El Tribunal Supremo ha dictado la primera sentencia firme de un gran caso de corrupción que afecta de forma directa al Ejecutivo de Pedro Sánchez. En una resolución adoptada por unanimidad de los siete magistrados que integran la Sala, el Alto Tribunal ha impuesto severas penas de prisión para los principales implicados en la trama, confirmando la existencia de una red delictiva que operó en el seno del Ministerio de Transportes.
La sentencia destaca el grave deterioro de la confianza ciudadana en el sistema político que provoca la corrupción, señalando de forma explícita que este tipo de conductas socavan la arquitectura democrática del Estado.
Histórica condena de cárcel para José Luis Ábalos y Koldo García
La resolución judicial impone una pena de 24 años de prisión para José Luis Ábalos, exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE. Por su parte, su exasesor, Koldo García, ha sido condenado a 19 años de cárcel.
Ambos exdirigentes se encuentran internos en la prisión de Soto del Real (Madrid) desde el pasado 27 de noviembre. La Sala ha considerado probado que Ábalos y Koldo García incurrieron en una serie de delitos graves de corrupción continuada, entre los que se detallan de forma específica:
El Tribunal Supremo premia la confesión y colaboración de Víctor de Aldama
En el espectro opuesto de las penas principales, el empresario Víctor de Aldama ha sido condendo a 4 años y medio de prisión. La Sala ha apreciado en su conducta la atenuante muy cualificada de confesión, al considerar que su colaboración con la Justicia ha sido "veraz y real".
Este atenuante —que coincide con el criterio original del fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, pero que la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, impidió solicitar en su momento— ha permitido al Supremo rebajar la pena de Aldama en dos grados respecto a los delitos de organización criminal y delito continuado de cohecho.
Asimismo, la Sala ha acordado la suspensión de la ejecución de la pena de prisión para Aldama debido a su aportación crucial en el descubrimiento de los delitos. Dicha suspensión queda sujeta de manera estricta a tres condiciones:
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No delinquir en el período establecido.
Presentar un informe semestral de actividades ante la autoridad judicial.
Realizar un año de trabajos en beneficio de la comunidad.
Probado el "pelotazo" de las mascarillas y la red de favores en Transportes
La sentencia considera probado que los tres acusados conformaron una organización criminal con un reparto de funciones perfectamente definido para cometer graves delitos de corrupción. El origen de la trama se sitúa en el denominado "pelotazo" de las mascarillas, ocurrido en el peor momento de la pandemia de la Covid-19.
A partir de esa adjudicación, el tribunal detalla que el exministro Ábalos favoreció al empresario Víctor de Aldama a cambio de que este sufragara su alto tren de vida mediante diversas contraprestaciones económicas y patrimoniales:
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Financiación de inmuebles: El pago del piso de lujo de la examante de Ábalos, Jésica Rodríguez, situado en la Plaza de España de Madrid.
Contratos y alquileres: La firma de un contrato de arrendamiento con opción a compra entre Aldama y Ábalos para un piso en Madrid, además del arrendamiento de otras viviendas en Marbella y La Línea de la Concepción (Cádiz), también con opción de compra.
Pagos en metálico: Una remuneración mensual fija de 10.000 euros destinada a cubrir los "gastos fijos" del entonces ministro.
Tráfico de influencias específico: Gestiones directas relacionadas con la emisión de una nota de prensa sobre el rescate de la aerolínea Air Europa y la concesión de una licencia de hidrocarburos.
Contrataciones de allegados: El tribunal también declara probado el enchufe de amigas íntimas del exministro en distintas empresas públicas dependientes de su propio Ministerio de Transportes.
