La acusación popular unificada del denominado "caso Begoña Gómez", liderada por la asociación Hazte Oír, ha presentado su escrito de conclusiones provisionales ante el juez Juan Carlos Peinado. En el documento, la acción popular exige una pena de 13 años de prisión para la esposa del presidente del Gobierno por los delitos de tráfico de influencias y malversación de caudales públicos, en sus modalidades continuada y agravada, de cara al juicio que se celebrará con jurado popular.
Asimismo, la representación procesal solicita seis años de cárcel y 15 años de inhabilitación absoluta para su asesora en el Complejo de la Moncloa, Cristina Álvarez, a quien señala como cooperadora necesaria en el desvío del software de la Universidad Complutense de Madrid (UCM).
Esta fase del procedimiento se produce después de que la Audiencia Provincial de Madrid avalase que Gómez sea juzgada por un jurado popular por los delitos de tráfico de influencias y malversación de fondos públicos, si bien el tribunal corrigió al instructor y excluyó de la acusación los delitos de corrupción en los negocios y apropiación indebida, obligando a las partes a reformular sus escritos de acusación o defensa.
Las penas solicitadas para Begoña Gómez y su asesora en Moncloa
En el desglose de las penas, la acusación exige para Begoña Gómez dos años de cárcel por el delito de tráfico de influencias. La parte acusadora sostiene que la investigada se prevalió de su condición de "primera dama" para lograr que la UCM creara la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva y fuera nombrada su máxima responsable, a pesar de no contar con una licenciatura universitaria ni haberse sometido a un proceso abierto y competitivo de selección académica.
A esta petición se suman tres años de encarcelamiento por un delito de malversación continuada, al atribuirle el destino a fines privados del trabajo de su asistente pública, quien percibió más de 364.000 euros en nóminas a cargo del Estado, además de la imputación de un delito de malversación agravada relacionado con la gestión de la cátedra.
Por su parte, la acusación imputa a Cristina Álvarez la realización de gestiones privadas desde su cargo en Presidencia del Gobierno en favor de los intereses profesionales de la esposa del presidente. Entre las actuaciones señaladas figuran la participación en reuniones y el envío de correos electrónicos, algunos de ellos desde la cuenta institucional de Moncloa, orientados a la financiación de la cátedra extraordinaria.
El origen del software de la UCM y el giro profesional de la investigada
El escrito de la acusación subraya que, tras la llegada de Pedro Sánchez a la Presidencia del Gobierno, la investigada dio un giro radical a su trayectoria profesional, asumiendo la dirección del IE Africa Center e impulsando la creación de la cátedra en la UCM.
Respecto al desarrollo tecnológico del proyecto, la acusación sostiene que Begoña Gómez se apropió indebidamente del software diseñado para el máster adscrito a la cátedra extraordinaria. Según el documento, esta actuación le permitió disponer de un activo tecnológico y relacional de alto valor sin asumir su coste real de mercado, obteniendo un beneficio proyectado sobre una herramienta y metodología susceptibles de aprovechamiento económico y profesional en el ámbito privado.
Solicitud de declaraciones de Pedro Sánchez, Félix Bolaños y Juan Carlos Barrabés
Para la vista oral ante la Audiencia Provincial de Madrid, la acusación popular ha propuesto un abanico de declaraciones testificales clave para esclarecer los hechos. En primer lugar, se solicita la declaración de Pedro Sánchez para ser interrogado sobre el uso del complejo de La Moncloa como ámbito relacional de los proyectos de la cátedra extraordinaria dirigidos por su cónyuge.
En segundo lugar, se requiere la testifical del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, para aclarar las circunstancias concretas que rodearon la contratación de Cristina Álvarez como alto cargo de Presidencia. Asimismo, se pide la comparecencia del empresario Juan Carlos Barrabés, quien ha quedado fuera del banquillo de los acusados en esta causa, para abordar su relación profesional con Gómez, las reuniones mantenidas en Moncloa y su colaboración en el máster y la cátedra.
Finalmente, la acusación propone la citación de otros testigos destacados en la causa, entre los que se incluyen el empresario Víctor de Aldama, el exjefe de gabinete de la Presidencia Iván Redondo y el ex CEO de Air Europa, Javier Hidalgo.
