Ahora, para resolver, Presidencia tomó en consideración nuevas pruebas incorporadas al expediente, especialmente la sentencia penal de diciembre de 2025 que condenó a Miralles por homicidio culpable, así como los resultados de pericias médicas y otras investigaciones sobre su actuación profesional.
La intervención quirúrgica que terminó con la muerte de Soledad Barrera
El caso se remonta al 26 de octubre de 2023, cuando María Soledad Barrera fue sometida a una intervención quirúrgica en el Servicio Médico Integral (SMI).
Durante el procedimiento sufrió un paro cardíaco que le provocó un daño neurológico severo e irreversible. Permaneció en ese estado hasta su fallecimiento, ocurrido en agosto de 2024.
Su madre presentó una denuncia ante el MSP para que se investigara la actuación del personal médico y paramédico que participó en la intervención.
La Comisión de Salud Pública analizó la historia clínica, una investigación interna realizada por el prestador y un informe médico-legal. En diciembre de 2024 concluyó que la anestesista había incurrido en cuatro apartamientos graves de la lex artis, es decir, de las reglas y prácticas que deben observarse en el ejercicio de la profesión médica.
Como consecuencia, dispuso su inhabilitación durante cinco años, con la obligación de someterse a una reevaluación profesional por parte de la Unidad Académica de Anestesiología de la Universidad de la República antes del vencimiento de la sanción.
Miralles recurrió la decisión. En marzo de 2025, la Comisión de Salud Pública mantuvo su resolución, pero en octubre de ese año el MSP redujo la inhabilitación a tres años.
La cartera no modificó las conclusiones sobre las irregularidades médicas constatadas. La rebaja se fundamentó en criterios jurídicos vinculados con la proporcionalidad, razonabilidad e individualización de las sanciones.
La condena penal que llevó a revisar la sanción
La madre de Soledad Barrera impugnó la reducción. Entre sus argumentos sostuvo que no había recibido vista ni notificación de la resolución y que la decisión carecía de fundamentos suficientes para disminuir la sanción pese a la gravedad de los hechos.
Mientras se tramitaba el recurso, surgieron nuevos elementos que modificaron el panorama administrativo. El más relevante fue la sentencia del 18 de diciembre de 2025, dictada luego de un acuerdo abreviado con Fiscalía, por la que Miralles fue condenada como autora penalmente responsable de un delito de homicidio culpable.
La Justicia le impuso 24 meses de prisión, sustituidos por libertad a prueba durante el mismo plazo, con las condiciones establecidas en la sentencia.
Según el informe de la División Jurídica del MSP, al que accedió El Observador, en ese proceso la anestesista reconoció su responsabilidad en los hechos denunciados, algo que no había ocurrido durante las actuaciones administrativas anteriores.
El documento sostiene que ese reconocimiento constituye un elemento clave para reconsiderar la duración de la inhabilitación.
También se incorporó una pericia elaborada por especialistas del Departamento de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que examinó la historia clínica, documentación de la intervención y archivos de audio del personal del block quirúrgico.
El informe concluyó que no fue apropiada la extubación de la paciente en sala de operaciones, luego de un paro cardiorrespiratorio de causa no explicada. La paciente debió ser intubada nuevamente en el área del block quirúrgico.
Los especialistas también advirtieron que existían contradicciones en los testimonios y registros sobre el tiempo durante el cual la anestesista estuvo ausente del procedimiento y sobre quién quedó a cargo del control anestésico.
La pericia señaló que no era posible asegurar cuáles habían sido los parámetros de oxigenación y ventilación de la paciente durante ese período.
En su ampliación, los especialistas concluyeron que estaban ante un apartamiento de la conducta esperada de un especialista en anestesiología frente a una situación de esas características.
Un acuerdo por US$ 70.000 y una investigación de otra mutualista
La revisión administrativa también incorporó otros dos antecedentes que no habían sido valorados cuando se resolvió reducir la sanción. Uno de ellos fue un acuerdo alcanzado en junio de 2026 entre Rosario Barrera, el SMI y la anestesista, presentado para su homologación ante la Justicia civil.
Según el documento del MSP, el prestador se comprometió a pagar US$ 20.000 a la madre de Soledad, mientras que Miralles acordó abonar US$ 50.000. El acuerdo comprendía las eventuales reclamaciones sancionatorias, indemnizatorias y reparatorias vinculadas con la intervención y la asistencia médica brindada a la paciente.
El otro antecedente fue una investigación de la Sociedad Médica Universal, institución en la que Miralles había trabajado como profesional independiente, bajo un régimen de convocatoria para determinadas intervenciones quirúrgicas.
De acuerdo con la documentación incorporada al expediente, las autoridades de esa institución habían recibido información sobre presuntas conductas irregulares de la anestesista, lo que motivó una investigación interna. El prestador informó que desde abril de 2024 no volvió a convocarla para procedimientos anestésicos con sus afiliados.
El MSP señaló que no había tenido acceso a estos antecedentes cuando decidió reducir la inhabilitación en octubre de 2025, por lo que correspondía considerarlos en la nueva instancia.
La decisión de Orsi: restablecer los cinco años de inhabilitación
En su resolución de este martes, Presidencia compartió el criterio de la División Jurídica del MSP y entendió que los nuevos elementos justificaban revisar la sanción.
El documento, procesado por El Observador, señala que la Comisión de Salud Pública había realizado un análisis correcto del caso y que los cuatro apartamientos graves de las prácticas médicas esperadas estaban acreditados.
También cuestiona que la decisión de octubre de 2025 no hubiera identificado antecedentes de sanciones en situaciones similares ni circunstancias atenuantes concretas que justificaran reducir la inhabilitación.
En consecuencia, Orsi resolvió revocar la resolución ministerial del 1° de octubre de 2025 y confirmar en todos sus términos la sanción original de la Comisión de Salud Pública, fechada el 3 de diciembre de 2024.
Esto implica que Miralles vuelve a quedar alcanzada por una inhabilitación de cinco años para ejercer la profesión médica, sujeta a una reevaluación por parte de la Unidad Académica de Anestesiología de la Udelar antes de que finalice el período.
La decisión representa un cambio respecto de lo resuelto por el propio MSP un año atrás y responde al reclamo de Rosario Barrera, quien había insistido en que la gravedad de los hechos que terminaron con la muerte de su hija no justificaba una reducción de la sanción.
