El gobierno de Santa Fe anunció una inversión significativa de 107 millones de dólares para construir un complejo penitenciario destinado a presos de “alto perfil”. Estos reclusos son identificados como integrantes importantes de las bandas narco que, incluso desde la cárcel, continúan siendo parte de la violencia que afecta a Rosario.
Siguiendo el ejemplo del proyecto nacional de edificación de cárceles liderado por la ministra Patricia Bullrich, el gobernador Maximiliano Pullaro busca expandir las plazas de alojamiento para presos en la provincia como una estrategia para desarticular la operatividad de los grupos criminales.
Inspirados en la lucha contra las maras del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que incluye una política carcelaria estricta, en Argentina, la construcción de cárceles fue históricamente un tema tabú. Esta postura llevó a la sobrepoblación penitenciaria y al uso de comisarías como alojamientos semi-permanentes para detenidos, incluyendo a aquellos con condenas. Esta situación provocó frecuentes fugas y obligó a la policía a custodiar calabozos colapsados, una escena común en varios distritos.
En Santa Fe, alrededor de 1700 personas privadas de libertad permanecen en comisarías debido a la falta de plazas penitenciarias. Las autoridades provinciales estiman que esta situación podría resolverse en dos años, tiempo en el que se espera que el nuevo complejo penitenciario entre en funcionamiento. Este se construirá en Piñero, al lado de la actual Unidad Penal N° 11.
La construcción de una nueva cárcel para combatir a los narcos de Rosario
Según el proyecto del gobierno santafesino, la nueva construcción permitirá albergar a 1152 reclusos en celdas individuales. El diseño del complejo se asemejará a cuatro mini penales, cada uno con sus propios módulos y centro de comando y control. El perímetro estará protegido por un doble muro vigilado desde 24 torres. Este refuerzo de seguridad es crucial, considerando la fuga que ocurrió en la cárcel de Piñero en 2021, por la cual recientemente se dictaron condenas de hasta nueve años para los evadidos y su grupo de apoyo externo.
“Va a ser uno de los establecimientos penitenciarios de mayor seguridad en América Latina”, afirmó el ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, durante la presentación del plan del Centro de Reclusión para Internos de Alto Perfil.
El lunes pasado, Cococcioni participó en Mendoza, junto a sus homólogos de todas las provincias, en la reunión del Consejo de Seguridad Interior. El Gobierno estuvo representado por la ministra Bullrich, el ministro de Defensa, Luis Petri, y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. En el encuentro, Bullrich ofreció que el Servicio Penitenciario Federal está disponible para recibir presos especialmente conflictivos, lo cual podría ayudar a reducir la violencia en las provincias.
“Cualquier provincia que tenga ese tipo de detenidos que generan un problema de dominio en la cárcel provincial, el Servicio Penitenciario Federal y nuestra Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios –a cargo de Julián Curi– están dispuestos a llevarse a esos presos a los sistemas de alto riesgo para sacarles el poder, no permitirles el uso del dinero, ni que sigan utilizando teléfonos y las familias o a los amigos que los van a visitar. Aislarlos significa realmente avanzar en el delito que queremos combatir”, explicó Bullrich a los ministros provinciales de Seguridad.
El caso de Santa Fe es especialmente complicado, sobre todo en Rosario. La secretaria de Asuntos Penales de Santa Fe, Lucía Masneri, indicó que en la provincia “hay casi 600 internos de alto perfil, pero el número viene creciendo de manera exponencial”.
Aunque los principales líderes de organizaciones criminales, como Ariel “Guille” Cantero y su rival Esteban Alvarado, están aislados en cárceles federales de Marcos Paz y Ezeiza, muchos de sus segundos al mando, que controlan territorios de venta de drogas, permanecen en penales provinciales por condenas o procesamientos relacionados con homicidios, balaceras, lesiones o extorsiones bajo la justicia santafesina. La gravedad del problema en Rosario llevó a Pullaro a optar por la construcción de nuevas cárceles.
El nuevo centro de reclusión alojará a “aquellos reclusos que forman parte, principalmente, de organizaciones narcocriminales o quienes generan extorsiones, que tengan que ver con bandas que se encuentran activas y aún dan órdenes hacia afuera, y que tienen recursos económicos y humanos para continuar su gesta delictiva”, explicó la subsecretaria Masneri.
El gobierno provincial ha intensificado este año el control interno del penal de Piñero, que tiene una sobrepoblación de alrededor del 40%. Esta situación ha convertido en estratégica la construcción de un nuevo complejo penitenciario.
Además de las requisas más intensivas en los pabellones, se sumó la presencia de fuerzas federales en operativos de vigilancia en los barrios más violentos. Esta presión conjunta dio resultados iniciales positivos, con una disminución del 68% en homicidios en esos sectores en comparación con el año pasado y una caída del 57% en el total de asesinatos en la ciudad, según cifras oficiales.
