Begoña Gómez, a un paso del banquillo: corrupción, malversación y la Moncloa como plataforma de negocios
El juez Juan Carlos Peinado concluye la instrucción subrayando un presunto uso sistemático de la estructura de La Moncloa para fines particulares. Del tráfico de influencias a la malversación: así es la radiografía judicial del caso.
La investigación sobre las actividades profesionales de Begoña Gómez ha cruzado su frontera definitiva. Tras meses de diligencias, el magistrado Juan Carlos Peinado ha dictado el auto que da por terminada la instrucción, proponiendo juzgar a la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por cuatro delitos principales.
El texto judicial describe una operativa basada en el "aprovechamiento singular" de su posición institucional para articular negocios privados desde el complejo presidencial.
Tráfico de influencias: la sombra de los "regímenes absolutistas"
El pilar central de la acusación reside en el tráfico de influencias. El instructor sostiene que Gómez se prevaleció de su relación personal con el jefe del Ejecutivo para acceder a "interlocuciones institucionalmente excepcionales". El juez es especialmente severo en su calificación, señalando que estas conductas "parecen más propias de regímenes absolutistas" y que, para encontrar supuestos similares, "quizás hubiera que remontarse al reinado de Fernando VII".
La Cátedra en la Complutense: La creación y configuración de su cátedra en la UCM habría sido posible gracias al ascendente de su marido.
Cartas de recomendación: El magistrado ve un intercambio de favores entre el apoyo de Gómez a las adjudicaciones públicas del empresario Juan Carlos Barrabés en Red.es y la ayuda de este último para poner en marcha los proyectos académicos de la investigada.
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Corrupción en los negocios y el "software" de la discordia
El segundo bloque delictivo analiza la vertiente puramente mercantil de sus actividades. Según el auto, Gómez no impulsó una iniciativa "estrictamente universitaria", sino que articuló un instrumento para "desplegar efectos en el mercado".
A esto se suma la imputación por apropiación indebida. El juez sostiene que Begoña Gómez recibió un programa informático (software) financiado por grandes empresas en el marco de la Universidad, pero que posteriormente "lo integró en una web de su titularidad y bajo su control", frustrando así la obligación de que dicho bien perteneciera al patrimonio universitario.
Malversación: el uso de personal público para fines privados
Una de las novedades más relevantes de la resolución es la solidez con la que el juez mantiene el delito de malversación. Este cargo se sustenta en la figura de Cristina Álvarez, asesora de La Moncloa retribuida con fondos públicos de Presidencia.
El instructor afirma que existen indicios de que Gómez "solicitó, aceptó y aprovechó de forma estable la dedicación" de esta empleada pública para tareas ajenas a su cometido oficial. Según el relato judicial, la asesora ejerció de interlocutora con patrocinadores, realizó seguimiento de la cátedra y gestionó activos tecnológicos que acabaron vinculados a marcas y sociedades privadas de la propia Gómez.
El escenario procesal: el juicio frente a los recursos
Con la instrucción cerrada, el juez Peinado ha solicitado a las acusaciones -entre las que destaca Hazte Oír- que presenten sus escritos de calificación para abrir el juicio oral. Aunque ha retirado el delito de intrusismo profesional, el resto de la causa se encamina hacia un tribunal del jurado.
No obstante, el futuro del procedimiento sigue pendiente de la Audiencia Provincial de Madrid. Las defensas han recurrido en bloque pidiendo el archivo, argumentando la falta de pruebas sólidas. Hasta ahora, el tribunal superior ha permitido que Peinado avance, pero la resolución de estos nuevos recursos determinará si el juicio se celebra por los cuatro delitos o si el caso sufre un vuelco procesal en las próximas semanas.
