El caso de la adolescente asesinada expone cómo la falta de control digital sobre los menores puede costar vidas. Una alerta que nadie quiere escuchar.
La tecnología de la información y las comunicaciones transformó radicalmente la forma en que vivimos. Se ha convertido en una influencia innegable —para bien y para mal—, especialmente en lo relativo a la tecnología móvil y las redes sociales.
El cambio se acelera constantemente y todo ocurre cada vez más rápido, aunque la capacidad de resiliencia de la sociedad no avanza al mismo ritmo. En todo el mundo, los dispositivos móviles dominan el tiempo de conexión diaria; en cualquier lugar, a cualquier hora y desde cualquier dispositivo. Una de cada tres personas revisa su teléfono, de manera consciente o compulsiva, más de 100 veces por día; es decir, una vez cada diez minutos, sin contar las horas de sueño. Entre los menores de 25 años, el 25 % lo consulta unas 150 veces diarias, esto es, una vez cada siete minutos.
Las plataformas digitales han realizado un trabajo extraordinariamente eficaz para captar y retener la atención de los usuarios. Han logrado convencerlos de compartir allí prácticamente toda su vida, incentivándolos a divulgar contenidos personales y privados, promoviendo la idea de que la identidad puede construirse en ese ámbito y que las relaciones humanas deben desarrollarse y validarse dentro de esos ecosistemas.
El alcance global, la velocidad de producción y circulación de contenidos, el anonimato y las dificultades para implementar controles efectivos han consolidado nuevas amenazas sociales, que van desde el ejercicio de la violencia digital hasta la creciente libertad de acción de menores y adolescentes sin supervisión alguna.
Los relevamientos de nuestro Centro de Estudios en Ciberentornos y Sociedad Digital indican que una de cada cinco niñas y mujeres jóvenes abandonó o redujo significativamente el uso de una red social tras haber sido víctima de ataques o agresiones. Desde allí se ha recomendado hasta el cansancio a padres, madres, adultos responsables y cuidadores que verifiquen si los menores poseen más de un teléfono celular o dispositivo móvil, así como también la existencia —cada vez más frecuente— de múltiples cuentas de Instagram o TikTok, incluso situaciones en las que los propios progenitores se encuentran bloqueados por sus hijos.
Hoy es habitual que menores de edad dispongan de varios dispositivos y que sus familias lo desconozcan.
Agostina Vega tenía numerosos perfiles en redes sociales, incluyendo múltiples cuentas de TikTok e Instagram. La adolescente de 14 años utilizaba distintas identidades digitales en estas plataformas. Todo ese contenido podría convertirse ahora en una herramienta clave para la Justicia y los investigadores, a fin de reconstruir su huella digital y rastrear las interacciones que mantuvo con distintas personas, incluso con su asesino.
La investigación analiza cámaras de seguridad, comunicaciones, conexiones a antenas, mensajes, celulares y redes sociales para determinar quiénes tuvieron contacto con la joven durante los días previos al crimen. Pero este caso constituye también un punto de inflexión.
A esta altura, insistir en la relevancia de la tecnología en las investigaciones criminales casi resulta obvio. La verdadera pregunta es otra: ¿cuántas niñas podrían estar atravesando en este momento situaciones de manipulación, captación o engaño?
Si realmente no queremos más Agostinas, ¿quién puede negar la necesidad de mantener una vigilancia activa sobre la actividad digital de nuestros hijos? ¿Quién puede discutir la urgencia de elevar la edad de iniciación digital, comprometer a la industria tecnológica, dotar de herramientas a las organizaciones y fortalecer la educación y la concientización de las familias?
Es cierto que, en contextos hostiles marcados por la fragilidad social y la marginalidad, Agostina hubiera igualmente sido una víctima. Pero una alerta temprana podría haber advertido a su entorno y, tal vez, salvarle la vida. Del mismo modo, la existencia de registros efectivos de agresores sexuales podría permitir identificar patrones y prevenir nuevos casos.
La normalización de la violencia en cualquiera de sus formas parece haberse convertido en un hecho consumado. En el entorno digital, sin embargo, los delitos que involucran a menores —desde el envío de contenido inapropiado hasta situaciones de explotación extrema— suelen pasar inadvertidos incluso cuando derivan en las expresiones más traumáticas de la realidad. Solo falta que la burocracia reaccione frente a esta demanda implícita y que la industria tecnológica asuma finalmente su responsabilidad.
Términos como ciberacoso, violencia digital o trolling se han vuelto cada vez más frecuentes. Si bien la agresión online puede dirigirse contra cualquier persona, las investigaciones de nuestro Centro de Estudios muestran que las experiencias de mujeres y menores en Internet son cualitativa y cuantitativamente distintas.
Según datos de Naciones Unidas, las mujeres tienen 27 veces más probabilidades de ser atacadas en línea. Las plataformas digitales son utilizadas cada vez más para perpetrar hostigamiento, seguimiento, extorsión y abuso. Esto incluye desde el monitoreo permanente de perfiles y correos electrónicos hasta agresiones en redes sociales como Instagram, TikTok, Facebook o X, e incluso situaciones más intensas en aplicaciones de citas. También se multiplican prácticas como la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento.
El contenido sexualizado de menores circula de manera alarmante a través de fotografías efímeras, videos impropios para niñas de apenas 12 años, supuestos castings e imágenes de menores en ropa interior, trajes de baño o en situaciones de semidesnudez que forman parte de una dinámica tristemente extendida.
Aunque las plataformas aseguran mantener políticas de tolerancia cero frente a la explotación infantil, muchas cuentas denunciadas como sospechosas continúan activas.
La realidad es que redes sociales como Instagram y TikTok se han convertido en nuevos territorios de caza para abusadores de menores. Una niña haciéndose pasar por modelo adulta; un niño de ocho años expuesto en situaciones degradantes; falsos castings con menores que luego terminan participando en videos pornográficos o abriendo cuentas en plataformas de contenido erótico a cambio de dinero.
Con frecuencia, el mismo usuario que realiza las entrevistas o castings es quien luego facilita el acceso al contenido sexual a través de Telegram y utiliza hashtags compartidos por decenas de perfiles dedicados a difundir material similar.
Estos castings suelen incluir preguntas de contenido sexual y, eventualmente, ofrecimientos de dinero por cada respuesta, incentivando así la futura monetización del contenido. Todo ello ocurre en un contexto donde prácticas como OnlyFans son presentadas, especialmente en países empobrecidos como la Argentina, como una supuesta salida laboral rápida y naturalizada.