La jueza federal Alicia Vence ordenó el allanamiento de la Municipalidad de San Martín en el marco de una investigación iniciada en diciembre de 2023. La investigación se originó a partir de la denuncia de una persona que descubrió que se le había suspendido su plan social porque figuraba como empleado de la municipalidad de San Martín, pese a que, según la presentación judicial, nunca había ejercido tales funciones.
La Justicia ha confirmado hasta ahora dos casos de personas que aparecían en los registros como empleados municipales sin haber desempeñado dichos cargos. Además, se está investigando una lista de diez nombres que también podrían ser empleados fantasma, que cobraban salarios de $300.000. En paralelo, la investigación detectó a una persona con varias tarjetas de débito en un cajero cercano al Concejo Deliberante, retirando dinero.
Embed - Investigan un caso Chocolate en San Martín: cobraban sueldos de empleados fantasma
Con base en estas pruebas, la jueza Vence ordenó a la Policía Federal realizar operativos en las áreas de Tesorería y Recursos Humanos de la intendencia de San Martín. Este caso recuerda al de Julio "Chocolate" Rigau, el puntero platense que utilizaba 48 tarjetas de débito de empleados fantasma de la Legislatura local, caso que fue revelado por el programa Somos Buenos, de TN.
Prohíben al intendente salir del país
El pedido de allanamiento también incluyó la orden de que el intendente de San Martín, Fernando Moreira, no salga del país. Moreira, quien políticamente responde a Unión por la Patria, es la mano derecha de Gabriel Katopodis, a quien sucedió en la intendencia cuando este fue designado Ministro de Obras Públicas en la gestión de Alberto Fernández.
“El personal de la División Antifraudes de la Policía Federal en gran cantidad está trabajando en el sector de la tesorería del Palacio Comunal. Se ha dispuesto la prohibición de salida del país de varias personas”, informó el periodista Marcelo Peláez desde San Martín.
Hasta el momento, se están revisando los legajos del personal y cotejándolos con los nombres de personas que también cobraban planes sociales y a las cuales se les retiraron dichos planes tras descubrirse que figuraban como empleados municipales. Estas personas, por otra parte, desconocían completamente haber sido contratadas por la municipalidad.
