El Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid han cargado duramente contra el Gobierno de Pedro Sánchez a raíz de la acampada instalada en la Puerta del Sol. La protesta, convocada en defensa del derecho a la vivienda y contra los desahucios, culminó tras la marcha del sábado con la instalación de tiendas de campaña y la permanencia de parte de los manifestantes en la plaza, situados frente a la sede del Ejecutivo regional de Isabel Díaz Ayuso.
Desde el Consistorio madrileño, el equipo liderado por el alcalde José Luis Martínez-Almeida acusa a la Delegación del Gobierno y al Ministerio del Interior de una"absoluta negligencia y dejación de funciones" al no intervenir para impedir el asentamiento.
José Luis Martínez Almeida.
Las autoridades municipales sostienen que la situación en el centro de la capital es la "consecuencia directa de la dejación de funciones y la falta de diligencia" del Ejecutivo estatal, e incluso plantean la posibilidad de que existiese una "deliberada decisión de permitir que esto ocurriera".
Por su parte, la Comunidad de Madrid tacha de "ilegal" la actuación del Ministerio del Interior, señalando que las competencias en materia de orden público pertenecen en exclusiva a la Policía Nacional y reprochando a la administración central que busque culpables en lugar de ofrecer soluciones.
Críticas a la retirada de la Policía Nacional y al itinerario de la manifestación
El Ayuntamiento de Madrid subraya que la marcha incumplió los términos legalmente fijados, al discurrir por trayectos no autorizados sin que el Gobierno central tomara medidas al respecto. Asimismo, el principal foco de protesta del Consistorio se centra en el momento en que se montaron las primeras tiendas en la Puerta del Sol. Según la versión municipal, las unidades de la Policía Nacional que se encontraban desplegadas en el lugar "se retiraron de sus emplazamientos" de manera inmediata.
Esta pasividad contrasta con los hechos vividos el pasado miércoles en el paseo de la Castellana durante una protesta improvisada contra el desahucio de una ciudadana llamada Maricarmen, intervención en la que la Policía Nacional cargó contra los manifestantes y disolvió una sentada en la vía pública. Ante esta diferencia de criterio, el Consistorio exige explicaciones para aclarar si la retirada del sábado respondió a una orden directa del delegado del Gobierno en Madrid y por qué se evitó cualquier intervención preventiva.
Los sindicatos policiales denuncian órdenes con criterios políticos
A las denuncias de los Ejecutivos regional y local se han sumado los sindicatos de la Policía Nacional. Las organizaciones sindicales acusan a la Delegación del Gobierno de cuestionar y condicionar el operativo desplegado en la Puerta del Sol, afirmando que los agentes recibieron órdenes directas de sus mandos superiores para no intervenir durante la noche frente a la acampada. Según afirman los representantes policiales, la decisión de no actuar respondería estrictamente a criterios políticos.
Rechazo al intento de derivar el desalojo a la Policía Municipal
Otro de los puntos de fricción es el intento del Gobierno de Pedro Sánchez de trasladar la responsabilidad de la actuación a las fuerzas locales. Desde el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso han criticado abiertamente que el departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska pretenda "lavarse las manos" sugiriendo que sea la Policía Municipal la que lleve a cabo el desalojo de la plaza.
"Lo que está haciendo el Ministerio del Interior es ilegal. Las competencias son de la Policía Nacional", aseveran fuentes del Gobierno de la Comunidad de Madrid, enfatizando que las atribuciones de orden público en el ejercicio del derecho de manifestación recaen legalmente sobre la administración estatal.
Exigencia de soluciones inmediatas y el precedente del 15-M
Para reforzar sus argumentos, el Gobierno municipal de Almeida ha recurrido al precedente histórico del movimiento 15-M. El Ayuntamiento ha recordado que en 2011, cuando la Puerta del Sol permaneció ocupada durante semanas por los "indignados", la organización y coordinación de los desalojos corrió a cargo de la Delegación del Gobierno.
Por todo ello, las dos administraciones madrileñas exigen a la Delegación del Gobierno que no traslade a otros estamentos problemas derivados de su "incapacidad e incompetencia", asuma plenamente sus responsabilidades y adopte de inmediato las medidas operativas necesarias para reponer la normalidad en la Puerta del Sol.
