Con un plazo fijado por la Fiscalía de Delitos Económicos, a cargo de Sandra Fleitas, para presentar alternativas económicas, los extitulares de la sociedad de bolsa Pérez Marexiano hicieron circular entre los damnificados una propuesta de pago con la intención de zanjar el proceso penal por la vía reparatoria. Sin embargo, para que ello se concrete la propuesta debe ser aceptada por la mayoría de las víctimas, algo que no ocurre
En una reunión que la fiscalía organizó a fines de octubre con los abogados de los damnificados y los abogados de los imputados que son los principales directores de la firma, Carlos Pérez y Pedro Pérez, y al exoperador Ignacio González Palombo, la fiscal les dio un plazo de 20 días para presentar una propuesta.
El planteo de Pérez Marexiano contempla devolver exclusivamente el dinero que ingresó de forma efectiva a las cuentas institucionales de la corredora de bolsa, descontando las sumas que los clientes ya retiraron a lo largo del tiempo y las pérdidas atribuibles a los vaivenes de la bolsa de valores.
Los números: lo qué entró, lo que se desvío y lo qué se perdió
El expediente global abarca un monto total denunciado de US$ 7.750.715 a través de 89 denuncias formales. Sin embargo, la foto contable que maneja la defensa traza una línea divisoria entre lo que operó por fuera de la firma y lo que impactó en su órbita bancaria.
Del total denunciado, ingresaron a las cuentas en el Banco República (BROU) de Pérez Marexiano US$ 6.150.627. De ese total, US$ 4.244.260 fueron acreditados formalmente a subcuentas de clientes, mientras que US$ 1.824.365 terminaron desviados a cuentas de González Palombo o vinculadas.
Por otra parte, hubo fondos que nunca llegaron a la firma: US$ 1.735.000 corresponden a denunciantes cuyos giros nunca impactaron en la cuenta bancaria de Pérez Marexiano y fueron absorbidos directamente por las cuentas personales de González Palombo. En total, son 58 los clientes denunciantes que sí llegaron a girar fondos a la corredora.
Asimismo, los clientes llegaron a retirar entre US$ 3.168.747 y US$ 3.257.247 (según ajustes de sumas individuales). Mientras que la firma estima que en pérdida por mercado (bolsa) se perdieron US$ 1.018.907 atribuible a las oscilaciones y desvalorizaciones de las inversiones bursátiles.
Bajo la ecuación planteada por los directores —capital efectivamente ingresado al BROU menos retiros realizados y menos caída del mercado—, la base matemática de restitución se aleja sustancialmente de los casi US$ 7,8 millones denunciados en la Justicia. Esta reducción genera reparos inmediatos entre las víctimas, algunas de las cuales evaluaron que se les pretende devolver el 10% de lo que tenían.
El caso judicial
El caso estalló públicamente en abril de 2025 como un presunto fraude individual. En un comienzo, Pérez Marexiano —patrocinada por el abogado Jorge Barrera— presentó una denuncia afirmando que González Palombo, exempleado entre 2008 y 2015, captaba fondos de forma paralela en su entorno social de alto poder adquisitivo utilizando indebidamente el nombre de la compañía.
No obstante, el avance de la investigación de la Fiscalía dio un giro a la causa: constató que los directores estaban al tanto de la operativa, que González Palombo atendía con normalidad en las oficinas de Carrasco, que se percibían comisiones y que parte de los fondos terminaban en las cuentas bancarias de la sociedad.
Leonardo Carreño / FocoUY
En febrero se formalizó a González Palombo con prisión domiciliaria —medida prorrogada hasta diciembre—, mientras que en junio la Justicia imputó a Carlos y Pedro Pérez por estafa y asociación para delinquir. Paralelamente, la Superintendencia de Servicios Financieros del Banco Central del Uruguay (BCU) intervino la corredora tras detectar desvío de fondos y recibos apócrifos, disponiendo finalmente la disolución y liquidación definitiva de la firma.
Mientras las defensas de los damnificados insisten en indagar a otras figuras clave de la captación —como la socia Tamara Taube Grunberg en México y familiares directos de González Palombo—, el foco inmediato está en la respuesta que darán las víctimas a esta oferta económica, un paso indispensable si los directores imputados pretenden aliviar su situación procesal antes de que venza el plazo fijado por la sede penal.
