Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez declaró por cuarta vez ante el Juez Peinado, en el marco de la investigación por presunta malversación en el nombramiento de su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez estuvo ante el madgistrado una hora antes.
Durante la breve declaración, en la que solamente respondió preguntas de su abogado y duró tan solo 18 minutos, Gómez afirmó que Álvarez, quien está contratada como personal eventual en Presidencia del Gobierno, realizó "de forma excepcional" alguna gestión de carácter privado para su cátedra en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Sin embargo, la esposa de Pedro Sánchez y justificó que estos "favores personales" no tuvieron impacto en las tareas que Álvarez tenía asignadas dentro de sus funciones oficiales.
El caso se centra en el hecho de que Cristina Álvarez, mientras cobraba un salario público, habría llevado a cabo tareas para la cátedra de Gómez, lo que podría haber constituido un uso indebido de recursos públicos.
En tanto, su asesora, Cristina Álvarez, que estuvo ante el juez minutos antes que Gómez, hizo uso de su derecho a no declarar ante el juez.
La cuarta comparecencia de Begoña
Fuela cuarta comparecencia de Gómez ante el magistrado, aunque las anteriores estuvieron relacionadas con otras ramas de la causa. En dos de ellas se acogió a su derecho a no declarar; en la tercera solo respondió a su abogado, el exministro Antonio Camacho, la misma decisión tomada para esta declaración.
La nueva citación llegó después de que el pasado 3 de septiembre el juez ordenara a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil analizar los correos enviados y recibidos por Gómez desde su cuenta oficial en Presidencia, desde julio de 2018 —cuando se nombró a Álvarez— hasta la fecha. También solicitó a Presidencia los nombres de quienes han ocupado la Secretaría General desde entonces y quiénes autorizaron los pagos de la asesora.
Recurso contra el análisis de correos
La defensa de Gómez ha recurrido ante la Audiencia Provincial de Madrid para frenar la orden del juez y evitar que la UCO examine siete años de correos electrónicos y alega que la medida vulnera derechos fundamentales y carece de motivación, al no delimitar el contenido a investigar. También ha recurrido su imputación por malversación, subrayando que no hay justificación para esta nueva declaración tras haber comparecido ya en varias ocasiones.
La denuncia
La investigación arrancó en abril de 2024 tras una denuncia de Manos Limpias que acusaba a Gómez de utilizar su posición como esposa del presidente para favorecer a empresarios, como el también investigado Juan Carlos Barrabés, en licitaciones públicas.
Desde entonces, la causa se ha ampliado con nuevas denuncias por irregularidades en una cátedra de la Universidad Complutense que dirigía la esposa de Pedro Sánchez.
Hasta agosto, Gómez estaba investigada por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo. La imputación por malversación se sumó recientemente, pese a que el propio juez había descartado inicialmente investigar ese delito tanto a Gómez como a Álvarez.
