El Sindicato de Inquilinas de Madrid ha anunciado que trabaja en la organización de una huelga general por el derecho a la vivienda que se llevará a cabo durante el próximo mes de noviembre. La convocatoria, dada a conocer por la portavoz de la organización, Alicia del Río, llega en un momento de fuerte agitación política, tan solo unas horas después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hiciese pública la disolución de las Cortes Generales y la convocatoria de elecciones generales anticipadas para el domingo 29 de noviembre.
Desde la plataforma en defensa del derecho a la vivienda han asegurado que el calendario del movimiento social no responderá a las dinámicas partidistas ni electorales, situando la protesta e imposición de sus demandas como el eje central de las próximas semanas.
Un movimiento social al margen de la agenda partidista e electoral
La portavoz del Sindicato de Inquilinas, Alicia del Río, ha reafirmado la independencia del colectivo frente al escenario político de las próximas semanas. "Esta lucha no va a esperar a ningún calendario electoral. El horizonte está marcado y es la construcción de una huelga general por el derecho a la vivienda", ha subrayado en comparecencia ante los medios de comunicación.
Del Río ha criticado duramente la labor parlamentaria realizada hasta la fecha, afirmando que las Cortes Generales han permanecido "secuestradas por el rentismo" y acusando a los diputados de legislar para favorecer a propietarios particulares y fondos de inversión. Respecto a la posición del colectivo ante los comicios, ha dejado claro que el sindicato no participará de las "dinámicas electoralistas" propias de los políticos profesionales, manteniendo una hoja de ruta propia guiada por la movilización en la calle.
Contactos con las centrales sindicales y alianzas con otros sectores
La fecha exacta de la movilización de noviembre se confirmará a lo largo de los próximos días. Según ha explicado la representación de la organización, el Sindicato de Inquilinas ya se encuentra formalmente en conversaciones con las centrales sindicales para articular formalmente la convocatoria.
Asimismo, la plataforma ha hecho un llamamiento explícito a la convergencia con otros colectivos y movilizaciones sociales activas en el país, buscando unificar las demandas en torno a los servicios públicos e ingresos. Del Río ha interpelado a las organizaciones de la sanidad, la educación, las pensiones y la lucha salarial para unirse a una movilización que aspira a ser "histórica en este país", bajo la premisa de garantizar que la vivienda funcione como un derecho fundamental y no como "un medio de lucro" o de "lujo para unos pocos".
Las demandas clave: contratos indefinidos, bajada de precios y expropiaciones
El movimiento por la vivienda ha actualizado y ampliado su programa de reivindicaciones, que ya ha sido respaldado en manifestaciones en más de medio centenar de ciudades (54 municipios registrados). Entre las exigencias principales que situarán en el centro del debate público se encuentran:
- Bajada drástica del precio de los alquileres.
- Implantación de contratos de alquiler indefinidos.
- Expropiación de las viviendas en manos de fondos buitre.
Estas medidas rebasan los planteamientos legislativos previos, como el denominado 'Decreto Maricarmen', cuya falta de aprobación provocó críticas del sindicato hacia la inacción del Ejecutivo. Ante la posibilidad de utilizar la Diputación Permanente para rescatar decretos pendientes, la portavocía ha indicado que las peticiones del pueblo "han avanzado" e interpelan de forma directa a todas las candidaturas que concurran al 29N.
Respaldo judicial y continuidad de la acampada en la Puerta del Sol
En relación a la permanencia de la acampada por la vivienda en la Puerta del Sol de Madrid, el Sindicato de Inquilinas ha confirmado que la protesta continuará indefinidamente. La decisión sobre su continuidad recae de forma exclusiva en la Asamblea General de la acampada, órgano que la concibe como "una punta de lanza de contrapoder" ciudadano.
La continuidad de esta ocupación pacífica se produce tras la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) de rechazar las medidas cautelarísimas solicitadas por el Ejecutivo regional de Isabel Díaz Ayuso, que pedía obligar a la Delegación del Gobierno al desalojo inmediato del espacio. Tras esta resolución judicial favorable a la permanencia, desde la organización sostienen que la ola de indignación popular resulta "imparable" y que seguirán ejerciendo presión sin importar las composiciones gubernamentales futuras.