Desde hace casi 16 años, los argentinos aportan con el pago de sus impuestos a una sociedad de actores y compositores que es administrada por figuras identificadas con el ultrakirchnerismo, como Pablo Echarri, Jorge Marrale, María Fiorentino, Mora Recalde, Alejandra Flechner, Jorge D'Elía, Tomás Fonzi y Andrea Pietra, entre muchos otros.
Lo hacen, la mayoría sin saberlo, cada vez que van al cine, viajan en transporte público o en avión, pagan la tarifa de un hotel y hasta cuando miran imágenes en un televisor en la vidriera de una casa de electrodomésticos o simplemente se toman un café en un bar y observan de reojo las noticias en un televisor.
Esa plata aportada por el bolsillo de los argentinos es recaudada casi en línea por la Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes Asociación Civil (SAGAI), cuyo presidente es el acto Jorge Marrale, y su tesorero, Pablo Echarri.
La SAGAI se había creado en el 2006, ya con el kirchnerismo en el poder, y dos años después, Cristina Kirchner, a través a la resolución 181/2008, convirtió a la SAGAI en una caja multimillonaria.
Entre las numerosas resoluciones que Javier Milei busca adecuar se encuentra justamente la 181, presentada ampulosamente en su momento como de “Propiedad Intelectual”.
A través de esa resolución, se establecieron “derechos retributivos que deberán abonar los usuarios por explotación, puesta a disposición interactiva o comunicación al público en cualquier forma, de las interpretaciones actorales o de danza fijadas en grabaciones audiovisuales y otros soportes”. Es una caja casi infinita, aseguran cerca del gobierno.
En el 2006, mediante el decreto 1914, Cristina Kirchner otorgó a la SAGAI la “representación dentro del territorio nacional de los artistas intérpretes argentinos y extranjeros referidos a las categorías de actores y bailarines en todas sus variantes, y a sus derechohabientes, para percibir, y administrar las retribuciones previstas en el artículo 56 de la Ley Nº 11.723 (propiedad intelectual) por la explotación, utilización, puesta a disposición interactiva o comunicación al público en cualquier forma de sus interpretaciones fijadas en grabaciones audiovisuales u otros soportes”.
A su vez, resolvió que quedaba autorizada como “entidad única para convenir con terceros usuarios o utilizadores de tales interpretaciones, por su explotación en el territorio nacional, la forma de recaudación y el importe de las retribuciones referidas, así como su adjudicación y distribución entre los actores y bailarines que las hayan generado, con observancia estricta de los principios de objetividad, equidad y proporcionalidad”.
Antes, la SAGAI, apenas se constituyó, había “acercado” los aranceles que pretendía cobrar la nueva sociedad que, como se ve, nació con estrella.
Pablo Echarri, tesorero de la SAGAI, con Cristina Kirchner
Qué dice Jorge Marrale, presidente de la SAGAI
Como era de esperar, los artistas de la SAGAI salieron con los tapones de punta contra la ley ómnibus de Milei. El presidente de esa sociedad, Jorge Marrale, denunció ante la Comisión de Presupuesto de Diputados que “si se aprueba el articulo 350 de la ley ómnibus, se verán afectados nuestros cobros por derechos de propiedad intelectual”.
Explicó a los diputados que “este proyecto debilita los derechos de los actores en el extranjero, también desaparecería la redistribución de recursos y nuestro colectivo sufre la desfinanciación”.
“Este artículo de la ley ómnibus propone la desarticulación de las entidades de gran prestigio internacional y es un fin del Estado proporcionar financiamiento a la cultura”, aseveró Marrale.
Incluso, alertó que si prospera la ley ómnibus con ese artículo 350 “está en juego el patrimonio y la identidad”.
Qué cambia con el nuevo proyecto
El proyecto mileísta pone en cabeza de la Dirección Nacional del Derecho de Autor determinar las asociaciones que a los efectos de esa gestión colectiva puedan representar a los titulares de derechos de este tipo lo que se publicará en cada caso que autorice en el boletín oficial y ante el rechazo solo en su página web.
Agrega que los titulares de estos derechos pueden optar libremente entre afiliarse a una sociedad de gestión colectiva o no, entre ejercer sus derechos patrimoniales en forma individual o a través de esa sociedad, y si optaren por ejercerlo en forma particular las sociedades no podrán intervenir en el cobro de regalías, salvo que los particulares le otorguen un mandato para ello, en cuyo caso los particulares no podrán efectuar el cobro por si mismos salvo que tal mandato se revoque.
La normativa establece en qué casos la Dirección otorgará autorizaciones del art. 95, bajo qué requisitos y cuando puede ser revocada. También se regula el contenido de los estatutos de estas nuevas sociedades, la obligación de presentar saldos y memorias, la prohibición de mantener fondos irrepartibles por más de un año, ya donde irá esa recaudación pasado ese plazo.
Además, agrega la posibilidad de que la Dirección Nacional del Derecho de Autor pueda imponer sanciones a las sociedades de gestión colectiva que infrinjan sus propios estatutos o reglamentos, o que incurran en hechos que afecten los intereses de sus representados, sin perjuicio de las sanciones penales o las acciones civiles que corresponden.
Los actores kirchneristas salieron a cruzar con dureza esta iniciativa, que obtendría dictamen de comisión el martes y se buscaría votar el jueves en el recinto de la Cámara de Diputados.
Con información de NA
