El Gobierno nacional reglamentó este lunes el cálculo de los aportes y contribuciones sindicales establecido en la reforma laboral y determinó que la base sobre la que se liquidan no podrá incluir conceptos extraordinarios como horas extras, bonos, premios o el aguinaldo.
La medida fue oficializada mediante el Decreto 612/2026, publicado en el Boletín Oficial, y forma parte de la implementación de la Ley de Modernización Laboral. Según el Ejecutivo, el objetivo es brindar mayor claridad sobre el alcance de la normativa vigente y evitar interpretaciones que incrementen los costos laborales.
Qué conceptos integrarán la base de cálculo
La reglamentación establece que los aportes previstos en las convenciones colectivas deberán calcularse únicamente sobre el salario básico convencional correspondiente a la categoría del trabajador, más las sumas remunerativas normales, habituales y de pago mensual.
En cambio, quedarán expresamente excluidos de esa base los siguientes conceptos:
- Premios y bonos.
- Participación en las ganancias.
- Horas extras.
- Sueldo Anual Complementario (aguinaldo).
- Plus vacacional.
- Sumas no remunerativas.
- Cualquier otro concepto que no sea abonado de manera normal, habitual y mensual.
Con esta precisión, el Gobierno busca unificar el criterio para la liquidación de los aportes y limitar la inclusión de conceptos extraordinarios que, según entiende, encarecen el costo laboral.
Más controles del Gobierno sobre los fondos sindicales
El decreto también ratifica que las contribuciones que los empleadores acuerden en favor de los sindicatos deberán destinarse exclusivamente a obras de carácter social, asistencial, previsional o cultural que beneficien directamente a los trabajadores.
Además, incorpora mayores exigencias de administración y transparencia. En ese sentido, dispone que esos recursos deberán gestionarse de manera diferenciada del resto del patrimonio sindical, con una contabilidad específica que permita identificar y seguir el destino de los fondos.
Un paso más en la reforma laboral
Desde el Ejecutivo sostuvieron que estas precisiones buscan otorgar "certeza respecto del alcance de las disposiciones vigentes y asegurar su adecuada aplicación, contribuyendo a su efectivo cumplimiento", especialmente de cara a la homologación de nuevos acuerdos colectivos.
La reglamentación se suma a la implementación de la reforma laboral impulsada por el Gobierno, que apunta a modificar distintos aspectos del funcionamiento del mercado de trabajo y de las relaciones entre empresas, trabajadores y organizaciones sindicales.
