El equipo de abogados liderado por Fernando Burlando estuvo trabajando en la defensa de la familia de Loan Danilo Peña en la investigación sobre su desaparición. Sin embargo, en los últimos días, el caso rodeado de controversia después de que se pusieran a disposición información sobre los flujos de dinero de los hermanos del niño desaparecido, lo que generó una nueva línea de investigación y distrajo la atención de la defensa.
En un momento tenso, el hermano de Loan y el abogado Fernando Burlando se enfrentaron en un programa de televisión, donde el abogado defendió su trabajo y se refirió a las críticas que había recibido. En la discusión, Burlando se mostró irritado y advirtió que no permitiría que “critiquen y digan pavadas” sobre su labor en la defensa de la familia de Loan.
El debate surgió cuando el hermano de Loan, José Peña, y el abogado Fernando Burlando se reunieron para discutir sobre el estado de la investigación en los 70 días desde la desaparición de Loan en Corrientes. La tensión aumentó cuando Burlando tomó la palabra y se dirigió a José, expresando su enojo por las críticas que había recibido.
“Nosotros estamos poniendo un gran esfuerzo. Y no lo hacemos por plata, no nos llevamos ni un peso. No sé otros. Y uno tiene que escuchar críticas. He buscado a Loan como un perro. Yo y todo mi equipo de trabajo”, se defendió el abogado.
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El abogado, conocido por sus polémicas declaraciones, hizo un comentario revelador al manifestar que aquella era la segunda vez que se reunía con José Peña en el marco del caso. Su observación parecía sugerir que la crítica que recibió por su trabajo en el caso había sido inesperada y no justificada.
“José llegó hoy acá al estudio y desde ese momento me vio solamente en una audiencia que tiene que ver con la causa de su hermano, así que no voy a permitir que critiquen y digan pavadas de nuestro trabajo profesional, porque lo estamos haciendo seriamente”, destacó e indicó que su equipo y él "arriesgan su vida" trabajando en el caso. Al mismo tiempo, expresó: “José te lo tengo que decir porque no sé por qué me tengo que fumar una crítica que recién escuché”.
“Estamos trabajando e invirtiendo mucho, y no cobramos un mango y no hay plata de por medio de nuestra parte, no sé los demás. José, perdoname, pero si estás disconforme decime y yo me abro”, siguió.
El hermano de Loan emitió un breve pero significativo comentario, expresando su gratitud por el esfuerzo de “todos los días” del equipo y manifestando que no estaba dispuesto “a correr a nadie del caso”.
Rechazaron el pedido del Gobierno de Corrientes para ser querellante otra vez
La Cámara Federal de Corrientes emitió un fallo decisivo al rechazar la apelación presentada por el fiscal de Estado, Horacio David Ortega, que había intentado que el gobierno provincial fuera considerado como parte querellante en el caso de la desaparición de Loan Danilo Peña, que sucedió el 13 de junio pasado en el paraje Algarrobal.
La noticia se hizo pública el jueves pasado, y en ella se confirmó la decisión adoptada por la jueza Federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo, quien había rechazado anteriormente la solicitud del gobierno de Corrientes, considerando que no reunía los requisitos legales necesarios para ser considerado parte querellante.
La sentencia de 17 páginas destaca que “llevaría a que, frente a ciertos delitos que afectan intereses jurídicos colectivos, cualquier persona podría constituirse en parte querellante, no siendo ésta la voluntad del legislador al establecer los requisitos formales y sustanciales para ser acusador particular de la acción penal”.
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La Sala de la Cámara Federal de Corrientes, integrada por los jueces Mirta Gladis Sotelo, Selva Angélica Spessot y Ramón Luis González, ratificó este jueves su posición al considerar que el Gobierno de Corrientes no puede ser considerado “particularmente ofendido” en este caso.
Según el fallo,“La finalidad de brindar tutela reforzada a los menores está garantizada por los órganos constitucionalmente predispuestos, obrando en el marco de sus roles, competencias y especialidades”.
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En conclusión, se sostuvo que el Estado provincial no puede actuar como querellante debido a la posibilidad de conflicto de intereses, ya que también podría ser considerado demandado civil en caso de que sus dependientes hubieran cometido acciones o omisiones relacionadas con los mismos hechos. De acuerdo con precedentes de la Cámara Federal de Casación Penal, una persona no puede ocupar roles procesales contradictorios en relación con los mismos hechos.
La Fiscalía de Estado de Corrientes había interpuesto un recurso de apelación en contra de la decisión del Juez Pozzer Penzo, emitida el 29 de julio de 2024, que desestimó la solicitud de la provincia para ser parte querellante en un proceso judicial. Esta decisión impidió que la provincia pudiera participar activamente en las investigaciones y tener acceso al expediente del caso.
En ese momento, la jueza responsable del caso rechazó la solicitud presentada por el fiscal Ortega, considerando que carecía de una motivación adecuada. En su fallo, la jueza argumentó que la protección especial a menores estaba ya garantizada por los organismos establecidos constitucionalmente, lo que fue respaldado por la Cámara en su decisión de desestimar la fundamentación de la magistrada.
Una persona realizó 36 llamadas al 911, afirmando que había visto a Loan en la localidad de Gonzales Chaves
El pasado 11 de agosto, un individuo realizó 36 llamadas al 911, informando que había avistado a Loan, lo que desencadenó la respuesta de la Policía. Así, el personal del Gabinete de Investigaciones de Gonzales Chaves y el personal del Centro de Monitoreo Urbano se desplegaron en un operativo en la región sur de la provincia de Buenos Aires.
En virtud de los informes solicitados a las empresas telefónicas y al Servicio de Emergencias, se logró localizar el dispositivo móvil desde el que se realizaron las llamadas. Luego, el fiscal Juan Carlos Ustarroz decidió abrir una investigación para determinar la identidad del autor de la broma y llevar a cabo las correspondientes acciones.
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Como resultado de la investigación, los agentes lograron identificar a Juan Ignacio Rodríguez como el autor de las llamadas. Además, le identificaron una serie de denuncias relacionados con el caso del niño desaparecido. En cumplimiento de la investigación, se llevó a cabo un allanamiento domiciliario en su residencia este miércoles.
En el curso de la investigación, se está acumulando la evidencia necesaria para aplicar una sanción económica a Juan Ignacio Rodríguez, en virtud de la ley contravencional, que prevé penas pecuniarias de entre 4 y 10 millones de pesos para aquellos que realizan llamadas falsas a los servicios de emergencias.
