Economía y Empresas > La "hoja de ruta"
Mercado de combustibles: qué cambios se implementaron y cuáles están pendientes
Era febrero de 2021. Mientras Uruguay convivía con la pandemia de covid-19 y se ultimaban detalles para la llegada de las primeras vacunas contra el coronavirus, el Poder Ejecutivo presentaba ante el Parlamento la propuesta de revisión del mercado de combustibles. El objetivo: crear las condiciones para hacerlo “menos regulado”, “más eficiente” y “competitivo”.
Allí se plantearon cambios graduales en todos los eslabones de la cadena y en distintas etapas, desde la producción y distribución hasta la comercialización en las estaciones, para llegar en un tiempo razonable a un sistema con combustibles a precios más competitivos. Hoy el producto y el precio es el mismo en todas las estaciones sin importar el sello.
¿Qué pasó hasta la fecha? En esta nota se repasan los cambios que se implementaron, los puntos en proceso, y modificaciones que potencialmente podían mover la aguja a juicio del Poder Ejecutivo, pero que están pendientes o que quedaron por el camino, tomando en cuenta el contenido de la hoja de ruta que originalmente el gobierno planteó recorrer en un plazo de tres años.
Los cambios implementados
El punto de partida fue a mediados de 2021. Por esa fecha entró a regir el mecanismo de actualización mensual de los precios de la nafta, gasoil, supergás y otros combustibles líquidos, que toma en cuenta el Precio Paridad de Importación (PPI), como lo dispuso la ley de Urgente Consideración (LUC), en su artículo 285. Esto es, el precio teórico que asumiría un privado si importara y vendiera los mismos combustibles que comercializa Ancap.
También hubo una renegociación de los contratos entre Ancap y las distribuidoras mayoristas (Ducsa, Axion y Disa), que pasaron a ser esencialmente de suministro de combustibles, y sin incluir regulaciones sobre funcionamiento de mercado, una potestad ahora de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea).
En sintonía con lo encomendado por el Poder Ejecutivo, la Ursea definió una metodología para determinar el margen mayorista y el precio máximo al que las distribuidoras pueden vender el combustible a las estaciones de servicio.
Biodiesel en gasoil
Siguiendo con las recomendaciones, se derogó por ley la obligación que tenía Ancap de mezclar biodiesel en el gasoil. Eso implicó la eliminación de un sobrecosto en el precio de ese producto ($ 1,8 por litro). Hasta 2021 el ente había tenido que incorporar un mínimo de 5% de biodiesel de materia prima nacional, siguiendo el mandato de ley de agrocombustibles.
De subsidio genérico a subsidio focalizado
Además, hubo cambios en el mercado del supergás. Durante varios años la tarifa estuvo fuertemente subsidiada y se ofreció a un mismo precio para todo público y para todos los usos.
Ese subsidio pesaba sobre las cuentas de Ancap, en la medida que el precio final no acompasaba el incremento del costo de este energético, que en gran parte se importa y depende del precio internacional del petróleo.
El nuevo esquema implementó un subsidio focalizado en la población de menos recursos que usa este producto para cocinar y calefaccionarse (hoy tiene rebaja de 50%).
Para el resto del público –mayoría de la población– el precio sigue subsidiado porque se mantiene por debajo del PPI, aunque la brecha se ha ido reduciendo y está más cerca de su costo efectivo.
También dentro de ese mercado, Ancap dejó de regular toda la cadena como pasaba hace unos 15 años, según los contratos que había vigentes. El ente es quien suministra el producto, pero ahora arrendó las dos plantas de envasado que eran de su propiedad a Acodike y Riogas. Y participa en la distribución a través de Ducsa, que adjudicó el envasado de sus garrafas a Megal y Acodike.
Los puntos pendientes
Siguiendo la hoja de ruta, el Poder Ejecutivo le encomendó a la Ursea revisar el reglamento que se aplica para la apertura de estaciones de servicio. Allí se “eliminarían condiciones que actúen como restricciones o barreras de entrada al mercado”, decía el texto.
Durante varios meses, y a partir de una consultoría internacional contratada, el regulador tuvo a estudio un borrador que planteaba, entre otros puntos, eliminar las restricciones de distancia entre estaciones de servicio, una modificación que hasta la fecha no se implementó.
Tampoco hubo avances respecto a que los grandes consumidores tuvieran la opción de adquirir los combustibles directamente a los distribuidores, sin tener que recurrir a la intermediación de las estaciones de servicio.
A modo de transición, la Ursea estableció las condiciones para la apertura de nuevas estaciones de servicio –anteriormente dependía de Ancap– y fijó tope a la cantidad de puestos de venta propios que pueden tener los distribuidores mayoristas, entre otros puntos. En líneas generales no implicó cambios relevantes para esta parte de la cadena.
En suspenso
Y esta semana quedó en suspenso una resolución dispuesta por Ursea, que implicaba que las distribuidoras se hicieran cargo de los fletes de combustibles a partir de enero de 2024. Hoy el costo del flete lo paga Ancap que les reintegra el dinero que abonan por este concepto.
En la práctica Ducsa, Axion y Disa seguirían eligiendo a qué empresas de transporte contratarían para la tarea, pero serían los que definirían los montos a pagar por ese servicio, en función de criterios de maximización de los viajes y optimización de los recursos, entre otros aspectos.
El cambio fue rechazado por los transportistas que prestan el servicio actualmente y el Poder Ejecutivo aceptó postergarlo inicialmente por dos años.
¿Libertad vigilada?
La hoja de ruta también había planteado al final del proceso de reforma, la posibilidad –hoy lejana– de eliminar el precio máximo de venta al público establecido en LUC, así como el precio máximo intermedio, con lo que el Poder Ejecutivo pasaría a aprobar sólo el precio en la planta de distribución de Ancap.
Con ello se pasaría a un régimen libre, pero en donde la Ursea tendría potestad legal de determinar precios máximos o intermedios si se constatara “abusos o prácticas anticompetitivas”.
Sistema “hiper-regulado” y “costoso”
Cambios en proceso
La última Rendición de Cuentas incluyó tres artículos que establecen cambios para el fideicomiso del boleto, que tiene por objetivo subsidiar el precio del boleto de trasporte colectivo de pasajeros en todo el país. Su única fuente de fondeo es la aplicación de un sobreprecio en el consumo de gasoil que hoy es de $ 5 por litro.
La modificación apunta a que el subsidio que hoy se utiliza para la compra de gasoil también puede utilizarse por las empresas para la compra de ómnibus eléctricos, y así contribuir al recambio gradual de la flota.
