El abastecimiento de combustibles se ha visto afectado en las últimas horas. Los propietarios de los camiones que realizan los fletes desde las plantas de despacho de Ancap hasta los puestos de venta minorista –Asociación de Transportistas de Combustible– resolvieron realizar un paro de 72 horas que se extenderá desde este lunes hasta el miércoles 16 de noviembre.
En contexto
Hace dos años, el Poder Ejecutivo puso en marcha una reforma integral del mercado de combustibles. Una de las primeras modificaciones se dio en la metodología de fijación de tarifas, que ahora tiene como referencia principal el Precio Paridad de Importación (PPI).
El Poder Ejecutivo también le encomendó a la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea), la revisión y elaboración de un nuevo reglamento comercial para la distribución secundaria, que involucra a fleteros, estaciones de servicio y distribuidoras.
En ese marco, el Directorio de la Ursea aprobó el mes pasado una nueva metodología para determinar el margen mayorista y el Precio Máximo Intermedio (PMI) de los combustibles. Esto es, el precio a que las distribuidoras (Ducsa, Disa y Axion) pueden vender el combustible a operadores de las estaciones de servicio que integran su red. El cambio regulatorio regirá desde el 1° de enero de 2024.
¿Qué implica?
Esa nueva regulación alcanza a los fletes de los combustibles. En la actualidad las distribuidoras eligen a la empresa transportista, "rutean", y le pagan por el servicio. Luego repiten la factura contra Ancap que reintegra ese costo.
La nueva metodología plantea que desde enero cada una de las distribuidoras se hará cargo de este costo de flete, que a su vez está contemplado en el margen mayorista.
En la práctica significa que Ducsa, Axion y Disa seguirán eligiendo a qué empresas contratarán para la tarea, pero serán los que definan los montos a pagar por ese servicio, en función de criterios de maximización de los viajes y optimización de los recursos, entre otros aspectos.
El rechazo de los transportistas
Para los transportistas implica que ya no tendrán la seguridad de que los distribuidores contraten sus servicios en las condiciones que han regido durante los últimos 30 años.
Uno de los argumentos manejados por la gremial de transportistas de combustibles es que empresas chicas y medianas del sector no podrán competir con compañías de mayor porte que ofrecerán precios más bajos.
También han manejado la posibilidad de que lleguen empresas extranjeras para prestar el servicio. De hecho, hay llamados internacionales en marcha donde han cotizado empresas del exterior.
Fuentes del sector dijeron a El Observador, que seguramente las distribuidoras puedan lograr mayor eficiencia y bajar costos de transporte, pero no necesariamente lo trasladarán luego a las tarifas.
Otro de los consultados indicó que con el cambio propuesto el gobierno “no tiene ningún ahorro”. “Le saca el transporte a los transportistas para darle esa misma plata a las grandes empresas”, apuntó.
Originalmente este nuevo reglamento debía regir desde enero de 2022, pero Ursea había pedido varias prórrogas al Poder Ejecutivo. Previo a su aprobación había sido puesto a consulta pública.
Estaciones de servicio: la otra parte de la cadena
Cuando el gobierno presentó los grandes lineamientos de la reforma integral de combustibles sostuvo que los objetivos eran ir hacia un mercado “menos regulado”, “más eficiente” y “competitivo”.
En ese marco y siguiendo la hoja de ruta original trazada por las autoridades, la Ursea tuvo a estudio durante 2022 un borrador que planteaba eliminar las restricciones de distancia entre estaciones de servicio, que hoy impide la instalación de nuevos puestos de venta, por ejemplo.
Otro de los artículos planteaba que los grandes usuarios o grandes consumidores tuvieran la opción de poder adquirir los combustibles directamente en las plantas de despacho, con lo que podrían abastecerse de manera independiente sin tener que recurrir a la intermediación de las estaciones de servicio o los distribuidores.
Ese borrador también mencionaba la posibilidad de que una misma empresa, podría ser titular de distintas autorizaciones para realizar actividades de transporte, distribución mayorista y distribución minorista (estacionero) a la vez, siempre que reuniera los requisitos técnicos y de seguridad.
Pero hasta ahora no hubo cambios de importancia en esa parte de la cadena. A modo de transición, la Ursea estableció las condiciones para la apertura de nuevas estaciones de servicio y fijó tope a la cantidad de puestos de venta propios que pueden tener los distribuidores mayoristas.
