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El Senado de la Nación sancionó este viernes la reforma laboral y el nuevo Régimen Penal Juvenil, los dos proyectos más importantes de la agenda legislativa del gobierno de Javier Milei en las sesiones extraordinarias. Fueron dos votaciones separadas, con mayorías distintas pero igualmente cómodas para el oficialismo, y con una oposición peronista que resistió ambas iniciativas sin éxito.

La jornada dejó en claro el peso que La Libertad Avanza logró construir en la Cámara alta a partir de alianzas con bloques dialoguistas: la Unión Cívica Radical, el PRO y sectores peronistas disidentes acompañaron en ambos casos la postura del Gobierno.

Baja de la edad de imputabilidad

A la tarde, el Senado aprobó el Régimen Penal Juvenil por 44 votos a favor, 27 en contra y una abstención. La ley, que ya había pasado por la Cámara de Diputados, crea un sistema penal especializado para adolescentes de entre 14 y 18 años y baja la edad punible de los 16 a los 14 años, una demanda histórica de los sectores más duros del espacio político que hoy gobierna.

La norma fue impulsada originalmente por el Ministerio de Seguridad cuando Patricia Bullrich era ministra. Hoy senadora de La Libertad Avanza, Bullrich tomó la palabra en el recinto y defendió la ley con énfasis: "El Estado no va a seguir mirando para otro lado. ¿Quieren que los ciudadanos que no cometen delitos sean de segunda? No importa la edad de los delincuentes, importa el delito". Y cerró su intervención con una declaración de principios: "Vinimos a poner orden y no nos da vergüenza".

En cuanto al contenido, la ley establece que los adolescentes no podrán compartir ámbitos judiciales ni penitenciarios con adultos, y prevé un esquema de sanciones progresivo que prioriza medidas educativas, tareas comunitarias y monitoreo electrónico. La privación de libertad quedará reservada para los delitos más graves y con límites estrictos de tiempo. También se incorpora la figura del supervisor judicial especializado para acompañar los procesos de reinserción.

El peronismo cuestionó dos aspectos centrales. Por un lado, la constitucionalidad de varios artículos: el senador Gerardo Zamora, de Santiago del Estero y ex gobernador de esa provincia, advirtió que la ley generará "litigiosidad" y votó en contra "en defensa del federalismo". Por el otro, la insuficiencia del presupuesto: el texto destina $23.700 millones a las provincias para financiar el nuevo sistema. El senador formoseño Jorge Capitanich, del Partido Justicialista, señaló que con esos fondos y a precios actuales del Servicio Penitenciario Federal —3,2 millones de pesos el metro cuadrado— cada provincia recibiría apenas 308 metros cuadrados para construir infraestructura. "Si no contamos con el presupuesto necesario, estas normas quedan en letra muerta y constituyen una frustración colectiva", afirmó.

La reforma laboral, el mayor triunfo

Ya entrada la noche, el Senado aprobó la reforma laboral por 42 votos a favor, 28 en contra y 2 abstenciones de los senadores santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano. Se trató de la segunda votación del proyecto en esa cámara: el Senado lo había aprobado antes en una versión diferente, Diputados introdujo modificaciones la semana pasada y esta noche la Cámara alta ratificó esa versión revisada.

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El cambio central que introdujo Diputados fue la eliminación del artículo 44, que recortaba el salario que percibe un trabajador durante una licencia médica por causas no laborales. Esa disposición había generado un rechazo transversal y se convirtió en el principal obstáculo para sumar votos. Con su eliminación, el oficialismo logró los apoyos necesarios.

La ley introduce modificaciones profundas en el derecho laboral argentino. Entre los puntos más relevantes: los convenios colectivos por empresa tendrán prioridad sobre los sectoriales o por rama; se elimina la ultraactividad, es decir, la prórroga automática de los convenios vencidos cuando no hay acuerdo para renovarlos; se crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) para financiar indemnizaciones, al que las grandes empresas aportarán el 1% de las remuneraciones brutas y las pymes el 2,5%; las indemnizaciones por despido se calcularán sobre la mejor remuneración de los últimos doce meses pero excluirán el aguinaldo y los premios extraordinarios; y se regula por primera vez el trabajo en plataformas digitales, con una figura de repartidor independiente que no genera relación laboral.

En materia sindical, los servicios declarados esenciales deberán garantizar un funcionamiento del 75% durante las huelgas, y las asambleas en los lugares de trabajo requerirán autorización previa del empleador.

Bullrich cerró el debate por el oficialismo con una defensa del núcleo ideológico de la reforma: "Esta ley va a desmontar una de las mayores mentiras de la historia laboral argentina: la idea de que destruir empleo es defender derechos". En la vereda opuesta, el senador formoseño José Mayans, del interbloque Unión por la Patria, calificó la norma como una ley de "robo a jubilados, pensionados y trabajadores" y vaticinó que "esto va a terminar mal".

La CGT, que movilizó a sus bases frente al Congreso durante toda la jornada, anunció que impugnará la ley en la Justicia. Los abogados de la central obrera estudian si presentar la acción ante el fuero laboral o el contencioso administrativo.

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