Del 22 al 25 de mayo, se llevó a cabo en Palermo, Italia, una serie de “Encuentros de estudio y coordinación sobre el narcotráfico internacional”. Este congreso reunió a funcionarios judiciales y fiscales para abordar la problemática de la expansión de la mafia italiana a nivel global. El evento, realizado en homenaje al juez Giovanni Falcone, quien intentó desmantelar la Cosa Nostra y fue asesinado en 1992, fue organizado por el Estado italiano y la Unión Europea.
Una destacada delegación argentina participó en el congreso. Entre los asistentes se encontraban Diego Iglesias y Matías Álvarez de la PROCUNAR, el área de la Procuración que investiga delitos relacionados con el narcotráfico, así como el procurador porteño Juan Bautista Mahiques. También fueron parte Néstor Barral, juez federal de Morón, conocido por su participación en causas de corrupción y narcotráfico; Eduardo Ezequiel Casal, procurador general de la Nación interino; Pablo Yadarola, juez en lo Penal Económico; y el titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), Diego Velasco.
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La Argentina no está exenta de la problemática de la expansión de la mafia. En julio de 2020, se detuvo a un grupo de hombres acusados de pertenecer a la 'Ndrangheta, la mafia calabresa, radicados en el país. Uno de los implicados, Giovanni Di Pietro, alias “Massimo Pertini”, estaba siendo buscado por el secuestro del hijo de un empresario, quien finalmente fue hallado muerto tras 21 días de cautiverio con cuatro balas en la espalda. Sorprendentemente, Giovanni tenía un DNI argentino con su nombre real y un número de identificación de 95 millones, pero no poseía tarjetas ni cuentas bancarias a su nombre.
El ex comisario general de la PFA, Alejandro Ñamandú, desempeñó un papel clave en el abordaje reciente de este problema. Encabezó la Superintendencia de Investigaciones Federales y fue el creador de la Unidad Antimafia de la PFA. Además, fue condecorado por la Embajada de Italia hace dos semanas.
El congreso no solo consideró a la Cosa Nostra en sí misma como una amenaza, sino también su modelo. Se discutió la experiencia en Ecuador y, en menor medida, en Rosario, donde se mezclan la venta de drogas, el sicariato y el terror político. Según el programa del evento, “la violencia del crimen organizado relacionado con las drogas en América Latina no conoce límites”, y se plantea un modelo mafioso similar al ala extremista de la Cosa Nostra en Italia durante la década de 1990.
La intervención de Juan Bautista Mahiques
El procurador Juan Bautista Mahiques, presidente de la Asociación Mundial de Fiscales, pronunció un discurso ante los funcionarios en el congreso de Palermo. Su presentación se tituló “La cooperación judicial con los Países de América Latina: el punto de vista latinoamericano”.
A continuación, un fragmento de su intervención:
“La criminalidad organizada representa un desafío sin precedentes a nivel mundial. Este tipo de delincuencia fomenta la violencia, corrompe instituciones y socava el desarrollo económico y social de las comunidades afectadas.
Con el avance de la globalización, este fenómeno criminal se ha intensificado y complejizado. Las mejoras en la conectividad han contribuido a que las organizaciones delictivas expandan sus actividades ilícitas más allá de las fronteras y operen de forma cada vez más coordinada a nivel transnacional. Todo ello ha obstaculizado enormemente la labor de las autoridades locales abocadas a su persecución penal.
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En el contexto de la región europea y la latinoamericana, la tras nacionalidad de este fenómeno se ha evidenciado particularmente en materia de tráfico internacional de estupefacientes. Un buen ejemplo de ello es el caso de la triple frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay, que hace ya largo tiempo se ha caracterizado por la confluencia de diferentes actividades ilícitas, entre las que se destacan, además del tráfico de drogas, el contrabando y el tráfico de armas.
Las diferencias en los marcos legales dificultan la extradición de sospechosos, la coordinación de investigaciones y el intercambio de información entre jurisdicciones. Esta heterogeneidad, además, crea lagunas de punibilidad, que benefician a las organizaciones criminales y les permite evadir a la Justicia.
Pese a ello, en el último tiempo se han dado pasos importantes en miras de armonizar las regulaciones de las diferentes regiones. Un buen ejemplo de ello es la modificación de las legislaciones locales para cumplir con los estándares internacionales establecidos en las recomendaciones del grupo de acción financiera internacional (GAFI), especialmente, en materia de lavado de dinero y decomiso de activos”.
