La Asociación de Transportistas de Combustibles (ATC) volvió a plantear la necesidad de revisar las condiciones de contratación del servicio de transporte de combustible desde las plantas de Ancap hasta las estaciones de servicio. En una comparecencia ante la Comisión de Transporte y Obras Públicas del Senado, la gremial reclamó mayor previsibilidad para las empresas del sector y la creación de un ámbito de diálogo con las autoridades.
El abogado y asesor de la ATC, Robert Batista, explicó que actualmente los contratos tienen una duración de dos años y se renuevan automáticamente. A su entender, ese plazo genera incertidumbre para empresas que deben realizar inversiones importantes para mantener la actividad.
Cada camión con tractor y cisterna cuesta entre US$ 220.000 y US$ 250.000, según detalló Batista. Además, los equipos deben renovarse aproximadamente cada diez años por razones de depreciación y seguridad. Ancap también exige determinadas condiciones para que los vehículos puedan ingresar a la planta de La Tablada.
La gremial representa a unas 200 unidades de transporte. Batista explicó que todas las empresas del sector históricamente compraron los repartos, que tienen un «valor llave». Es decir, además de invertir en camiones y cisternas, las compañías debieron pagar para acceder a esos recorridos y prestar el servicio.
El transporte se organiza a través de las distribuidoras —Ducsa, Axion y Disa—, que coordinan los viajes y contratan a las empresas transportistas. El costo de los fletes es asumido por Ancap y se calcula según los litros transportados y los kilómetros recorridos, de acuerdo con una paramétrica establecida por la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea).
Según los datos expuestos por Batista, Ancap destina entre US$ 35 millones y US$ 40 millones al año al transporte de combustibles. De acuerdo con los valores manejados por Ursea, el costo del flete ronda los $ 0,70 por litro.
La ATC no llegó al Parlamento con una propuesta concreta sobre la cantidad de años que deberían durar los contratos. El objetivo, sostuvo, es abrir una instancia de trabajo para discutir las condiciones del servicio y dar mayor estabilidad a las empresas. «No es solo un reclamo de dame más plazo y chau», señaló Batista. También planteó la necesidad de analizar cambios tecnológicos, mejoras de eficiencia, renovación de equipos y capacitación de los choferes.
El asesor agregó que existe una diferencia entre el plazo de los contratos y el período de amortización considerado en la paramétrica de Ursea. Según explicó, la fórmula contempla siete años para amortizar los equipos, mientras que los contratos tienen una duración de dos años. Para la gremial, esa diferencia dificulta la planificación de inversiones de largo plazo.
La ATC mantuvo reuniones con autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas y con los tres directores de Ursea. Sin embargo, Batista afirmó que todavía no consiguió concretar una reunión con las autoridades del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), pese a haberla solicitado desde el comienzo de la actual administración, hace casi dos años.
La gremial manifestó que no pretende llegar a una situación de conflicto para conseguir que sus planteos sean escuchados. "Hay mucha incertidumbre y a nadie le gusta tener que llegar a situaciones extremas para hablar", afirmó Batista. Por eso, insistió en la necesidad de establecer un ámbito de trabajo con las autoridades para discutir las condiciones del servicio.
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Una revisión que sigue sin definiciones
Durante el actual gobierno, el MIEM creó una comisión para revisar el funcionamiento de la distribución secundaria de combustibles, que comprende tanto el transporte como la actividad de las estaciones de servicio. En ese ámbito participan organismos como Ursea y la Dirección Nacional de Energía, entre otras dependencias.
Según Batista, la comisión tenía un plazo de seis meses para presentar conclusiones, pero ese período terminó a fines de 2025 sin que se alcanzara una definición. La ATC participó de instancias de intercambio, aunque entiende que hasta ahora no se ha conformado un ámbito de trabajo que permita avanzar en los asuntos planteados por el sector.
Para la gremial, la revisión de la distribución secundaria es una oportunidad para discutir no solo la duración de los contratos, sino también las condiciones generales en las que se presta el servicio. Entre los temas que pretende poner sobre la mesa están la incorporación de tecnología, la eficiencia del transporte, la renovación de los equipos y la capacitación de los trabajadores.
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El antecedente de 2023: cuando la gremial le torció la mano al gobierno
En noviembre de 2023, los transportistas realizaron un paro de 72 horas que provocó problemas de abastecimiento de combustible en estaciones de servicio de todo el país. La medida respondió al rechazo de la ATC a una modificación en las reglas de funcionamiento del mercado de combustibles que el gobierno de Luis Lacalle Pou buscaba implementar como parte de una reforma más amplia.
La propuesta de la administración anterior incluía cambios en la metodología de cálculo del margen mayorista y en el Precio Máximo Intermedio (PMI), además de modificaciones en el sistema de pago de los fletes. La nueva metodología, aprobada por Ursea, estaba prevista para comenzar a regir el 1º de enero de 2024.
Hasta ese momento, las distribuidoras contrataban a las empresas transportistas y coordinaban los recorridos, mientras que Ancap asumía el costo del servicio. El nuevo esquema pretendía que las distribuidoras —Ducsa, Axion y Disa— pasaran a hacerse cargo directamente de esos pagos y definieran cuánto abonar por el transporte.
Los empresarios del sector se opusieron al cambio porque entendían que podía dejar a las compañías pequeñas y medianas en una situación de desventaja frente a operadores de mayor porte. También advertían que perderían la estabilidad que les daba el sistema vigente y que podían quedar expuestos a una mayor competencia de empresas extranjeras.
La paralización durante 72 horas afectó el abastecimiento en las estaciones de servicio y obligó al gobierno a negociar con la gremial. El 14 de noviembre de 2023, el Ministerio de Industria y la ATC alcanzaron un acuerdo en una instancia ante el Ministerio de Trabajo que permitió postergar la aplicación del nuevo régimen.
Posteriormente, el decreto 439/023 formalizó la suspensión de la nueva metodología hasta el 30 de noviembre de 2025 y mantuvo a Ancap a cargo de la administración de los pagos por fletes.
El conflicto dejó como saldo el mantenimiento del sistema de contratación y un esquema de contratos de dos años que se renuevan automáticamente. Tres años después, los transportistas volvieron al Parlamento para plantear que esas condiciones no les ofrecen la previsibilidad necesaria para sostener las inversiones que requiere el servicio.
