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El Gobierno se debate entre denunciar o no al presidente de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), Claudio Chiqui Tapia, por el operativo de liberación del gendarme Nahuel Gallo, quien permaneció detenido de forma ilegal durante más de un año por el régimen chavista en Venezuela. Los motivos serían "traición a la Patria" y "sedición", pero no está definido.

Esto se deba a que el presidente Javier Milei no dio el visto bueno aún para avanzar con la iniciativa. Aunque desde la Casa Rosada comenzaron a poner en marcha la ingeniería legal para que, si hay "luz verde", se pueda avanzar con la respectiva denuncia que alcanzaría a otros históricos colaboradores del mandamás del fútbol argentino.

Las dudas en el Gobierno con la denuncia contra Claudio "Chiqui" Tapia

La intervención de la AFA en la liberación de Gallo molestó, y mucho, a las autoridades argentinas, porque se enteraron recién cuando llegó el pedido de autorización a la ANAC del vuelo que llevó a las autoridades del fútbol argentino hacia Venezuela. Ese malestar, incluso, se potenció cuando en la previa al discurso de Milei en la apertura de sesiones ordinarias Tapia utilizó sus redes sociales para dejar un mensaje con el gendarme ya en libertad.

El lunes al mediodía, ya con el discurso de Milei en el espejo retrovisor, el Gobierno empezó a sondear la posibilidad de la denuncia contra Tapia. El asesor presidencial, Santiago Caputo, y la secretaría General, Karina Milei, están en la misma página en ese sentido y procuraron que toda la administración de La Libertad Avanza (LLA) lo sepa. Sin embargo, con el correr de las horas comenzaron las dudas en torno a si era o no el camino adecuado.

Karina Milei Manuel Adorni Claudio Tapia

El Gobierno duda sí denunciar o no a Claudio "Chiqui" Tapia por su rol en la liberación de Nahuel Gallo.

La estrategia del Gobierno para denunciar, si decide, al titular de la AFA

"La interpretación que tenemos como Gobierno es que está claro que Venezuela no iba a entregarnos a Nahuel ni al Gobierno argentino, ni al de Estados Unidos, ni al de Italia, ni al de Brasil, ni a ninguna de las instancias en las que se planteó la negociación. Agradecemos que está acá y que está bien. Más delgado, pero bien", manifestó la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, en declaraciones a la prensa.

Uno de los funcionarios que habría sido sondeado este lunes para definir un camino legal fue el Procurador del Tesoro, Santiago Castro Videla, del riñón de Caputo. De esas series de consultas que se realizaron durante todo el día en la Casa Rosada surgió la posibilidad de explorar que la AFA dé cuenta de cómo fue la negociación, y sus vínculos, con el régimen chavista. La hipótesis para avanzar en ese sentido es que habría una conexión entre la entidad que rigen el fútbol en el país y los servicios de inteligencia venezolanos.

Milei en el Congreso

El Gobierno duda sí denunciar a Claudio "Chiqui" Tapia por su rol en la liberación de Nahuel Gallo.

El Gobierno, incómodo por cómo fue la liberación de Nahuel Gallo

"Los involucrados (por los dirigentes de la AFA) tendrán que explicar la relación con el régimen chavista", reclamó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dejando en claro el malestar de la administración libertaria con las gestiones de la AFA y su titular. "Por ahora no está previsto nada, seguimos con todas las posibilidades en estudio", le dijo a El Observador una fuente al tanto de las deliberaciones dentro del Gobierno.

Una de las apuntadas desde el Gobierno es la diputada Marcela Pagano, que fue contactada por los familiares de Gallo que tenían dudas sobre el accionar de la Cancillería tras más de un año de que el gendarme estaba detenido de forma clandestina, primero en el Helicoide y luego en El Rodeo 1. La legisladora facilitó un canal de contacto con el titular de Asamblea Nacional venezolana, Jorge Rodríguez, al que se sumó el de Tapia con su par del país caribeño, Jorge Giménez.

El Gobierno, mientras termina de definir si avanza por la vía legal o no, apuesta a que Gallo mantenga al menos dos reuniones una vez que cuente con el aval de los médicos que comenzaron a tratarlo por las secuelas de los 448 días de detención: una con la jefa de bloque de LLA en el Senado, Patricia Bullrich, que inició los reclamos por su liberación cuando era ministra de Seguridad, y la restante con el presidente Javier Milei.

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