Un millar de personas afrontó su cuarta noche consecutiva de acampada en la Puerta del Sol de Madrid para protestar contra los desahucios y la crisis de la vivienda. La movilización, impulsada tras el desahucio de Maricarmen Abascal (de 87 años), ha extendido sus tiendas de campaña hacia las calles aledañas de Mayor y Arenal en un ambiente de creciente tensión institucional y social.
Pulso político entre administraciones por el desalojo de la plaza
El Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, ambos gobernados por el Partido Popular, han exigido al Gobierno de España la disolución "inmediata" del campamento argumentando motivos de seguridad. Desde el consistorio madrileño se ha calificado la concentración como un acto "sin ningún tipo de comunicación o autorización" ni medidas de seguridad, advirtiendo de que la "falta de organización" entraña un grave riesgo para una hipotética evacuación que podría acarrear "consecuencias drásticas" para la integridad de los concentrados, viandantes, trabajadores y comercios de la zona.
Por su parte, la Comunidad de Madrid ha remitido un requerimiento a la Delegación del Gobierno otorgando un plazo máximo de 48 horas para dar las instrucciones de desalojo, anunciando que acudirá a los tribunales en caso de no ejecutarse. Frente a estas peticiones, el Gobierno español (PSOE) ha instado a las administraciones autonómica y municipal a respetar el "derecho fundamental de reunión" de los manifestantes.
Fractura legislativa en el Congreso tras la división del "decreto Maricarmen"
En el ámbito legislativo, el paquete de medidas aprobado por el Consejo de Ministros se ha estructurado finalmente en dos reales decretos ley que deberán ser convalidados en un pleno extraordinario del Congreso de los Diputados.
El primer real decreto se centra en la renovación automática de determinados contratos de alquiler. Este texto es el que genera mayor rechazo entre los acampados en la plaza y cuenta con el voto en contra anunciado por Junts.
El segundo real decreto reúne las medidas de mayor acuerdo técnico. Entre ellas se incluyen la suspensión de desahucios a familias vulnerables hasta el 31 de diciembre de 2030, la prórroga de dos años para contratos que venzan antes de 2028, el límite del 2 % a la actualización anual de rentas, la regulación de alquileres de temporada y por habitaciones, la fiscalidad superreducida del IVA al 4 % para vivienda protegida y la habilitación de líneas de avales.
Frente a esta división normativa, la portavoz del Sindicato de Inquilinas, Valeria Racu, así como diversos colectivos presentes en la plaza, han criticado el fraccionamiento del texto original y exigen la aprobación de las medidas "de forma íntegra". Manifestantes en la plaza perciben la maniobra como una vía para convalidar únicamente la parte más "suave" de la norma.
Preparativos antirrepresivos y protocolos ante alertas de seguridad
La jornada estuvo marcada por un cambio en la dinámica interna de la acampada tras la difusión en redes sociales de mensajes amenazantes, entre ellos una publicación de Daniel Esteve (líder de Desokupa) insinuando una incursión nocturna en la plaza. Ante esta situación, los organizadores reestructuraron el espacio y adoptaron medidas preventivas.
En primer lugar, se impartieron pautas de actuación, recomendaciones para colectivos vulnerables y talleres antirrepresivos a cargo del colectivo a favor de la okupación para afrontar posibles sanciones o agresiones.
En segundo lugar, se distribuyó material de protección entre los asistentes, repartiendo mascarillas quirúrgicas impregnadas con limón, gafas, cascos y protocolos para mitigar los efectos del gas pimienta.
Por último, se reorganizó el campamento despejando los pasillos centrales para retirar enseres y habilitar corredores de evacuación rápida, al tiempo que se reforzó el control de los accesos a la plaza.
Durante la tarde también se generaron momentos de alarma al correr la voz sobre la presencia del grupo Núcleo Nacional en las inmediaciones de la calle Alcalá. La Policía Nacional acudió a cortar el acceso y confirmó que la situación estaba bajo control, no registrándose finalmente enfrentamientos en la zona.
El Sindicato de Inquilinas llama a la huelga general y mantiene la protesta
Pese a la inestabilidad meteorológica y la presión institucional, los manifestantes han reafirmado su intención de permanecer acampados "mínimo hasta el viernes", coincidiendo con la convalidación de los decretos en las Cortes.
Durante las asambleas bajo la estatua del Oso y el Madroño, las portavoces del Sindicato de Inquilinas, Alicia del Río y Valeria Racu, han reclamado a los sindicatos mayoritarios la convocatoria de una huelga general para trasladar el conflicto más allá de las acampadas y de las manifestaciones masivas programadas para este sábado.
Los concentrados sostienen que el retorno de Maricarmen a su vivienda tras el desahucio representa una "victoria histórica" que valida la movilización social, vinculando además sus demandas a la protesta contra la precariedad generalizada y el deterioro de los servicios públicos.