Contexto
¿Por qué se habilitó la exportación de chatarra y residuos metálicos?
La prohibición tenía un impacto negativo en la economía y el reciclaje. Según Sturzenegger, “deprimía el precio local de los desechos, desincentivando su reciclaje”. Además, limitaba un mercado de exportación que incluía materiales valiosos como cables de cobre desechados, afectando especialmente a pequeñas empresas dedicadas al reciclado.
¿Qué decretos quedaron sin efecto?
La medida anuló los decretos 1040/20 y 70/23, vigentes durante la administración de Alberto Fernández. Estas normas continuaban la prohibición impuesta inicialmente en 2009 bajo Cristina Kirchner y renovada por Mauricio Macri con diversos decretos. Sturzenegger recordó que la restricción “se pensaba que duraría 180 días, pero en Argentina todo lo transitorio tiende a convertirse en permanente”.
¿Cuál es el impacto esperado de esta decisión?
El Gobierno anticipa una reactivación del mercado del reciclaje tanto a nivel nacional como internacional. Se espera que esta apertura genere incentivos para el tratamiento adecuado de residuos metálicos, facilitando una cadena de valor más eficiente. También se proyecta que beneficie a pequeños productores y recicladores, quienes encontrarán nuevas oportunidades en un mercado global más accesible.
¿Qué dijo el Gobierno sobre la medida?
Sturzenegger explicó en redes sociales que la decisión refleja el enfoque de Milei sobre el rol del Estado: “El poder del Estado no se debe usar para redistribuir arbitrariamente ingresos entre los actores de un mercado. Por ello decidimos no renovar los alcances de los decretos”. El ministro enfatizó que la eliminación de estas restricciones es “el triunfo de la libertad por sobre el lobby”.
Cómo sigue
En el corto plazo, se espera un ajuste en los precios locales de la chatarra, incentivando el reciclaje y la exportación.
A mediano plazo, la industria del reciclaje podría experimentar una expansión significativa, con beneficios para pequeños y medianos empresarios.
Sin embargo, el Gobierno deberá monitorear posibles efectos colaterales, como el impacto ambiental y la regulación de este mercado en crecimiento.