22 de mayo 2024
21 de marzo 2024 - 16:50hs

Con el objetivo puesto en apagar un nuevo escándalo que expuso contradicciones en el discurso anticasta, el presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel instaron a la senadora libertaria Vilma Bedia para que despida a los familiares que contrató en distintos cargos en la cámara Alta.

Este tema fue discutido en profundidad durante la reunión mantenida este jueves por la mañana entre el Presidente y la Vicepresidenta. "Se tomarán medidas con respecto a todos los familiares", fue el mensaje transmitido desde el círculo cercano al mandatario. Aunque el Presidente declaró el miércoles a través de sus redes sociales que el asunto estaba resuelto con un escueto "Tema arreglado", para el mediodía del jueves, los nombramientos aún no habían sido revocados.

Bedia, quien además de ser pastora evangélica representa a La Libertad Avanza por la provincia de Jujuy, cuenta con 15 personas contratadas en su despacho, entre las cuales se incluyen familiares directos. Sus hijos Joel Benjamín Mamani y José Abner Jair Mamani ocupan cargos con categorías A1 y A3, con sueldos brutos de $1.409.962 y $1.011.168 respectivamente.

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Asimismo, su sobrina Daiana Ester Llanes está empleada de manera permanente en el Senado. Por otro lado, su nuera Mirta Araceli Silsque ostenta un contrato temporario con la categoría A-8 y un sueldo que ronda los 510.000 pesos.

En los despachos de otros senadores también se encuentran empleados con el apellido Mamani, como es el caso de Ivanna Arrascaeta (San Luis), donde trabaja otro hijo de Bedia, Pablo Mamani, con categorías A1 y A4. Además, en el despacho del senador riojano Juan Carlos Pagotto, con categoría A6, figura Daniel Ricardo Bedia, hermano de la senadora de Jujuy.

La presión para rescindir los contratos proviene de diversas instancias, tanto desde Casa Rosada como desde la presidencia de la Cámara, a cargo de Victoria Villarruel, y la jefatura del bloque de LLA en el Senado, bajo la responsabilidad de Bartolomé Abdala. Todos coinciden en que, a pesar de estar dentro del marco legal, estas contrataciones no concuerdan con el discurso promovido durante la campaña libertaria.

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