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En una nueva investigación para el programa La Cornisa, revelamos cómo fondos públicos destinados a la compra de tierras para la urbanización en Brandsen, provincia de Buenos Aires, fueron utilizados de manera irregular. Esta trama involucra a Eduardo Montes, exfuncionario de la gestión de Axel Kicillof y actual presidente de la Federación de Trabajadores de la Economía Social (Fetraes), y a la ex titular del FISU (Fondo de Integración Sociourbana), Fernanda Miño. Ambos protagonistas se encuentran en el centro de una serie de denuncias por el manejo poco claro de fondos destinados a la adquisición de tierras que, según vecinos y documentos oficiales, estarían destinadas a un loteo sin planificación.

Eduardo Montes, quien hasta agosto de 2024 se desempeñaba como Director Provincial de Desarrollo Territorial en el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, es el titular de Fetraes, una federación que ha recibido fondos del FISU bajo la gestión de Fernanda Miño, exfuncionaria del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. En 2022, Fetraes adquirió 20 hectáreas en Brandsen con fondos provenientes del Estado nacional, según lo confirmó el propio Montes en recientes declaraciones públicas.

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El problema radica en que, al momento de la compra, Montes era aún funcionario del gobierno de Kicillof, lo que plantea un claro conflicto de intereses. "Le dieron plata a un funcionario de Kicillof para que compre tierras", expuse en el programa de Luis Majul. Pero eso no es todo: el destino de los fondos parece estar lleno de irregularidades. Los documentos de la compra no son claros y, según una consulta al registro de la propiedad inmueble, la tierra no tiene titularidad registrada, lo que sugiere que podría pertenecer al Estado.

Además, las tierras en cuestión no están preparadas para la urbanización. Se trata de una zona húmeda y sin infraestructura básica como escuelas, hospitales o cloacas. "Mudaron a más de 300 familias a un campo en el medio de la nada sin ninguna planificación", critiqué en vivo, y recordé que ya se han visto movimientos de suelo y la división de parcelas, lo que preocupa a los vecinos de la zona.

Amenazas y manejos irregulares

La investigación también reveló amenazas por parte de personas vinculadas a Fetraes hacia vecinos que denunciaron estos manejos. Valeria Fernández, una de las vecinas más activas en la denuncia, afirmó que ella y su esposo fueron amenazados de muerte por personas que llegaron a la zona para trabajar en los lotes. "Lo primero que me dijo fue que me iba a matar", sostuvo Fernández. Aunque Montes negó las acusaciones, la presencia de testigos y la policía local refuerzan la versión de la denunciante.

El conflicto se agrava con la aparición de un documento de compraventa en el que figura un comprador supuestamente de nacionalidad china. "Cuando fuimos a investigar el registro de la propiedad, la titularidad del terreno no figura. Es decir, parece que se compró una tierra que no tiene dueño registrado", sostuve en la investigación.

El intendente de Brandsen, perteneciente a La Cámpora, aseguró que no autorizará el loteo y que, en cualquier caso, esas tierras están zonificadas para explotación agrícola y no para la construcción de viviendas. "El intendente no va a permitir que nadie viva ahí, porque no está autorizado", aclaré, respaldando la postura del jefe comunal frente a las irregularidades.

La trama política detrás de las tierras

Este escándalo también tiene un fuerte trasfondo político. Montes reconoció públicamente que participó en la campaña electoral en Brandsen, colaborando con la concejal Sofía Penido, quien formaba parte del proyecto de urbanización de los lotes en cuestión. Penido, según Montes, percibía una remuneración por su participación en dicho proyecto. "No sólo hay un conflicto de intereses, sino que además estos movimientos están relacionados con la política local", expuse en el programa.

Asimismo, esta operación parece estar vinculada a un sistema más amplio de usurpaciones organizadas por sectores del gobierno provincial. Montes, quien hasta hace poco respondía a Andrés "El Cuervo" Larroque, exministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, declaró que las órdenes para continuar con el loteo venían directamente del gobierno provincial. "Esto no depende del intendente, viene de arriba", aseguró uno de los representantes de Fetraes.

En conclusión, la investigación revela una compleja trama de manejos irregulares de tierras en la provincia de Buenos Aires, donde funcionarios, cooperativas y políticos locales están involucrados en una operación poco clara que afecta directamente a los vecinos de Brandsen. Con amenazas de por medio y documentos que no cuadran, el caso aún tiene muchos puntos por esclarecer. "Lo que tenemos aquí es un sistema implementado por el gobierno de Kicillof para hacerse de tierras", concluí durante el programa, asegurando que seguiremos investigando y acompañando a los vecinos en su lucha por defender lo que les corresponde.

Temas:

Corrupción Funcionarios públicos

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