Demis Hassabis, Sam Altman y Dario Amodei compitieron durante años por liderar la carrera hacia la inteligencia artificial más avanzada. En los últimos dos meses, sin embargo, los tres directores ejecutivos de las empresas que están a la vanguardia del sector —Google DeepMind, OpenAI y Anthropic, respectivamente— publicaron por escrito su propia hoja de ruta para regular a la industria que ellos mismos conducen.
El detonante concreto tuvo nombre y apellido. El pasado 10 de junio, Amodei publicó el ensayo "Policy on the AI Exponential", en el que reclamaba la creación de una agencia con poder para bloquear el lanzamiento de modelos de IA riesgosos. Dos días más tarde, el propio Gobierno de Estados Unidos usó exactamente esa potestad que Amodei venía reclamando: mediante una orden de control de exportaciones, suspendió de un día para el otro el acceso mundial a Fable 5 y Mythos 5, los dos modelos más potentes de Anthropic. La compañía pasó dos semanas y media negociando con el Departamento de Comercio para que le levantaran la restricción, sin que existiera ningún protocolo previo que ordenara ese proceso.
OpenAI tomó nota. Para evitar un desenlace parecido, aceptó restringir el lanzamiento de su modelo GPT-5.6 a socios verificados por el Gobierno, que recién la semana pasada consiguió el visto bueno para su liberación al público general tras negociaciones con las autoridades.
Hassabis fue explícito al respecto cuando presentó su propuesta, el martes pasado: calificó la intervención sobre los modelos de Anthropic como "una llamada de atención" y remarcó que Washington necesita "algo más sólido que directivas improvisadas".
Tres empresas, un mismo diagnóstico
Más allá de las diferencias de matiz, los tres ejecutivos coinciden en un diagnóstico de fondo: los modelos de IA más potentes —no la tecnología en general— requieren pruebas independientes antes de salir al mercado, un organismo que certifique esas pruebas y que Estados Unidos, y no un mosaico de regulaciones estatales o extranjeras, marque el rumbo. Los tres, además, señalan riesgos similares: ciberseguridad, armas biológicas y, en menor medida, capacidades nucleares.
Amodei fue el primero en mover fichas. Propuso un esquema calcado del que rige a la aviación comercial: los modelos que superen determinado umbral de cómputo deberían someterse a pruebas obligatorias de terceros en cuatro áreas —ciberseguridad, armas biológicas, pérdida de control del sistema y capacidad de acelerar investigación en las tres anteriores—. Si la evaluación detecta riesgo inaceptable, el Estado podría directamente bloquear el lanzamiento. "Deberíamos modelar la regulación de la IA sobre agencias como la Administración Federal de Aviación (FAA)", escribió Amodei, en alusión al organismo que certifica que los aviones son aptos para volar antes de que suban pasajeros. Junto al ensayo, Anthropic anunció que respaldará una propuesta legislativa con financiamiento propio, del que trascendió una cifra de 350 millones de dólares.
Altman planteó, en cambio, un organismo de alcance internacional. En una columna publicada el 1º de julio en el Financial Times, el CEO de OpenAI pidió un foro liderado por Estados Unidos —con representantes gubernamentales y expertos técnicos independientes— que fije estándares globales y otorgue acceso a la tecnología solo a los países y empresas que los cumplan. Tomó como modelo a la Agencia Internacional de Energía Atómica (IAEA), el organismo creado tras la Segunda Guerra Mundial para supervisar el uso pacífico de la energía nuclear. "Incluso en momentos de enorme turbulencia internacional esta cooperación fue posible; la IAEA, por ejemplo, nació en los primeros años de la Guerra Fría", escribió Altman, en un intento por mostrar que la rivalidad geopolítica con China no necesariamente clausura la posibilidad de un acuerdo. En paralelo a esta propuesta, trascendió que OpenAI negocia con el Gobierno estadounidense cederle una participación accionaria del 5 por ciento en la compañía, una cifra que algunos medios valuaron en unos 42.600 millones de dólares.
Hassabis, por su parte, presentó el martes el esquema más reciente, bajo el título "A Framework for Frontier AI and the Dawning of a New Age". Su modelo se inspira en la FINRA, el organismo privado que regula a los corredores de bolsa en Wall Street bajo supervisión de la Comisión de Valores estadounidense. Según su planteo, los laboratorios enviarían voluntariamente sus modelos más potentes al organismo hasta 30 días antes de cada lanzamiento, para que un equipo de evaluadores —financiado por la propia industria— examine riesgos de ciberseguridad, biología y capacidad de engaño. Recién cuando el esquema demuestre ser "efectivo y robusto", el sistema podría volverse obligatorio para poder operar en el mercado estadounidense. Hassabis imagina, además, un directorio integrado mayoritariamente por expertos independientes, entre ellos ganadores del Premio Turing.
Las dudas sobre quién gana con la regulación
La propuesta de Hassabis recibió un espaldarazo inusual dentro de una industria marcada por la rivalidad: la elogiaron tanto Altman como Satya Nadella, CEO de Microsoft, y hasta Elon Musk, uno de los críticos más ácidos de OpenAI. Jack Clark, cofundador de Anthropic, la calificó de "excelente" y sostuvo que ya existe consenso en la vanguardia de la IA sobre la necesidad de que terceros testeen los sistemas para nutrir a los organismos de control.
La Casa Blanca, mientras tanto, mantiene una posición ambigua frente al reclamo. En público, el Gobierno de Donald Trump defendió la desregulación y evitó cualquier esquema que se parezca a "una FDA para la inteligencia artificial", con el argumento de no frenar la innovación estadounidense frente a China. En privado, sin embargo, algunos funcionarios admiten que la política de no intervención resultó insostenible: los propios episodios de Fable, Mythos y GPT-5.6 obligaron al Ejecutivo a improvisar dos veces en un mismo verano boreal.
Ahí aparece el costado más cuestionado de las tres propuestas. Las críticas apuntan a que un esquema de certificación complejo termine beneficiando a quienes ya cuentan con los recursos para sortearlo. OpenAI, Google y Anthropic disponen de equipos legales, técnicos y de relaciones institucionales para atravesar sin sobresaltos cualquier proceso de acreditación. Las empresas más chicas y los desarrolladores de proyectos de código abierto, en cambio, enfrentarían una cuesta mucho más empinada. El riesgo, señalan los especialistas, es que reglas pensadas para volver más segura a la IA terminen, en los hechos, consolidando la posición de quienes ya dominan el mercado.
Por lo pronto, la lista de ejecutivos con propuesta propia sigue creciendo: trascendió que Mark Zuckerberg, CEO de Meta, prepara su propio documento con lineamientos para regular al sector.
