El fiscal Diego Luciani solicitó hoy una condena de cuatro años de prisión para el ex secretario de Comercio kirchnerista Guillermo Moreno, acusándolo de manipular el índice de inflación en 2007. Luciani lo consideró penalmente responsable de los delitos de abuso de autoridad, falsedad ideológica de un instrumento público y destrucción de documentos oficiales. Además, pidió una inhabilitación de diez años para ejercer cargos públicos. Los jueces del Tribunal Oral Federal 2 que escucharon el alegato fiscal son Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Guillermo Costabel.
“La intervención alteró indicadores cruciales como el IPC que afectó las mediciones de pobreza y estas manipulaciones han llevado a una desconfianza generalizada de las estadísticas oficiales”, manifestó el fiscal al finalizar su alegato. Añadió que “Moreno llevó las riendas de la maniobra” y que “ejerció presiones necesarias para lograr la consumación de los delitos”.
Luciani también acusó a Beatriz Paglieri, exdirectora del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), solicitando para ella la misma pena de cuatro años de prisión y diez años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.
La denuncia que dio origen a este caso fue presentada por la asociación civil “Asamblea por los Derechos Sociales”, la cual señaló que se desplazó a la entonces directora del IPC, Graciela Bevacqua, por negarse a revelar a Moreno los datos de los comercios sobre los cuales se realizaban los estudios de campo para establecer los índices inflacionarios. Esto frenó el supuesto objetivo de “visitar” esas firmas, y Moreno la reemplazó por Paglieri.
Para las ex empleadas del INDEC, Marcela Lucía Filia y María Celeste Cámpora Avellaneda, también implicadas en esta causa, Luciani pidió dos años de prisión en suspenso.
El fiscal que investigó a Moreno en primera instancia, Carlos Stornelli, concluyó que el ex funcionario abusó de su autoridad al designar a personas de su confianza en el INDEC para controlar el IPC y obtener un coeficiente de evolución de la inflación más bajo que el esperado. Stornelli sostuvo que Moreno hostigó a funcionarios para conocer información protegida por el secreto estadístico y, al no conseguirla, los reemplazó por gente de su confianza. El defensor de Moreno en esta causa es Alejandro Rúa.
Más allá de las innumerables muestras de los daños institucionales y sociales que generó la alteración deliberada de un activo vital para la gestión pública y las políticas de desarrollo, la manipulación de las estadísticas del INDEC durante un período tan prolongado ya ha tenido perjuicios directos para las menguadas arcas del Estado nacional.
Por caso, el 25 de marzo pasado el Gobierno debió autorizar un desembolso de 337 millones de dólares a un tribunal londinense en concepto de fianza en el juicio que un grupo de cuatro hedge funds le inició al Estado argentino por haber sido perjudicados en sus tenencias de bonos atados al crecimiento del PBI, otras de los índices alterado adrede durante la gestión kirchnerista.
La sentencia desfavorable en este juicio se decidió ya en abril de 2023, cuando los fondos Palladian Partners, HBK Master Fund, Hirsh Group y Virtual Emerald International Limited obtuvieron una sentencia favorable en su demanda presentada en 2019 en el Tribunal Superior de Londres, en la cual solicitaban una indemnización de hasta 643 millones de euros (USD 704 millones).
El juez Simon Picken falló a favor de los cuatro fondos, determinando en un fallo escrito que Argentina debe pagar 643 millones de euros más intereses. Además, el juez dictaminó que Argentina debía pagar aproximadamente 1.330 millones de euros en relación con todos los valores vinculados al PBI, de los cuales los cuatro fondos poseen aproximadamente el 48%. Esta cifra asciende a casi 1.500 millones de dólares al tipo de cambio actual.
Los demandantes argumentaron que la Argentina tenía una “propensión” a manipular los datos económicos para ahorrarse miles de millones de dólares en pagos a los tenedores de bonos. Susan Prevezer, representante de los fondos, afirmó que las estadísticas económicas fueron “objeto de dirección política” en Argentina bajo la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Los "cupones PBI" y una historia de incumplimientos
Los Valores Negociables Vinculados al PBI fueron instrumentos utilizados en 2005 por el entonces ministro de Economía, Roberto Lavagna, y el secretario de Finanzas, Guillermo Nielsen. Estos valores, conocidos como “cupones PBI”, determinaban pagos a bonistas cuando el crecimiento económico del año superaba el 3%.
El título de deuda, emitido en diversas monedas, fue concebido como un "endulzante" para los bonistas que participaron en los canjes de deuda realizados ese mismo año. La premisa era que la Argentina pagaría más si su economía crecía.
La emisión no ortodoxa presentó dificultades iniciales para ser valuada por sus tenedores, quienes inicialmente no le asignaron valor alguno. Sin embargo, con el tiempo, se convirtieron en uno de los activos favoritos del mercado local gracias al crecimiento a “tasas chinas” de la primera década del siglo.
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No obstante, desde 2012, no se registraron más desembolsos. Los datos del PBI publicados por el INDEC fueron afectados por la manipulación de las estadísticas de inflación desde 2007, desvirtuando el propósito de los cupones.
En marzo de 2014, el entonces ministro de Economía y actual gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, anunció que el crecimiento económico de 2013 había sido del 3%, inferior al 3,2% necesario para que se ejecutara el pago del Cupón PBI en diciembre de ese año, por un total de USD 3.000 millones.
Un mes antes, en febrero, el INDEC sostuvo que la economía había crecido un 4,9% en 2013, según la estimación basada en 1993. Sin embargo, desde el 1° de enero de ese año se aplicó una nueva metodología para calcular el PBI, con base en 2004.
Durante el gobierno de Mauricio Macri, en 2018, se revisaron los datos de crecimiento económico de la gestión anterior y se determinó que en 2013 el PBI creció un 2,4%, también por debajo del umbral que activaba los pagos. Los fondos que demandaron a Argentina se centraron en esos pagos no realizados.
