La decisión sobre si Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, podrá salir de España para asistir a la cumbre de la OTAN y a la graduación de su hija en Londres ha quedado en manos de la exclusividad judicial de un juez sustituto. El titular del Juzgado de Instrucción, Juan Carlos Peinado, quien ordenó recientemente la retirada de su pasaporte, se encuentra actualmente de vacaciones, lo que delega de forma imprevista esta resolución de urgencia.
La defensa de Gómez ha solicitado formalmente un permiso temporal para poder viajar entre el 7 y el 10 de julio de 2026. La petición llega semanas después de que el pasado 20 de junio el magistrado Peinado acordara medidas cautelares severas en el marco de la investigación contra ella.
Un juez sustituto asume la decisión por las vacaciones de Peinado
Fuentes jurídicas han confirmado que no será el juez Juan Carlos Peinado quien resuelva la petición de salida de España de Begoña Gómez. Debido al periodo vacacional del magistrado titular, un juez sustituto —cuyo nombre no ha sido facilitado por el momento— asumirá la competencia y se prevé que dicte una resolución este mismo lunes.
Esta sustitución se produce en un momento clave, a solo un día de la fecha en la que Gómez tiene previsto iniciar el viaje internacional junto a la delegación del Ejecutivo.
Los detalles del viaje: cumbre de la OTAN en Ankara y graduación en Londres
En el escrito remitido al juzgado, la defensa de Begoña Gómez detalla un itinerario dividido en dos paradas institucionales y familiares. La investigada planea volar este martes 7 de julio rumbo a Ankara (Turquía) "con la delegación española y en avión oficial" para acompañar a Pedro Sánchez a la 36ª Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN. Según el letrado, Gómez cuenta con una invitación oficial emitida por la esposa del presidente turco.
Posteriormente, el trayecto de regreso contempla una escala en Gran Bretaña. "La vuelta se realizará vía Londres para poder asistir a la graduación de su hija", especifica el documento de la defensa. Este último tramo se llevaría a cabo en un avión comercial el próximo viernes 10 de julio.
Para dar plenas garantías de control, el abogado argumenta que el traslado se efectuará bajo la estricta vigilancia del dispositivo de Moncloa: "En todo caso todo el viaje se realizará con el equipo de seguridad que acompaña al presidente del Gobierno en todos sus desplazamientos, que por sí solo ya garantiza la absoluta seguridad de todos los desplazamientos de mi representada".
Asimismo, el letrado ha solicitado que se le devuelva temporalmente el pasaporte —comprometiéndose a entregarlo al día siguiente de aterrizar en España— y que la autorización quede registrada de inmediato en el sistema público de Justicia (Siraj) para evitar incidencias en los controles fronterizos.
La Fiscalía respalda la petición frente al rechazo de las acusaciones
El escenario procesal de esta solicitud ha evidenciado posturas encontradas entre el Ministerio Público y la acusación. Por un lado, la Fiscalía apoya la petición de la defensa de Begoña Gómez para que se le levanten temporalmente las restricciones de movilidad.
Por el contrario, las acusaciones populares, lideradas por el colectivo Hazte Oír, han expresado su "oposición definitiva y total" al desplazamiento fuera del territorio nacional. Argumentan que existe un riesgo manifiesto de sustracción a la acción de la justicia por parte de la investigada.
El contexto judicial: apertura de juicio oral y medidas cautelares
La solicitud de viaje se produce en un contexto de máxima complejidad jurídica para la esposa del presidente. El pasado 20 de junio, el juez Peinado dictó un auto en el que acordó la apertura de juicio oral contra Begoña Gómez, su asesora Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés.
En dicha resolución, motivada por la reclamación de las acusaciones populares en la audiencia preliminar celebrada en los juzgados de Plaza de Castilla, se impusieron a Gómez y a Álvarez tres medidas cautelares vigentes:
-
Retirada inmediata del pasaporte.
Prohibición expresa de salir de España.
Obligación de comparecer mediante firmas quincenales en sede judicial.
La defensa ya ha interpuesto un recurso de queja ante la Audiencia Provincial de Madrid solicitando la anulación total de estas medidas cautelares, vinculadas a un procedimiento en el que se dirimen presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación de caudales públicos.
