatales a contratar con la aseguradora, lo que facilitó la segunda fase de la maniobra: la intermediación de brokers que obtuvieron elevadas comisiones.
El caso abarca 45 organismos oficiales que firmaron 25 contratos con la intermediación de asesores de seguros. Durante el gobierno de Alberto Fernández, se pagaron comisiones por un total de 3.453.302.770 pesos, equivalentes a unos 17 millones de dólares. Martínez Sosa, el segundo broker más beneficiado, recibió 19 contratos por un monto de 366.635.744 pesos.
La investigación comenzó tras una auditoría interna realizada por el actual gobierno de Javier Milei en la ANSES, que descubrió la contratación de seguros a través del Banco Nación mediante intermediación de brokers. La causa examina presuntos delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y malversación de fondos públicos.
El juez Ercolini busca determinar por qué se involucraron intermediarios privados en una operación que inicialmente no parecía requerir su intervención y que, además, implicó el pago de comisiones elevadas. También se investiga por qué Nación Seguros externalizaba el servicio que, según el decreto del expresidente, los organismos estatales estaban obligados a contratar directamente con la aseguradora del banco oficial.
Las revelaciones de los chats
En medio de la maraña de interrogantes y derivaciones que rodean el caso de los seguros, surge un debate técnico. ¿Qué facilitó que Héctor Martínez Sosa y otros brokers concretaran negocios millonarios con las pólizas estatales? La Justicia está examinando cuidadosamente una normativa en particular, aunque las conversaciones obtenidas de los teléfonos incautados revelan un detalle inédito que podría dar un nuevo impulso a la investigación.
El controvertido decreto de 2021, que centralizó los seguros estatales en la empresa pública, contenía una normativa que detallaba en qué situaciones un productor de seguros podía intervenir. Sin embargo, esta normativa fue eliminada por la Secretaría Legal y Técnica, dirigida por Vilma Ibarra. Entre las menciones a negociaciones incompatibles y tráfico de influencias que envolvían a los brokers de seguros y las carteras estatales, los chats entre los funcionarios de Nación Seguros y otros miembros del Poder Ejecutivo revelan pistas cruciales sobre el conocido decreto de 2021, que obligaba a los ministerios y agencias a contratar sus seguros con la empresa pública.
Lo que estos intercambios telefónicos ponen de manifiesto es que, más allá del contenido de esa decisión oficial, lo verdaderamente relevante podría ser lo que no se incluyó en ella: una restricción a los brokers. El decreto presidencial 823 se publicó el 2 de diciembre de 2021. La versión final instauró una especie de “compre nacional” para las áreas del Estado en relación con las pólizas. Lo que genera incertidumbre es que, en el proceso de aprobación, el texto original perdió un artículo.
Según se desprende de los chats de Alberto Pagliano, titular de Nación Seguros, con personas de su entorno y otros ex funcionarios, el decreto tenía un propósito adicional una vez que el Estado centralizara todos los seguros: reducir la injerencia de brokers como Martínez Sosa o Pablo Torres García, ambos imputados, en seguros donde la presencia de un intermediario no tenía justificación debido al tamaño o la naturaleza del negocio. Con esta medida, se pretendía ahorrar en comisiones que, inevitablemente, saldrían del erario público.
Para ello, la gestión de Pagliano comenzó a trabajar en un decreto cuya elaboración había iniciado más de un año antes. Los sucesivos proyectos del decreto pasaron por la Jefatura de Gabinete, la Oficina Nacional de Compras y el Ministerio de Economía antes de llegar a la Presidencia. En estos borradores, el segundo artículo estipulaba que “en caso de que se considere que la complejidad o volumen de los riesgos a asegurar amerita la participación de la figura de un Productor Asesor de Seguros en el marco de lo establecido por la ley 22.400, ello y la correspondiente designación deberá formalizarse mediante el correspondiente acto administrativo del organismo o entidad asegurable, según corresponda, el cual deberá presentarse a Nación Seguros S.A. al efecto”.
La Justicia sigue investigando y ha ordenado la inhibición de bienes de Alberto Fernández en relación con esta causa. Los chats revelan que Martínez Sosa visitó en varias ocasiones la quinta de Olivos y que incluso se entrevistó con Alberto Fernández, a pesar de que sus ingresos no figuran en los registros oficiales. Al parecer, se detectó que la ex secretaria hacía de nexo entre su marido y el entorno del ex mandatario para avanzar en los acuerdos comerciales.
