En Uruguay está operativo desde 2006 el fideicomiso del boleto, que tiene por objetivo subsidiar el precio del boleto de trasporte colectivo de pasajeros en todo el país. Su única fuente de fondeo es la aplicación de un sobreprecio en el consumo de gasoil que hoy es de $ 5 por litro.
La Corporación Nacional para el Desarrollo (CND), recibe todos los meses los fondos que recauda Ancap, y el fideicomiso paga a las empresas de transporte (urbano, suburbano, corta, media distancia, larga distancia y departamentales) en función del consumo del gasoil declarado, y los valores por litro, tipo de servicio y los topes definidos de consumo por kilómetro recorrido establecidos por el MTOP que oficia de regulador.
En el proyecto de ley de Rendición de Cuentas enviado al Parlamento, el Poder Ejecutivo plantea una serie de modificaciones.
Allí se propone la creación del Fideicomiso para la Movilidad Sostenible. Este fideicomiso “tendrá como objeto la administración de recursos destinados a programas que posibiliten el transporte terrestre colectivo de pasajeros de modo sostenible y a precios accesibles”. Para ello dispondrá de los recursos que actualmente se destinan al fideicomiso de administración del boleto.
Es decir, que con este cambio se apunta a que el subsidio que hoy se utiliza para la compra de gasoil también puede utilizarse por las empresas para adquirir ómnibus eléctricos, y así contribuir al recambio gradual de la flota.
Hoy el diseño del sistema no incentiva a que quien compre un ómnibus compre una unidad eléctrica, sino que es al revés, por este sistema le sirve más comprar un ómnibus a gasoil.
Esto también implicará un cambio en la forma de pagar ese subsidio a las empresas. El Poder Ejecutivo mediante decreto reglamentario establecerá las condiciones y un período de transición para la implementación de los cambios.
Este fideicomiso tendrá por fideicomitentes al Poder Ejecutivo, y actuará a través de los Ministerios de Transporte y Obras Públicas y de Economía y Finanzas, y Ancap, en tanto que el beneficiario final será el Ministerio de Economía y Finanzas. Además, será administrado por un fiduciario financiero profesional.
A finales de 2020 la comisión de expertos encargado de realizar una revisión integral del mercado de combustibles había realizado recomendaciones al Poder Ejecutivo que ponían la lupa sobre el fideicomiso del boleto.
Por ejemplo, propuso buscar un mecanismo “más eficiente” para subsidiar el transporte colectivo metropolitano. Se considera que el fideicomiso tal como está estructurado “no ha generado incentivos suficientes para la eficiencia de las empresas”.
Hoy se paga a las empresas de transporte público por los litros de gasoil consumidos siempre que no superen los topes de consumo que fija el MTOP. Según ese documento, “existe una eficiencia implícita fija” en el rendimiento en km por litro de gasoil y no se motiva a las empresas a incorporar tecnología, prácticas y operaciones que mejoren la eficiencia del consumo de combustible. Tampoco se considera el tamaño de las unidades o la cantidad de pasajeros transportados y que tienen que ver con el consumo de combustible, se explica.
Ese informe entendía necesario, por ejemplo, analizar la redistribución del monto del instrumento en otros combustibles, de forma que no quede circunscripto al gasoil.
Hoy el sistema de recaudación está concentrado mayormente en maquinaria, transporte pesado y transporte público que funciona con este combustible y son utilizados por el sector productivo.
El transporte particular, prácticamente no se encuentra afectado debido a que la mayor parte de los vehículos particulares utilizan gasolina.
Como tercera línea de trabajo se sugirió al Poder Ejecutivo la implementación de medidas en el funcionamiento del fideicomiso “que permitan eventualmente mantener las políticas públicas perseguidas”, pero a un menor costo y por lo tanto permitiendo reducir los sobreprecios en general.
En el informe de los expertos se entendía necesario revisar los incentivos del fideicomiso para incluir otras tecnologías más eficientes desde el punto de vista energético y ambiental (electricidad, hidrógeno por ejemplo).
También se sugirió que el reporte de información que realizan las empresas deje de lado mecanismos como declaraciones juradas, y se aprovechen tecnologías que permiten monitoreo en tiempo real de consumos reales, kilómetros recorridos y rutas transitadas. “Eso permitiría viabilizar un pago por kilómetros recorridos y no por litros consumidos, impulsando una mayor eficiencia del sistema y la adquisición de tecnologías por parte de empresas transportistas”, explica ese informe.
Además, se mencionó la posibilidad de evaluar la aprobación de una política pública que limite o restrinja la importación de vehículos diesel en el corto plazo. Esa política, se explica, debería ir acompañada con mayores incentivos para la electrificación del transporte público.
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