Funcionamiento de la Corte: la fábrica de litigios impulsados por el Estado fue récord y obstaculiza el correcto desempeño del Máximo Tribunal
Los recursos elevados por ANSES representan el 91,6% del conflicto judicial del Estado. En 2024 equivalieron al 100% de recursos presentados ante la Corte en 2019 por el total de justiciables.
El funcionamiento de la Corte, resentido por los litigios.
El Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (FORES) publicó el trabajo La industria del juicio. El Estado Nacional como la mayor fábrica de litigios del país, una investigación desarrollada por los Dres. Marcelo de Jesús y María de los Ángeles De Seta Acosta, que toma como base el Anuario Estadístico 2024 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el que se observa un récord histórico: 45.678 recursos (41% más que en 2023), impulsados principalmente por el sector público (56% del total), cuyo principal insumo es el previsional (jubilados y pensionados).
La investigación advierte sobre un virtual colapso de la Corte Suprema, a raíz del exceso de juicios y recursos estatales que recaen sobre el Máximo Tribunal, esencialmente provenientes de la ANSES. El estudio se enmarca en la preocupación manifestada por FORES en su declaración del 29 de enero, que advierte sobre el impacto institucional de la creciente litigiosidad previsional, que distorsiona el rol constitucional de la Corte Suprema, consume recursos escasos y retrasa el tratamiento de asuntos de alta relevancia.
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ANSES representa el 91,6% del conflicto judicial del Estado. Si se suman los organismos previsionales militares, el porcentaje es el 94% de los recursos estatales.
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“Los recursos de ANSES ante la Corte Suprema en 2024 equivalen al total de recursos de todos los justiciables en 2019 -subraya el estudio-. Parece existir una política pública orientada a trasladar costos temporales y económicos al justiciable y al Poder Judicial y diferir los pagos a los gobiernos posteriores”.
Esta situación genera dos grandes peligros institucionales: el desdibujamiento del rol institucional de la CSJN y un potencial (y enorme) desequilibrio para el pasivo de la economía del país. Con respecto al colapso institucional, se percibe que el total de recursos 2020-2024 es casi 150.000 y se pudieron resolver solo 87.000.
Sobre el pasivo conocido, tomando los presupuestos nacionales 2022-2026 actualizados a tasa pasiva, asciende a más de tres billones de pesos ($3.114.479.510.118,25) o 2.170 millones de dólares (dólar oficial a $1.435). Esta cifra no refleja la totalidad del pasivo estatal, sino únicamente el período 2020-2024.
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En cuanto al pasivo oculto, las 62.000 causas sin resolver constituyen un enorme pasivo oculto para los presupuestos que vienen y que, tarde o temprano, habrá que afrontar. El flujo de ingreso de causas, especialmente de la fábrica estatal, supera ampliamente la capacidad humana y material de la Corte Suprema.
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Fores reitera su advertencia: el Tribunal está siendo progresivamente desdibujado en su rol constitucional como intérprete último de la Constitución y garante de la unidad del derecho federal, para convertirse, de hecho, en un revisor de expedientes administrativos masivos.
Este trabajo propone un cambio de paradigma hacia un Estado resolutivo, sustentado en desincentivos a la litigiosidad abusiva, con el fin de recomponer la confianza institucional.
