Ese acuerdo desactivó un paro de 72 horas que se iba a extender hasta el miércoles y significó al Poder Ejecutivo trasladar a la próxima administración una de las reformas liberales que había impulsado bajo el argumento de que era necesario un mercado “menos regulado, más eficiente y competitivo”.
Según reconstruyó El Observador con fuentes empresariales y del gobierno, en la decisión de acordar influyó la persuasión de productores agropecuarios que transmitieron a las autoridades la urgencia de desactivar el conflicto para evitar afectar la cosecha de los cultivos de invierno como trigo, cebada y colza y el comienzo de la siembra de soja prevista para estos días.
Buena parte de esos mensajes fueron canalizados por el senador nacionalista Sebastián Da Silva, que también es productor agropecuario. Comunicó que estaban en un “momento crítico” de la zafra agrícola y que el campo podría registrar “problemas de liquidez” si no se resolvía rápido.
El legislador dijo a El Observador que en las conversaciones intentó describir lo que sucedía en las chacras para que las autoridades comprendieran la urgencia de encontrar una solución ya que no podían quedarse ni un día sin gasoil.
“Al ser un año niño, con lluvias abundantes, hay que aprovechar las ventanas climáticas como las de estos días y que los cultivos están prontos”, expresó. En los mensajes, incluyó capturas de una aplicación agrícola que muestra los pronósticos de lluvias y vientos en diferentes zonas del país.
La urgencia por evitar una extensión de las medidas llevó incluso a que hablara del tema con el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, quien le transmitió que se estaba “encargando de la situación”.
Aunque no llegó a aparecer en la escena, el mandatario siguió de cerca los acontecimientos, tal como reconoció el subsecretario de Industria, Walter Verri, este miércoles en FM Del Sol. “No digo que fue una orden, pero sí conversado, obviamente, como todas las cosas, con el Ejecutivo. Desconozco si hubo orden directa del presidente, pero había contactos porque el desabastecimiento estaba comenzando. Había estaciones que ya no tenían combustible”, dijo.
Fernando Pena
La evaluación primaria, a partir de los datos de la oficina de estadísticas agropecuarias, es que las cosechas de trigo, cebada y colza pueden arrojar ventas por US$ 555 millones.
Desde el gobierno transmitieron a El Observador que se valoró que los problemas económicos de una mala cosecha iban a tener una repercusión negativa en toda la cadena, particularmente en el interior del país, por lo que se optó por acordar más allá del “costo” de postergar una de las reformas.
Pese a esto, la decisión también provocó críticas de sectores afines al gobierno. El presidente de la Asociación de Cultivadores de Arroz (ACA), Alfredo Lago, señaló que sentía “desazón” porque de lo “poco que había de reforma” en la cadena de combustibles se había “desactivado” en la “primera de cambio”.
La negociación
Con el objetivo de llegar a una solución rápida, el gobierno convocó el lunes a los transportistas a una reunión en el Ministerio de Industria en la que ambas partes expusieron su situación y discutieron varios borradores de acuerdo aunque no llegaron a ninguna solución.
En esa instancia, el Ejecutivo transmitió que estaba dispuesto a postergar por dos años la reforma pero se negó a incorporar un ajuste semestral de las tarifas, lo que hizo que las negociaciones pasaran a un cuarto intermedio. La reunión fue definida como "tensa" por Robert Batista (asesor de los transportistas) aunque había "voluntad de acuerdo".
En la noche, tras salir de ese encuentro, en el gobierno comenzó a cobrar fuerza la posibilidad de decretar la esencialidad, una medida que ya había sido tomada en el 2017 cuando Tabaré Vázquez era el presidente y Carolina Cosse la ministra de Industria.
Por eso, como señal de la decisión, trasladaron la reunión al Ministerio de Trabajo, que es quien debe firmar el decreto, aunque finalmente no fue necesario, ya que el Ejecutivo aceptó actualizar cada seis meses la tarifa de fletes.
A su vez, el gobierno promovió que el acuerdo pueda cancelarse si una de las partes decide no renovarlo y avisa al menos 60 días antes del vencimiento del plazo, y que se cree una comisión para negociar el “régimen de transición” previsto por la Ursea.
El alcance
La medida de los transportistas se produjo luego que el Ejecutivo les transmitiera que iba a poner en marcha el nuevo reglamento comercial para la distribución secundaria, que involucra a fleteros, estaciones de servicio y distribuidoras.
En la actualidad, las distribuidoras eligen a la empresa transportista, "rutean", y le pagan por el servicio. Luego repiten la factura contra Ancap que reintegra ese costo.
La nueva metodología planteaba que desde enero cada una de las distribuidoras (Ducsa, Disa y Axion) se hiciera cargo de este costo de flete, que a su vez está contemplado en el margen mayorista.
En la práctica, esto significaba que las distribuidoras seguirían eligiendo a qué empresas contrataban para la tarea, pero podrían definir los montos a pagar por ese servicio en función de criterios de maximización de los viajes y optimización de los recursos.
Con la postergación, la decisión recaerá en manos del próximo gobierno, que deberá definir si continúa con el sistema como está o si profundiza en la reforma liberalizadora.