La provincia de Mendoza busca extender el sistema de “ficha limpia” al ámbito educativo luego de que un docente condenado por abuso sexual regresara a trabajar en una escuela pública y fuera nuevamente denunciado por tocamientos indebidos a sus alumnas. Esta iniciativa, que ya se aplica en el ámbito político provincial, pretende impedir que personas con antecedentes penales por delitos graves trabajen en instituciones educativas.
El gobierno mendocino, encabezado por Alfredo Cornejo (UCR), presentó un proyecto de ley en el Senado provincial para implementar la ficha limpia en docentes, administrativos y celadores. La propuesta modifica artículos del Estatuto del Docente, estableciendo que quienes hayan sido condenados a penas privativas de la libertad, aunque la sentencia sea en primera instancia y con pena en suspenso, no podrán desempeñarse en el ámbito educativo.
Asimismo, el proyecto establece que los condenados por ciertos delitos no podrán regresar al aula bajo ninguna circunstancia, independientemente de haber cumplido su condena o recibido beneficios como indultos o conmutaciones de pena. Entre los delitos contemplados se encuentran: abuso sexual, corrupción de menores, tráfico de material de abuso infantil, explotación sexual, exhibiciones obscenas, privación ilegítima de la libertad con agravantes en víctimas menores, grooming y acoso digital.
Un caso que evidenció vacíos legales
El detonante de esta medida fue el caso ocurrido en octubre de este año en la escuela Tomás Alva Edison, en Guaymallén, donde un docente de quinto grado fue denunciado por abuso sexual por parte de sus alumnas. Días después, se descubrió que el maestro ya había sido condenado en 2017 a una pena de tres años en suspenso por un delito similar. A pesar de ello, pudo reingresar al sistema educativo debido a vacíos legales.
Hugo Efraín Oyola Amaya, de 59 años, presentó un certificado de antecedentes penales al momento de tomar su nuevo cargo, donde constaba su condena, pero no detallaba el tipo de delito. Según explicó Daniela García, jefa de gabinete de la Dirección General de Escuelas (DGE), la institución no investigó más allá de este documento, lo que permitió que el docente fuera contratado nuevamente.
"Cuando fue imputado en 2017, se lo inhabilitó para dar clases, pero al no ser titular y por un vacío legal, pudo regresar al sistema educativo", detalló García, quien ahora promueve esta nueva legislación para evitar que situaciones similares se repitan.
Creación de un registro único
El proyecto también incluye la creación del Registro Único de Sumarios, Sanciones e Inhabilitaciones (RUSSI), que dependerá de la DGE. Este sistema permitirá monitorear y registrar las sanciones aplicadas al personal docente y administrativo, reforzando los controles para garantizar la seguridad en el ámbito escolar.
Trámite legislativo
La propuesta ingresó esta semana a la Legislatura provincial y el oficialismo busca aprobarla antes del receso de fin de año, con el objetivo de aplicarla a partir del próximo ciclo lectivo. Con mayoría en ambas cámaras legislativas, el radicalismo espera que la ley sea sancionada rápidamente, asegurando que las personas condenadas por estos delitos queden inhabilitadas de por vida para trabajar en entornos educativos.
Con esta medida, Mendoza reafirma su compromiso de garantizar espacios seguros para la comunidad educativa y de cerrar las brechas legales que permitieron situaciones de reincidencia tan graves como la que originó este debate.
