La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha entregado al juez instructor Juan Carlos Peinado un exhaustivo informe de 317 páginas, con varios anexos, sobre la creación de la cátedra extraordinaria que codirigió Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). El documento analiza tanto la puesta en marcha de una plataforma de medición de impacto social y medioambiental como las cuentas bancarias de Gómez.
Las conclusiones de los investigadores policiales ofrecen una doble lectura: por un lado, certifican que las finanzas de Begoña Gómez se corresponden de forma ordinaria con sus actividades profesionales; por otro, ponen el foco sobre los procesos de contratación para el desarrollo del software de la cátedra, señalando adjudicaciones presuntamente ideadas al margen de la normativa pública.
Finanzas personales: la UCO confirma la regularidad de los ingresos bancarios
Tras realizar un análisis pormenorizado de los movimientos bancarios de Begoña Gómez entre los años 2019 y 2024, la UCO concluye que "la información bancaria concuerda con el desarrollo de las actividades profesionales" de la investigada. El cuerpo policial subraya que las entidades a las que ha estado vinculada laboralmente figuran como los principales pagadores, descartando movimientos de origen desconocido al margen de operaciones ordinarias de inversión.
El informe detalla una serie de abonos procedentes de la Universidad Complutense o de su Fundación en una cuenta del banco BBVA, los cuales suman un total de 42.059 euros distribuidos en varios periodos entre febrero de 2020 y diciembre de 2023. Asimismo, la Guardia Civil incluye en el cómputo 37 abonos por un importe total de 196.353 euros de la Fundación Instituto de Empresa y un cheque de 8.800 euros emitido por el grupo empresarial Inmark, entidades con las que Gómez mantuvo relación profesional.
El documento también hace una "mención aparte" respecto a la sociedad Transforma TSC, administrada por Gómez y actualmente inactiva. Aunque los agentes detectaron actividad comercial y analogías entre esta firma y el software, aclaran que no constan elementos que la vinculen de manera oficial con la cátedra de la UCM.
Adjudicaciones bajo sospecha: Deloitte y Making Science en el foco de la investigación
La parte más crítica del informe policial se centra en la contratación de los servicios necesarios para la plataforma tecnológica, donde la UCO advierte de actuaciones "al margen del procedimiento establecido en la normativa". Al tratarse de la Universidad Complutense, los agentes inciden en su condición de administración pública y en su "preceptivo acogimiento a la Ley de Contratos del Sector Público".
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Deloitte Consulting: La contratación de esta consultora —que además era patrocinadora de la plataforma— se canalizó a través de un contrato menor y un posterior procedimiento abierto simplificado. Según la UCO, los expedientes se elaboraron como "un mero marco administrativo" concebido para dar "apariencia de legalidad". Los investigadores afirman que las adjudicaciones "estaban premeditadas", ya que la empresa comenzó a prestar sus servicios antes de la adjudicación formal, y los requisitos de los pliegos "se amoldaron a las condiciones predefinidas por Deloitte y la cátedra, incluido el precio". El informe deduce que se solicitaron ofertas de forma simulada limitando la libre concurrencia.
Making Science Group: En este caso, la UCO resalta que el servicio —valorado en 20.000 euros sin IVA— se llevó a cabo "sin ni tan siquiera haber tramitado un expediente administrativo al efecto", un trámite obligatorio por la cuantía económica. No obstante, especifican que una vez prestado el servicio, la unidad interventora de la UCM detectó la anomalía y liberó el pago para "evitar un enriquecimiento injusto" de la institución académica.
Protocolos internos y propiedad intelectual del software de la cátedra
Respecto a la tramitación de la propiedad intelectual de la herramienta digital, los agentes de la UCO constatan que no se siguió el protocolo establecido por la Universidad Complutense de Madrid para el registro de productos que puedan generar propiedad intelectual.
Una situación similar se detalla en lo referente al registro de la marca y al alta del dominio web de la herramienta. El cuerpo policial afirma que no dispone de elementos que demuestren que los gestores del proyecto, entre ellos Begoña Gómez, cumplieran con los canales internos de la UCM. Dichos procesos se sufragaron a través de fondos privados provenientes de la "esfera personal" de Gómez. Con todo, el informe ratifica la vinculación de la investigada con el software por su participación en talleres de promoción, si bien recuerda que los colaboradores de la cátedra sostienen que la plataforma es gratuita y de titularidad universitaria.
Reacción política: el PSOE descarta delito y denuncia "persecución"
La publicación del informe policial ha provocado la reacción inmediata del PSOE, que ha utilizado los datos de la UCO para defender la inocencia de la esposa del presidente del Gobierno. A través de un mensaje en la red social X, la formación socialista ha remarcado que el documento demuestra que "no hay irregularidad en la gestión de la cátedra, no hay enriquecimiento ilícito y no hay movimientos sospechosos en su cuenta".
Desde las filas del partido consideran que la causa judicial responde a una estrategia política para socavar el Ejecutivo de Pedro Sánchez. La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, ha manifestado que Gómez es "inocente" y ha afirmado que "al Gobierno se llega con votos, no con atajos", augurando que "la verdad se abrirá paso".
Por el momento, Begoña Gómez, su asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés se encuentran a la espera de que se resuelvan sus recursos contra la resolución del juez Peinado, quien propuso juzgarles mediante un jurado popular por supuestos delitos de tráfico de influencias, malversación, corrupción en los negocios y apropiación indebida de marca.
