El diputado Perrone dijo que la idea fue motivada por la situación de su excompañero Eduardo Lust, embargado por la DGI
Eduardo Lust (izq.) y Álvaro Perrone (der.)
Fotos: Inés Guimaraens (Lust) y Gaston Britos / FocoUy (Perrone)La bancada de Cabildo Abierto presentó un proyecto de ley para que aquellos políticos que tengan deudas con el Estado no puedan cobrar el dinero que el Estado paga por cada voto recibido en las elecciones.
El proyecto consta de solo dos artículos y está firmado por los diputados Álvaro Perrone y Silvana Pérez Bonavita.
“Para hacer efectivo el cobro de las contribuciones estatales por los votos válidos obtenidos (…) los candidatos titulares que hayan encabezado las respectivas listas deberán presentar ante la Corte Electoral certificados de libre de deuda o convenios vigentes expedidos por: Dirección General Impositiva, Banco de Previsión Social, Impuesto de Primaria y Fondo de solidaridad”, dice el artículo 1.
La falta de uno de estos certificados, supondrá la retención del pago.
El artículo 2 señala que la ley entrará en vigencia desde su promulgación y se aplicará en las elecciones próximas.
Perrone dijo a El Observador que “el proyecto nace por la situación del exdiputado Eduardo Lust. No puede ser que los políticos cobren del Estado y no cumplan con sus obligaciones”.
Lust, ex diputado de Cabildo Abierto en el período 2020-2025, tiene un embargo genérico impuesto por la DGI en 2017 y que fue renovado en 2022, lo que indica que las deudas no habían sido saldadas en esa fecha.
“Para ese momento, él ya había cobrado unos 60.000 dólares de la elección 2019, porque sacó 15.000 votos y como candidato diputado cobró cuatro dólares por cada uno. Y no saldó la deuda con la DGI. Y en la elección del 2024 como candidato a diputado, senador y presidente cobró el total de los votos, o sea diez dólares por voto. Sacó entre doce y trece mil votos, o sea que Lust, entre las dos elecciones, cobró entre 180 y 190.000 dólares”.
En octubre, en el programa Doble Vía (Teledoce), al ser consultado por los embargos que tiene vigentes, Lust dijo que saldó sus deudas pero optó por no levantarlos. Sostuvo que cuando caduquen sus fechas de vigencia, caerán solos porque ya pagó lo que debía. Aunque no se refirió en concreto a la DGI, dio a entender que ya había pagado.
Debido al secreto impositivo, no fue posible chequear esta información en la DGI.
En la exposición de motivos, Perrone y Pérez Bonavita sostienen que el proyecto “no obstruye el cobro de los votos, sino que fortalece la ética en la gestión pública de los candidatos, dando como objetivo un buen uso de las obligaciones y mejorar la confianza del electorado”.
