La calificadora Fitch Ratings colocó la nota de deuda de largo plazo en moneda extranjera de Paraguay, actualmente en 'BB+', en revisión negativa y retiró la perspectiva positiva. La decisión responde a los posibles efectos de la quiebra de Banco Ueno sobre el sistema financiero, las cuentas públicas, el crecimiento económico y la estabilidad política del país.
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La quiebra de Ueno y sus consecuencias políticas
El 2 de noviembre, el Banco Central de Paraguay (BCP) declaró en resolución a Banco Ueno, el sexto más grande del país, que concentraba el 9% de los depósitos del sistema bancario y tenía alrededor de la mitad de la población adulta entre sus clientes. Según el BCP, el capital de la entidad había caído por debajo de la mitad del mínimo regulatorio tras ajustes por préstamos irregulares entre partes vinculadas.
Las cuentas de los depositantes fueron congeladas inicialmente, lo que provocó protestas. Posteriormente, las autoridades avanzaron en su transferencia a otros bancos.
La crisis también tuvo consecuencias políticas. El presidente Santiago Peña fue destituido debido a sus vínculos con la empresa matriz del banco y el exvicepresidente Pedro Alliana asumió la presidencia hasta el final del mandato, previsto para agosto de 2028. Además, se iniciaron investigaciones penales y fueron arrestados ocho ejecutivos de Ueno.
Fitch señala que, por el momento, no prevé riesgos más amplios para la estabilidad financiera, debido a la solidez de la solvencia y la liquidez de los demás bancos de importancia sistémica. Sin embargo, seguirá de cerca la confianza de los depositantes, la calidad de los activos del sistema bancario y la gestión de la resolución de Ueno.
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El impacto fiscal y los riesgos para el crecimiento
Uno de los principales riesgos identificados por Fitch es el posible impacto fiscal de la resolución del banco. Según datos de setiembre del BCP, el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) de Paraguay cuenta con activos por US$ 1.600 millones, aunque esa cifra se reduce a US$ 900 millones si se excluyen los bonos del sector público, cuya liquidación podría resultar difícil en el reducido mercado local.
Los recursos disponibles son suficientes para cubrir los depósitos asegurados de Ueno, que ascienden a US$ 900 millones. Esa cifra representa el 30% del total de los depósitos del banco, que alcanzaban los US$ 2.900 millones, y cubre al 97% de sus depositantes.
Los depósitos no asegurados suman US$ 2.100 millones. De ese total, unos US$ 900 millones corresponden al sector público, incluidas las empresas hidroeléctricas binacionales. Aproximadamente la mitad de ese monto pertenece al Instituto de Previsión Social (IPS). Los restantes US$ 1.200 millones corresponden a entidades privadas.
Fitch advierte que el gobierno podría verse presionado a compensar a los depositantes no asegurados. La cobertura de los depósitos públicos supondría inicialmente un costo de US$ 900 millones, equivalente al 1,5% del PIB, que podría ser mayor si también se cubrieran los depósitos privados. La recuperación de los activos del banco podría reducir ese impacto con el tiempo, aunque el monto y los plazos son inciertos.
La cartera de préstamos de Ueno asciende a US$ 2.500 millones, pero Fitch advierte que las recuperaciones son inciertas, especialmente porque una proporción elevada de los créditos entre partes vinculadas se encuentra en situación de impago. Además, la reposición del Fondo de Garantía de Depósitos tendrá prioridad sobre la recuperación de los depósitos no asegurados.
La calificadora también señala que la crisis se produce en un contexto de mayores necesidades de financiamiento y dificultades fiscales. El gobierno proyecta un déficit de 3,2% del PIB para 2026 y de 3,9% para 2027, frente al 2% registrado en 2025. Fitch considera improbable que se alcance la meta de déficit de 1,5% prevista para 2028, debido al deterioro de las cuentas fiscales subyacentes y a la escasa disposición a adoptar medidas de ajuste en un contexto político volátil.
El gobierno cuenta con cierto margen para cubrir mediante depósitos sus necesidades de financiamiento restantes para 2026. Sin embargo, deberá recurrir a los mercados internacionales a comienzos de 2027. Según Fitch, la crisis de Ueno podría afectar el momento, el volumen, los costos y la moneda de esa emisión.
La agencia prevé que la deuda pública aumentará hasta 32,6% del PIB en 2026 y continuará creciendo posteriormente, aunque se mantendrá por debajo de la mediana de 52% correspondiente a los países con calificación 'BB'.
En materia de crecimiento, Fitch identifica riesgos a la baja sobre sus previsiones de expansión de 4,5% para 2026 y de 4% para 2027 y 2028. Entre los factores de preocupación menciona las posibles restricciones al acceso de las empresas a sus depósitos, un eventual deterioro de la confianza de los inversores y una desaceleración del crédito.
El crecimiento interanual del crédito llegó al 16,5% en setiembre, pero Fitch estima que podría desacelerarse, dado que Ueno representaba una cuarta parte de esa expansión.
La crisis también tuvo efectos sobre el mercado cambiario. El guaraní se depreció tras el episodio de Ueno, lo que llevó al BCP a intervenir. Posteriormente recuperó parte de su valor y, al 11 de noviembre, se encontraba un 10% por encima de su nivel de fines de octubre. Fitch advierte que una depreciación sostenida podría elevar la inflación, que se ubicó en 1,7% en octubre.
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Debilidades institucionales y perspectivas políticas
Fitch considera que el caso Ueno puso de manifiesto debilidades de gobernanza que ya se reflejaban en la posición de Paraguay en el Índice Mundial de Gobernanza, donde el país se ubica en el percentil 39. El episodio también generó nuevas preocupaciones sobre la calidad regulatoria.
La calificadora señala que la gestión gubernamental de la quiebra bancaria, incluida la devolución oportuna de los fondos de los depositantes y la rendición de cuentas de los involucrados, pondrá a prueba las instituciones del país. También advierte sobre posibles efectos en la estabilidad social y en la confianza de los inversores.
En ese contexto, Fitch considera que las elecciones previstas para comienzos de 2028 podrían ser competitivas, debido al buen desempeño de la oposición en las recientes elecciones municipales y al descontento público generado por el caso Ueno.
La calificación de Paraguay continúa respaldada por sus políticas macroeconómicas generalmente prudentes, su bajo nivel de deuda pública y su sólida liquidez externa. Sin embargo, la agencia identifica como limitantes los indicadores de gobernanza, una base de ingresos reducida y un mercado de capitales local poco desarrollado, que restringe la flexibilidad del financiamiento fiscal.
