La Fiscalía de Paraguay imputó un nuevo cargo al expresidente de la República Santiago Peña por un “presunto hecho punible de asociación criminal” por su vinculación con el caso Ueno Bank, junto a otros directivos del Banco Central, entre ellos, el extitular del organismo, Carlos Carvallo.
De esta forma el equipo fiscal amplió la lista de cargos que se le atribuyen al exmandatario desde el inicio de las investigaciones en su contra. Además de este último, ya se lo había imputado por “lesión de confianza”, “producción inmediata de documentos públicos de contenido falso” y “administración en provecho propio”, según indica el diario paraguayo Ultima Hora.
La nueva imputación, además de a Peña y Carvallo, incluye al exsuperintendente de Bancos Holger Insfrán y a los exdirectivos del Banco Central del Paraguay (BCP) Marco Aurelio González Maldonado y Liana Emilce Caballero Krauze y Miguel Ángel Mora, todos ya detenidos por el escándalo del Ueno Bank.
Según señala Ultima Hora, en el escrito fiscal se expresa que los imputados conformaron una estructura organizada y jerárquica dentro del aparato estatal, con el propósito de utilizar el sistema financiero y los órganos de control en beneficio de los intereses del Grupo Vázquez, conglomerado empresarial vinculado a Ueno Bank.
“Para ello, Santiago Peña Palacios habría ubicado y mantenido estratégicamente en los puestos de decisión a personas de su confianza o con vínculos corporativos previos: Carvallo Spalding (ex presidente de Financiera ueno) en la presidencia del BCP; Holger Insfrán en la Superintendencia de Bancos, y Liana Caballero, Miguel Ángel Mora y Marco Aurelio González como miembros del Directorio del ente regulador”, indica el documento de la Fiscalía.
En el texto se cataloga a Peña como “jefe de la estructura”, indicando que actuó desde la Presidencia de la República en beneficio del banco y que mantenía reuniones periódicas en Mburuvicha Róga —la residencia oficial del presidente de la República—, con Miguel Vázquez, presidente de Ueno Bank.
La Fiscalía considera que Peña lideró una estructura que operó mediante un esquema de división de tareas donde cada figura política que integraba la estructura utilizó su investidura para blindar legalmente al grupo empresarial y garantizar la continuidad de la operativa del banco.
Peña, señalan los fiscales, dio directivas públicas e institucionales de no intervenir al banco, “frenando mediáticamente las alertas de insolvencia” de la entidad financiera y recibiendo a cambio dinero. A su vez, indican que durante su tiempo en la Presidencia, el exmandatario consintió que el banco, pese a su insolvencia, intensifique “agresivas campañas comerciales para captar depósitos de nuevos ahorristas hasta el último minuto”.
