El cerco judicial sobre la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, se estrecha tras el paso dado este lunes por la acusación popular unificada. La asociación HazteOir, que lidera esta posición procesal, ha presentado su escrito de conclusiones provisionales ante el magistrado Juan Carlos Peinado, solicitando una pena acumulada de 24 años de prisión y la inhabilitación absoluta por veinte años para la mujer del jefe del Ejecutivo.
El documento, de 62 páginas, llega tras el auto del juez Peinado del pasado 11 de abril, en el que acordó que la causa continúe bajo el procedimiento de Tribunal del Jurado. La acusación sostiene que Gómez utilizó su condición de esposa del presidente Sánchez para favorecer intereses privados, actuando "con plena consciencia" de su posición de poder desde junio de 2018.
Seis delitos bajo el foco judicial: malversación y tráfico de influencias
La petición de pena se desglosa en un abanico de cargos que abarcan desde la gestión de personal público hasta sus actividades académicas. En concreto, la acusación solicita:
Ocho años de cárcel por malversación de patrimonio público, vinculados a la gestión de su asistente en Moncloa.
Seis años por tres delitos de tráfico de influencias en sus actividades en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).
Seis años por apropiación indebida del software desarrollado para su cátedra.
Cuatro años por corrupción continuada en el sector privado.
Junto a Begoña Gómez, la acusación también dirige sus cargos contra Cristina Álvarez, exdirectora de programas de Presidencia del Gobierno, para quien pide 22 años de cárcel, y contra el empresario tecnológico Juan Carlos Barrabés, con una solicitud de 6 años.
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Begoña Gómez y Cristina Álvarez
El papel de Cristina Álvarez y la presunta malversación
Uno de los ejes centrales del escrito es el nombramiento de Cristina Álvarez, amiga personal de Gómez, como personal eventual de Presidencia en julio de 2018. Según la acusación, este cargo fue tramitado bajo la dirección de Félix Bolaños y ha supuesto un desembolso público de más de 401.000 euros hasta finales de 2025.
La tesis de HazteOir es que dicho salario público se destinó sistemáticamente a gestionar los intereses privados, universitarios y mercantiles de Begoña Gómez, lo que constituiría un delito de malversación. Se acusa a Gómez de "ejercer presión moral eficiente" sobre los funcionarios para asegurar este apoyo administrativo personal con cargo al erario público.
La Cátedra en la UCM y las cartas de apoyo a Barrabés
El escrito detalla la creación de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva en la UCM. Según las declaraciones recogidas en el proceso, el rector Joaquín Goyache habría recibido instrucciones tras una reunión en el Palacio de la Moncloa para crear dicha cátedra a pesar de que Gómez no poseía un título universitario oficial homologado.
Paralelamente, se investigan las dos cartas de apoyo que Gómez firmó en 2020 a favor de la UTE liderada por el empresario Barrabés para licitaciones de Red.es. Dichos contratos, que superaron los 12 millones de euros, han sido cuestionados por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), que detectó "opacidad procedimental" y "supresión de metadatos" en los documentos de licitación.
Apropiación indebida del software "TSC"
El tercer gran bloque de la acusación se refiere al programa informático desarrollado en el seno de la cátedra universitaria. HazteOir sostiene que Begoña Gómez registró de forma subrepticia la marca "TSC Transformación Social Competitiva" y el dominio web a su nombre, constituyendo finalmente una sociedad limitada de la que es única socia.
Todo ello se habría realizado presuntamente ignorando las advertencias de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación de la UCM, que recordaba que la titularidad del software correspondía al 100% a la universidad. El perjuicio total cuantificado, sumando las aportaciones de empresas tecnológicas como Google, Indra y Telefónica, asciende a 348.942 euros.
Solicitud de medidas cautelares y testifical de Pedro Sánchez
Como broche al escrito de acusación, HazteOir ha solicitado al juez Peinado la imposición de medidas cautelares inmediatas para los tres procesados:
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Retirada del pasaporte y prohibición de abandonar España sin autorización judicial.
Comparecencias quincenales en el juzgado.
Imposición de una fianza para asegurar responsabilidades económicas.
Además, el escrito reclama formalmente que se cite como testigo en el juicio al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Ahora, tras casi dos años de instrucción y cuatro comparecencias de Gómez como investigada, la causa se encamina hacia un juicio donde un jurado popular tendrá la última palabra.
