La Justicia obligó al programa de streaming “Todo se sabe”, conducido y dirigido por Ignacio Álvarez, a retirar de sus plataformas digitales un informe en el que se denunciaban presuntas irregularidades en el hogar Tulipanes, perteneciente al Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) y ubicado en Las Piedras.
El fallo, emitido por la jueza María Andrea Lapaz Camacho tras una denuncia presentada por el establecimiento y el propio INAU, consideró que el informe elaborado por la periodista Patricia Martín vulneró los derechos de los menores del hogar.
Acogiendo la demanda, Lapaz Camacho dispuso en la sentencia, a la que accedió El Observador, que se mantuviesen medidas cautelares establecidas durante el proceso. En primer lugar, estas consistieron en “(la) prohibición de contacto, comunicación, relacionamiento, de entrevistarse o desarrollar cualquier conducta similar —por sí o a través de terceros— de la Sra. Patricia Martín y del equipo periodístico del programa 'Todo se sabe', con relación a los adolescentes institucionalizados en el CAFF-Tulipanes y a los testigos y/o denunciantes de los hechos, por el término de 180 días y un radio de exclusión de 500 metros respecto de las personas, del centro mencionado y de cualquier otro Centro u Hogar de INAU o dependientes del mismo, en el cual pudieran encontrarse institucionalizados los adolescentes” que figuran en el informe periodístico.
En el texto judicial se considera, a su vez, que es facultad del INAU disponer del “traslado o realojo de los adolescentes en función de las recomendaciones de sus equipos técnicos”.
La jueza prohibió además “la utilización de cualquier material audiovisual, que implique la difusión de la imagen, la voz o cualquier otro elemento identificatorio de la identidad de los adolescentes que se encuentran institucionalizados” en el centro, “así como también de los funcionarios que se encontraban presentes al momento de los hechos denunciados”.
Prohibió también la “difusión de la ubicación física del CAFF-Tulipanes, a través de cualquier medio, que pudiera poner en riesgo la integridad bio-psico-social de los adolescentes institucionalizados en dicho centro”.
Por último, la jueza de Primera Instancia de Las Piedras de 2do Turno dispuso “el retiro de todo material audiovisual que se encuentre en redes sociales o al alcance del conocimiento público, por la demandada y que se relacione con el programa emitido por streaming a través de Youtube, el día 15 de octubre de 2026”, en plazo de 24 horas desde que se notificó la sentencia. En caso de no acatar la orden judicial, se aplicarían astreintes —es decir, sanciones económicas— de 5 unidades reajustables (UR) diarias.
Habiendo acatado la disposición de quitar el informe de YouTube y las redes sociales del programa, pese a la intimación judicial Álvarez publicó en sus redes sociales que “el informe se puede ver entrando a todosesabe.uy”, al catalogar la decisión de la letrada como “fuera de control”.
En su programa radial, La Pecera (Azul FM), dijo que va a presentar un recurso de apelación y afirmó que la jueza “está mal de la cabeza”.
Los argumentos de la jueza
En su justificación, la jueza Lapaz Camacho sostuvo que “el hecho denunciado por CAFF Tulipanes”, es decir, que la periodista Patricia Martín se presentara “en la puerta de ingreso de dicho centro sin cumplir con el protocolo correspondiente para mantener una entrevista formal con el representante del mismo y la situación de malestar que se generó con posteridad y afectó emocionalmente a los jóvenes allí internados, significó una amenaza a los derechos fundamentales de los mismos, quienes se vieron atacados en su derecho a la intimidad, imagen, dignidad, integridad y protección frente a la violencia, no revictimización y estigmatización frente a la sociedad toda”.
Además, expuso que la difusión de imágenes y sonidos recogidos por el programa “en el momento del hecho denunciado y en otros momentos previos, contenidas en el programa” emitido por YouTube, “determinaron una lesión a los derechos enunciados”.
“La amenaza de que los mismos continúen siendo lesionados se mantiene latente, en la medida que dicho material pueda continuar circulando por diversos medios de difusión, y ello sólo puede cesar, con la permanencia de las medidas de protección dispuestas con carácter provisional”, sostuvo la letrada en sus consideraciones.
La “manifiesta ilegalidad” del hecho, según Lapaz Camacho, “no se deriva del ejercicio de la libertad de expresión a través de la labor periodística sino de la exposición, identificación y difusión a través de imágenes y sonidos que determinan una clara vulneración a los derechos de los adolescentes, consagrados a nivel legal, constitucional y supraconstitucional”.
Para la jueza, “la naturaleza de los derechos amenazados y la evitación de que dicha amenaza continúe produciéndose en el tiempo, generando daños irreversibles en los adolescentes afectados, determina la necesidad de la intervención inmediata del Estado, para adoptar a través de la función jurisdiccional, las medidas de protección que resulten más eficaces”.
Además de citar jurisprudencia y amparar su decisión en varios tratados internacionales, la jueza señala que el Código de la Niñez y la Adolescencia (CNA) dispone en su artículo 181 que: “La exhibición o emisión pública de imágenes, mensajes u objetos no podrá vulnerar los derechos de los niños y adolescentes, los principios reconocidos en la Constitución de la República y las leyes, o incitar a actitudes o conductas violentas, delictivas, discriminatorias o pornográficas”.
Recuerda también que los jóvenes “tienen derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen”, según la ley de violencia sexual contra niños, adolescentes e incapaces (Ley 17.815) y la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes (aprobada por la ley 18.270).
“Todas las normas mencionadas garantizan a los niños, niñas y adolescentes, el reconocimiento y respeto a su imagen, a que esta no sea utilizada en forma lesiva, sino que se los proteja en el derecho a su privacidad, el derecho a la individualización de su persona y contra la explotación económica”, resume en texto la jueza Lapaz Camacho.
