Por la causa que investiga la Justicia, el intendente Fernando Moreira tiene prohibido salir del país
La Policía Federal Argentina (PFA) llevó a cabo un nuevo allanamiento este miércoles en la sede de la municipalidad de San Martín, siguiendo las órdenes de la jueza federal Alicia Vence, quien investiga un caso similar al que involucra a Julio “Chocolate” Rigau en La Plata.
Agentes de la División Antifraude de la PFA llegaron al edificio gubernamental en busca de legajos de empleados. Fueron recibidos por Ramón Fernando Vidal, subsecretario de Control Legal y Técnico de la comuna. Durante el operativo, incautaron 450 registros y recibos de sueldos, aunque no pudieron acceder a algunos documentos específicos solicitados por la jueza, ya que se encontraban en otra ubicación. La jueza ordenó que estos documentos sean entregados en un plazo de 48 horas.
La investigación se inició cuando se descubrió que un empleado del Concejo Deliberante de San Martín cobraba utilizando tarjetas de crédito de supuestos trabajadores municipales inexistentes. El caso comenzó en diciembre pasado tras una denuncia de un hombre que afirmó haber dejado de percibir un plan social del Ministerio de Desarrollo Social porque estaba registrado como empleado municipal con un salario de 300 mil pesos. Sin embargo, el denunciante negó haber trabajado para la comuna.
La jueza Vence está revisando un listado de nombres en situaciones similares y, al inicio de la investigación, se detectó la posible existencia de 10 "empleados fantasmas" con salarios de $300.000. Actualmente, se sospecha que esta cifra podría ascender a alrededor de 800 personas.
La investigación reveló que un empleado del municipio de San Martín manejaba varias tarjetas de débito y retiraba dinero de supuestos trabajadores en un cajero cercano al Concejo Deliberante. Según la agencia Noticias Argentinas, individuos que no tenían conocimiento de estar empleados por el municipio figuraban como tales y sus salarios eran cobrados fraudulentamente.
Voceros de la municipalidad intentaron minimizar la situación: "Son solo 2 tarjetas, no es un sistema ni un método, ni nada que se le parezca". Además, aseguraron que "el municipio es el principal interesado en que se esclarezca el hecho".
En mayo, la jueza Vence impuso una prohibición de salida del país al intendente Fernando Moreira y a otras cuatro personas: José María Fernández, Héctor Rey, Lorena Altamira y Marta Beatriz Pastor, quienes serían empleados del municipio. Además, se les ordenó presentarse en el juzgado del 1 al 5 de cada mes.