El paquete de medidas contempla 10.000 millones en créditos ICO y el freno a fondos especulativos, en un clima crispado por la convocatoria de huelga general.
El Consejo de Ministros volvió a aprobar este martes los dos Reales Decretos-Ley en materia de vivienda que resultaron rechazados en el Pleno del Congreso de los Diputados.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reorganiza así su estrategia tras la disolución de las Cortes y el anuncio del adelanto de las elecciones generales, trasladando el debate a la Diputación Permanente.
En este órgano reducido de la Cámara Baja, el bloque gubernamental no requiere del apoyo explícito de Junts para sacar adelante el primero de los paquetes legislativos, en un contexto marcado por la convocatoria inminente de una huelga general por la vivienda y duras críticas por parte de la oposición.
La estrategia del Ejecutivo pasa por someter ambos decretos a la convalidación de la Diputación Permanente del Congreso, órgano compuesto por 69 diputados que mantiene la actividad de la Cámara tras su disolución. En el marco del primero de los decretos, las fuerzas que respaldaron la iniciativa (PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNV y Podemos) suman 35 escaños, superando los 34 votos que aunan el Partido Popular, Vox y Junts.
No obstante, la suerte de la segunda norma es distinta. Este segundo decreto, que regula la renovación automática de los contratos de alquiler, no entrará en vigor hasta que sea convalidado en sede parlamentaria debido a una salvedad introducida por el propio Ejecutivo. El texto enfrenta el rechazo no solo de la formación de Carles Puigdemont, sino también del PNV. Sin el apoyo de los nacionalistas vascos, la iniciativa sumaría solo 34 votos a favor por 35 en contra, lo que impedirá su aplicación definitiva si no se recaban nuevos apoyos.
El paquete de medidas contempla un total de 21 actuaciones destinadas a incrementar la oferta de vivienda, estabilizar los precios de arrendamiento y limitar las operaciones especulativas. Entre las novedades económicas destaca la articulación del mecanismo 'Tu Casa', gestionado a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y dotado con 10.000 millones de euros en préstamos de hasta 50.000 euros para la adquisición de la primera vivienda. Esta línea, de carácter intergeneracional, busca cubrir la falta de ahorro inicial en familias e individuos con ingresos estables.
Adicionalmente, los decretos contemplan:
Fondo de impacto social: Una asignación de 400 millones de euros orientada a proveedores sociales para la promoción de inmuebles destinados al alquiler asequible.
Avales a la construcción: La inyección de 280 millones de euros en avales dirigidos a fomentar la edificación industrializada de viviendas.
Patrimonio público: La adscripción de las fincas residenciales de la Tesorería General de la Seguridad Social a la empresa pública Casa 47 para su incorporación al mercado de arrendamiento asequible.
Deducciones para inquilinos: Medidas fiscales que permiten deducir parte del gasto en alquiler en el IRPF, con un impacto estimado de casi 1.000 euros anuales para arrendamientos medios de 800 euros al mes.
Los nuevos textos endurecen las restricciones sobre la compra especulativa mediante la ampliación del concepto legal de fondo 'buitre' y la reducción de sus supuestos de excepción. En el ámbito fiscal, se supedita el régimen de beneficios de las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (SOCIMI) a su oferta en alquiler asequible, al tiempo que se impone un IVA del 10% a los pisos de uso turístico.
En lo relativo al alquiler de residencia habitual, de temporada y por habitaciones, la normativa obliga a explicitar en toda oferta publicitaria:
El índice de referencia del precio del alquiler en las zonas declaradas como tensionadas.
El límite legal de renta que resulte aplicable.
La condición de gran tenedor del arrendador cuando proceda.
Para los pequeños propietarios, se establecen incentivos fiscales si ofertan inmuebles a precios asequibles y se mantiene la normativa de desahucios, incorporando el compromiso del pago de costas procesales e intereses moratorios por parte de las Administraciones Públicas en los supuestos legalmente previstos.
La suspensión de desahucios a colectivos vulnerables se prolonga hasta el año 2030, acompañada de la prórroga de hasta dos años en los contratos vigentes para inquilinos que se encuentren al corriente de pago.
La aprobación simultánea de estas medidas ha provocado la reacción inmediata de la oposición. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado al presidente del Gobierno de intentar "secuestrar" el Congreso con el fin de aprobar normativas que, a su juicio, atentan contra el derecho constitucional a la propiedad privada.
Por su parte, el jefe del Ejecutivo ha replicado que, ante el rechazo en el Parlamento, su Gabinete no iba a "mirar a otro lado" y ha reprochado a PP y Vox su negativa a intervenir el mercado inmobiliario, además de señalar la falta de aplicación de la ley estatal por parte de la mayoría de los gobiernos autonómicos populares.
Estas actuaciones coinciden en el tiempo con el debate social en torno a la convocatoria de la que podría ser la primera huelga general por la vivienda en España.
Cuestionado al respecto, Pedro Sánchez ha manifestado su respeto por el ejercicio de este derecho constitucional, enfatizando que el problema de la vivienda requiere de una intervención pública continuada que combine regulación con el aumento paulatino del parque público residencial.