19 de marzo de 2024 5:01 hs

“En rigor  no existe un mercado de combustibles, sino un sistema hiper-regulado con muy pocos incentivos a la competencia, donde para todos los actores está regulado el producto y sus ingresos (precio, margen o bonificación)”.

Este pasaje de texto forma parta de la propuesta de revisión integral del mercado de combustibles que hace tres años el Poder Ejecutivo envió al Parlamento.

La  hoja de ruta planteó una serie de cambios en todos los eslabones de la cadena, desde la producción y distribución  hasta la comercialización en las estaciones, para llegar en un tiempo razonable a un sistema más eficiente y  con combustibles a precios más competitivos.

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El mercado de combustibles movió US$ 3.200 millones

La semana pasada y en ocasión de presentar los resultados del ejercicio 2023,  autoridades de Ancap dedicaron una parte del taller con periodistas para hablar del precio de comercialización de los combustibles –Uruguay tiene los valores más altos de la región– y de la cadena de distribución.

Allí plantearon que en 2023 a través de las estaciones de Ancap, Disa y Axion se comercializaron alrededor de un millón de metros cúbicos (m3) de gasoil, y 880 mil m3 de gasolinas, por unos US$ 3.200 millones.

Las cifras desglosadas

¿Qué destino tuvo ese monto por combustibles que pagaron los consumidores? Desde la empresa enfatizaron en que el debate sobre cómo bajar los precios suele concentrarse en Ancap y no en otras partes de la cadena.

Las cifras muestran que unos US$ 1.200 millones fueron impuestos. En ese ítem están comprendidos Imesi y CO2 (US$ 740 millones), y el resto corresponden al fideicomiso del transporte, IVA y otros.

Otros US$ 1.500 millones comprenden al costo de petróleo, derivados y biocombustibles (US$ 1.200 millones); personal de Ancap (US$ 130 millones) e insumos, materiales y servicios (US$ 200 millones).  

Distribución y “concentración”

Hubo US$ 500 millones que formaron parte del costo y ganancia de la operación de distribuidoras, fletes y estaciones de servicio.

Esta fase de distribución secundaria toma el combustible que vende Ancap en la planta de expendio y lo lleva al consumidor final. Esta fase incluye a los sellos y las estaciones de servicio, donde las naftas terminan en los surtidores para que los consumidores llenen los tanques de sus vehículos.

En su exposición, el presidente de Ancap, Alejandro Stipanicic, hizo foco en algunos datos de la cadena de distribución. Por ejemplo, mencionó que cada vez más se constata una “concentración” de estaciones que tienden a ser puntos de venta más grandes y urbanos, con cierre de las estaciones más chicas.

Además, se presentaron datos sobre la concentración en la distribución minorista en los distintos departamentos de Uruguay, es decir qué volumen de  ventas manejan grupos económicos donde al menos un punto de venta es del sello Ancap.

Esos datos muestran que hay estacioneros que tienen participación total o parcial en “muchas” estaciones de servicio de manera simultánea, según se explicó durante la presentación.

En 9 departamentos  ocurre que grupos económicos (puede ser uno o varios) concentran más del 50% del volumen comercializado. Esos grupos que tienen al menos una estación del sello Ancap nuclean el 38% de los volúmenes vendidos de nafta y gasoil a nivel país.

Por ejemplo, en el departamento de Florida grupos económicos tiene el 76% de la distribución de nafta y gasoil, en Flores llega a 73%, y en Cerro Largo el porcentaje alcanza al 70%.

En Durazno, grupos económicos tienen el 65% de la distribución, en Artigas el 60%, y en Rocha y Soriano el 58%. En Maldonado y San José el porcentaje era de 55%, según los datos divulgados por Ancap a partir de información procesada por la Distribuidora Uruguaya de Combustibles (Ducsa).de 

Los puntos pendientes

Si se sigue la hoja de ruta original, el Poder Ejecutivo le encomendó a la Ursea revisar el reglamento que se aplica para la apertura de estaciones de servicio. Allí se “eliminarían condiciones que actúen como restricciones o barreras de entrada al mercado”, decía el texto.
Durante varios meses, y a partir de una consultoría internacional contratada, el regulador tuvo a estudio en 2022 un borrador que planteaba, entre otros puntos, eliminar las restricciones de distancia entre estaciones de servicio, una modificación que finalmente no se implementó.
A modo  de transición, la Ursea estableció las condiciones para la apertura de nuevas estaciones de servicio –anteriormente dependía de Ancap– y fijó tope a la cantidad de puestos de venta propios que pueden tener los distribuidores mayoristas, entre otros puntos. En líneas generales no implicó cambios relevantes para esta parte de la cadena.

Además, quedó en suspenso una resolución dispuesta por Ursea, que implicaba que las distribuidoras se hicieran cargo de los fletes de combustibles a partir de enero de 2024. Hoy el costo del flete lo paga Ancap que le reintegra el dinero a los sellos por este concepto.

En relación a los operadores de estaciones de servicio, las diferencias por precio no existen y todas las estaciones venden el combustible al consumidor final al precio máximo que fija el Poder Ejecutivo por decreto.  La excepción son algunos descuentos que se aplican para grandes consumidores de gasoil, y diferentes precios en servicios de negocios colaterales como minimercados, gomerías y lavaderos.

Nueva disposición de la Ursea

El Directorio de Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea), estableció la semana pasada que las solicitudes de apertura de nuevos puestos de venta de combustibles deberán presentarse conjuntamente con el sello respectivo (Ducsa, Axion o Disa).

Asimismo, todos los expedientes de solicitud de apertura de nuevos puestos de venta de combustibles que se encuentren en trámite deberán cumplir con lo dispuesto en la nueva resolución.

“Esta medida, fundamentada en la legislación vigente y en el compromiso de Ursea con el adecuado funcionamiento del sector de los combustibles líquidos, contribuirá a promover un entorno de competencia más justa y transparente”, dice el texto.

En la actualidad hay varias solicitudes para la apertura de estaciones de servicio que no tienen resolución por parte de la Ursea, según supo El Observador.

Tradicionalmente el proceso para la apertura de nuevas estaciones de servicio en el país dependía de Ancap, que fijaba las reglas para la instalación, operación, traslado y cierre. Tras la aprobación de la ley de Urgente Consideración (LUC) la regulación del mercado secundario pasó a ser responsabilidad de la Ursea.

Por ejemplo en Maldonado había solicitudes para la apertura de tres estaciones de servicio: una del sello Ancap en las cercanías del cruce de  rutas 9 y 39 en San Carlos, una del sello Axion en balneario Buenos Aires, y otra de Disa en las cercanías de Punta Ballena. Según informó el Diario Correo de Punta del Este meses atrás esto había despertado malestar entre propietarios de negocios de este tipo que están instalados desde hace años en la zona.

También hay un plan de Ancap para instalar estaciones de autodespacho en el interior profundo que espera por la Ursea.

Al cierre del año pasado había 468 estaciones de servicio activas en todo el país. De esa cifra 282 estaciones son de la red de Ancap, 98 son de Axion, y 88 de Disa.

 

 

 

 

 

 

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